Presión autonómica por su financiación

La Abogacía del Estado descarta la actualización de las entregas a las CCAA

El informe concluye que la revisión de las entregas a cuenta supone una decisión política que excede las atribuciones de un gobierno en funciones

Foto: La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. (EFE)

La Abogacía del Estado considera que no es posible actualizar las entregas a cuenta que están percibiendo este año las comunidades autónomas a pesar de las quejas de los líderes regionales. En un informe fechado el martes 27 de agosto, la Abogacía señala que la actualización de las entregas “excede el despacho ordinario de asuntos públicos” de modo que “no podría un gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas”.

El informe, adelantado por ‘El País’ explica que para revisar las transferencias a las regiones hay que actualizar la previsión de ingresos públicos para el año, algo que solo puede enmarcarse dentro de la ley de Presupuestos Generales del Estado. Un gobierno en funciones no puede abordar tal cambio al no poder presentar leyes, esto está meridianamente claro.

La duda surge a la hora de actualizar las entregas a cuenta sin cambiar las previsiones de ingresos por IRPF e IVA. La Abogacía del Estado considera que si un gobierno en funciones modifica las entregas, “establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos”.

De esta forma, estaría adoptando una decisión política, siempre bajo la interpretación de la Abogacía del Estado, por lo que se estaría excediendo de sus limitaciones. El informe se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de diciembre de 2005 en la que pone límites a la acción de un gobierno en funciones. Basándose en esa sentencia, la Abogacía del Estado concluye que un gobierno en funciones no puede realizar “actos que condiciones, comprometan o impidan las políticas a desarrollar por el nuevo Gobierno”.

Un gobierno en funciones no puede realizar actos que condiciones, comprometan o impidan las políticas a desarrollar por el nuevo Gobierno

Con este dictamen, la Abogacía del Estado da argumentos al Ministerio de Hacienda para no actualizar las entregas a cuenta hasta que no se forme un nuevo gobierno. “Será lo primero que hagamos”, ha repetido en las últimas semanas la ministra del ramo, María Jesús Montero, y otros ministros. Mientras tanto, las comunidades autónomas del régimen común percibirán las entregas a cuenta de 2018 al estar prorrogados los presupuestos.

Hacienda se basó en "informes verbales" de la Abogacía para decidir congelar los fondos destinados a la financiación de las comunidades autónomas, antes de solicitarlo por escrito la semana pasada. Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda en una entrevista en Más de Uno en Onda Cero, en la que ha explicado que en el informe escrito que la Abogacia del Estado ha remitido a Hacienda la Abogacía se declara conocedor de que esta cuestión de las entregas a cuenta ya se había preguntado por otras vías antes de que le pidieran poner por escrito el "informe verbal" con las diferentes actuaciones que habían seguido entre ellos.

Montero ha asegurado que el criterio seguido por la Abogacía del Estado es el mísmo que el que siguió el PP durante su Gobierno en 2016, "no ha habido cambios". Según ha destacado la ministra, un Gobierno en funciones con presupuestos prorrogados tiene una "capacidad muy limitada" de acción y, por eso, no puede tomar "decisiones que condicionen la actuación de un posible nuevo Ejecutivo". Y las entregas a cuenta y devolución a las comunidades autonómas de la liquidación del IVA sí podrían condicionar a la gestión del próximo Gobierno, ha explicado.

Montero ha detallado que "los informes jurídicos pueden ser verbales o escritos. Se le pidió que pusiera por escrito ante la solicitud de algunos medios de comunicacion respecto al criterio que tenía la Abogacía del Estado" en este tema. Sin embargo, se ha mostrado dispuesta a buscar soluciones "técnicas" que permitan desbloquear esta situación: "Voy a seguir intentándolo, buscar fórmulas que permitan avanzar pero que estén todas en el marco de la legalidad".

El "bloqueo" de los demás partidos

La ministra también ha recordado que esta situación es consecuencia del "bloqueo" al que el PP, Cs y Podemos tienen sometido al Gobierno, y que ha impedido que se actualizasen las entregas a cuenta.

Sobre la petición del PP de que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar este asunto, Montero ha reprochado a los populares que pidan a un Gobierno en funciones la convocatoria de este foro para abordar la financiación autonómica cuando "el PP ha tenido dos legislaturas para reformar el modelo, y no lo ha hecho". A juicio de Montero, el PP se ha olvidado de su experiencia de gobierno y se sitúa en una posición en la que parece "no conocer los límites de la legalidad", y usa "los argumentos políticos para hacer frentismo".

Desde el Ministerio aseguran que el compromiso en este sentido es muy claro y que la primera medida que se llevará al Consejo de Ministros una vez que se forme Gobierno será la actualización de las entregas a cuenta, a través de un Real Decreto ley.

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha asegurado que PP y Ciudadanos son responsables junto a otros partidos de que no haya Presupuestos del Estado en 2019 ni un ejecutivo constituido que pueda distribuir fondos adicionales de financiación autonómica, y les ha animado a explicárselo así a sus ciudadanos.

Calvo ha instado a los gobiernos que comparten PP y Ciudadanos en varias comunidades a explicar que ellos mismos "propician una situación que consideran inaceptable". "El desbloqueo está en sus manos: que se abstengan", ha subrayado la vicepresidenta.

Las quejas de las CCAA

Las autonomías han comenzado a exigir en las últimas semanas al Gobierno en funciones liderado por Pedro Sánchez que se le paguen a sus respectivas comunidades los millones de euros que les corresponden por las entregas a cuenta y la liquidación del IVA.

Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno le ha ha pedido este mismo miércoles a Sánchez la "convocatoria urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre financiación autonómica y le ha reclamado el pago de los 1.350 millones de euros que "adeuda" a la comunidad de 2019.

El PP registró una solicitud este lunes al Ministerio para que le remita este "supuesto" informe de la Abogacía porque, con independencia del contenido y alcance del mismo, considera que el libramiento de fondos a las autonomías no puede quedar reducido a una facultad discrecional del Estado.

Y fue ayer por la tarde cuando Hacienda confirmó que la Abogacía del Estado ya había terminado el informe escrito solicitado en el que rechaza que un Gobierno en funciones esté capacitado para actualizar las entregas a cuenta y devolver a las comunidades autónomas la liquidación del IVA, según Hacienda.

Según han explicaron fuentes del Ministerio de Hacienda, este departamento del Gobierno había realizado múltiples consultas verbales a la Abogacía del Estado para saber si un Gobierno en funciones puede o no actualizar las entregas a cuenta y la respuesta ha sido siempre negativa.

El pasado jueves 22 de agosto pidió a la Abogacía del Estado que este informe verbal se tuviera por escrito, un trámite que ya ha concluido, aseguraron las mismas fuentes, por lo que Hacienda no tendrá inconveniente en facilitarlo al PP, señalaron.

Con anterioridad a esta información del Ministerio, el portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, había acusado al Gobierno de querer "introducir asfixia" en las comunidades autónomas al no transferir los fondos pendientes con el "posible" objetivo de "presionar" para lograr una investidura.

En declaraciones en el Congreso, Garcés ha cuestionado que "no exista" el informe de la Abogacía del Estado prometido por la ministra Montero, sobre la viabilidad legal o no de la transferencia de recursos a las comunidades en tiempos de un Gobierno en funciones.

Preguntado sobre por qué cree que el Gobierno no transfiere los fondos, ha respondido que "probablemente" persiguen como objetivo "introducir mayor asfixia y mayor hipertrofia en la capacidad de financiación" de las comunidades y así "presionar para aprobar los presupuestos generales y la formación de un gobierno".

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