Plantón de Aragonès al Consejo de Política Fiscal pese el apoyo de ERC a Sánchez

El vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, volverá a plantar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según han apuntado fuentes de la Conselleria de Economía. La reunión de este viernes que ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se celebrará sin que la Generalitat esté representada al máximo nivel, con lo que tampoco podrá votar en el órgano donde se reúnen el Gobierno y las comunidades autónomas para coordinar los asuntos financieros de las autonomías de régimen común. No es la primera vez, pero sí es la primera ocasión que esto sucede después de que ERC apoyase la investidura de Pedro Sánchez.

La decisión de ERC se enmarca en su apuesta por que la Generalitat tenga una relación bilateral con el Gobierno español. De hecho, en la última reunión del CPFF en septiembre de 2018, Aragonès ya optó para no asistir y se limitó a enviar una comisión técnica para tomar nota de los incumplimientos.

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Hace más de un año que no se reúne el CPPF. Con el clima preelectoral que hay en Cataluña y por muy importante que sea la reunión, Aragonès, quien será el candidato de ERC en las próximas catalanas cuando Quim Torra tenga a bien convocarlas, quiere evitar una foto que reflejaría justo la vuelta al autonomismo que sus rivales políticos de JxCAT y de la CUP llevan meses denunciando.

Sin embargo, esta posición se contradice con el marco general. Madrid ha cambiado el tono hacia Cataluña. Hasta Carles Puigdemont lo reconoció este martes compareciendo por teleconferencia ante el Parlament. El nuevo Gobierno de PSOE y Podemos quiere que los republicanos aprueben los Presupuestos Generales del Estado para que la legislatura dure y ERC ha sido la principal impulsora de una mesa de diálogo para buscar soluciones al conflicto catalán.

En la reunión del viernes, el CPFF aprobará los nuevos techos de gasto para las CCAA, unas autonomías que, además, ahora están siendo obligadas por ley a aprobar presupuestos sin déficit si quieren seguir recibiendo el apoyo de los mecanismos de liquidez del Estado para sostener sus abultados volúmenes de deuda pública. La más endeudada precisamente es Cataluña, con más de 78.000 millones.

Otros puntos que se someterán a discusión son los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para este año en curso y lo mismo para el periodo 2021-2023. Por tanto, se trata de un consejo crucial, en el que incluso podría darse algún paso sobre el nuevo sistema de financiación

El Estado tiene el 51% de los votos, con lo que el conjunto de las CCAA siempre se encuentra en minoría en el seno del CPFF. Por tanto, que Pere Aragonès no pueda votar en nombre de Cataluña tiene una importancia relativa. De hecho, Aragonès intentó impulsar una rebelión de las autonomías contra el Estado por la manera en que se repartían los fondos. Pero no lo consiguió. La imagen de deslealtad que dejó el intento de sedición de 2017 hizo que nadie se sumase a la iniciativa, aunque en el fondo tuviese más razón que el Ministerio de Hacienda.

Espadas en alto

Sin embargo, que ERC no acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera desvela que la situación entre Cataluña y el Gobierno central está muy lejos de normalizarse, por mucho que se hayan hecho tentativas para bajar la tensión, tal y como está intentando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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ERC sube la apuesta. Si el Gobierno no se ve capaz de desjudicializar el conflicto, tal y como demuestran los últimos movimientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o del Tribunal de Cuentas, ellos no acuden a los organismos establecidos para mantener la estabilidad territorial. En realidad, es una prueba de la enorme fragilidad en que se apoyan el Gobierno y la legislatura.

Mucha tensión

Por mucha tensión que Quim Torra quiera aplicar en la reunión de este jueves con Pedro Sánchez en Barcelona, Aragonès se reserva una carta tranquila pero firme, no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. A sus votantes les encanta y el riesgo para Cataluña es muy bajo. Cataluña no podrá defender sus intereses, pero estos tampoco se verán perjudicados de manera grave.