Da por acabada la etapa de María José Segarra

Sánchez busca una mujer para desjudicializar el 'procés' desde la Fiscalía

Si se decanta finalmente por un perfil femenino, dos personas se sopesan para el cargo: la actual jefa de la Fiscalía del TC, María Ángeles Sánchez Conde, y la magistrada del Supremo Ana Ferrer

Foto: El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
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Desjudicializar el 'procés'. El acuerdo de investidura alcanzado por el PSOE de Pedro Sánchez con ERC incluye el compromiso de 'sacar' el "conflicto de naturaleza política" existente en Cataluña del terreno judicial. "Como cualquier conflicto de esta naturaleza, solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo", indica el documento que hicieron público tras cerrar el pacto. En el debate de investidura, el candidato a la presidencia no soslayó la cuestión y acuñó, para definirla, una nueva expresión. Quiere, explicó, "dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española".

Para alcanzar este objetivo, para ejecutar la promesa de Pedro Sánchez a los de Esquerra, solo existe un camino: una jefatura de la Fiscalía General del Estado con la capacidad de imponer el criterio del Ejecutivo pero también de imponerse a los fiscales que integran el cuerpo y que han evidenciado a las claras en el pasado que no contemplan dejarse controlar.

Fuentes jurídicas consultadas dan por acabada la etapa de María José Segarra a los mandos del Ministerio Público. Aseguran que desde el Gobierno se duda de su capacidad para imponer su criterio sobre los fiscales a su cargo y ponen como ejemplo el desarrollo del juicio del 'procés', en el que la Fiscalía, que comenzó acusando por rebelión, no se apeó de su petición en el tramo final, renunciando incluso a incluir la sedición como delito subsidiario. Con el relevo decidido, Pedro Sánchez busca, de forma prioritaria, una mujer para el puesto, precisan las mismas fuentes. No descarta, sin embargo, a un tercer candidato, en este caso varón.

Si se decanta finalmente por un perfil femenino, ya se sopesa tentar a dos personas para el cargo. Se trata de la actual jefa de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, María Ángeles Sánchez Conde, y de la magistrada de la Sala Segunda del Supremo Ana Ferrer. Suena con más fuerza la primera de ellas, ya que la presencia de Ferrer en el tribunal que ha condenado a los políticos catalanes a penas de entre nueve y 13 años se ve como una desventaja de cara a los 'socios' de investidura. La jueza progresista no tiene, además, sus miras puestas en la Fiscalía y sería previsible que rechazara la oferta.

Sánchez Conde cuenta, además, con el plus de ser fiscal de carrera y de ostentar la categoría de fiscal de sala en un mundo en que los galones resultan de especial importancia a la hora de ejercer la autoridad. Precisamente la falta de rango ha sido una de las desventajas con las que se ha enfrentado Segarra en la última etapa. La jefatura de una Fiscalía como la del TC, que ostenta hasta hoy, es también un punto a favor para el Ejecutivo.

La candidata favorita en las quinielas ingresó en la carrera fiscal en el año 1982. Ese mismo año, obtuvo su primer destino, en Cádiz. En 1984, se trasladó a Barcelona y, posteriormente, pasó a ocupar puestos en las fiscalías de León y Bilbao para acabar, en 1990, como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, departamento que dirigiría dos años después. Se encuentra en el tribunal de garantías desde 1997. En poco más de 10 años, ascendió hasta la dirección tras ocupar durante una etapa el puesto de teniente fiscal. Fue designada por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y renovada en el cargo en 2015, ya con un Ejecutivo del PP.

Las fuentes consultadas avisan, sin embargo, de que los socialistas no descartan para el puesto a una persona que ya ha salido de forma repetida en distintas quinielas: Pedro Crespo. Actualmente, se encuentra al frente de la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS). Hasta hace unos meses destacado miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), decidió darse de baja por alejamiento de sus postulados. Conoce a fondo la institución, ya que dirigió su secretaría técnica bajo el mandato de Conde-Pumpido. Como sucede con Ana Ferrer, será difícil convencerle de que asuma este cargo que, según aseguran, no se encuentra entre sus aspiraciones.

Los asuntos judicializados

El hecho es que el calendario judicial de 2020 viene cargado con más 'procés'. El año se abrirá, en solo unos días, con el juicio al mayor Josep Lluís Trapero, en el que, durante dos meses, se vivirá una especie de secuela de la vista oral contra Oriol Junqueras y el resto de políticos independentistas celebrada en el Tribunal Supremo. El que fuera responsable de los Mossos parte de una acusación fiscal por rebelión de 11 años. Es más que probable que se reduzca después de que el TS descartara este delito a favor de la sedición.

La entrega o falta de ella de Carles Puigdemont y el resto de huidos también permanece abierta, al igual que la futura reacción a la más que probable concesión de beneficios penitenciarios anticipados a los presos del 'procés'.

No pueden descartarse futuras desobediencias ante decisiones judiciales o administrativas, nuevos delitos por tanto

Deben celebrarse, además, dos juicios contra miembros de la Mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell. Uno en Barcelona y otro en Madrid, de nuevo este último en la plaza de la Villa de París. El Supremo tendrá que asumir, por aforamiento, la vista contra uno de los antes diputados autonómicos y ahora diputado nacional: Joan Josep Nuet. También Torra tiene asuntos pendientes. Después de la polémica decisión de la Junta Electoral Central que propició la pasada semana su inhabilitación exprés, debe enfrentarse a un nuevo procedimiento también por desobediencia en relación con los lazos amarillos. En Barcelona, el Juzgado 13 sigue tramitando toda una macrocausa en la que figuran como imputados varios cargos de la Generalitat.

Además de lo ya previsto, hay que contar con lo que está por llegar. No pueden descartarse futuras desobediencias ante decisiones judiciales o administrativas, nuevos delitos por tanto. Dos de los órganos de la cúpula judicial, el Consejo General y el Tribunal Constitucional, se encuentran también pendientes de renovación y en esos cambios se jugará la presidencia tanto del Supremo como del TC.

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