La morosidad de las CCAA vuelve a crecer pese a aumentar el déficit

Las cifras del Ministerio de Hacienda no dejan lugar a dudas. En noviembre de 2018, las comunidades autónomas tardaban en pagar de media a sus proveedores 33,24 días. Hoy, sin embargo, y con los últimos datos disponibles correspondientes a noviembre de 2019, el periodo medio de pago ha crecido hasta los 39,75 días.

Es decir, la morosidad vuelve a crecer después de la intensa caída que se produjo a raíz de la puesta a disposición de las regiones de diferentes instrumentos de tesorería. En particular, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que permitió a los gobiernos autonómicos, en los momentos más duros de la crisis, ponerse al día en el pago de facturas que hasta ese momento se guardaban en el cajón. El caso más llamativo es el de la Región de Murcia, que ha pasado en un solo año de pagar en 29,48 días a nada menos que 75,98 días, lo que supone, prácticamente, triplicar los plazos.

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Murcia, con todo, no es la que más tiempo tarda en pagar, sino que es la Cantabria de Miguel Ángel Revilla, que se retrasa en nada menos que 90,37 días. Es decir, el triple de lo que exige la norma.

La ley de contratos del sector público establece en su artículo 198 que la Administración tiene la "obligación" de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten el servicio realizado por sus proveedores. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que las administraciones se alejan de ese objetivo.

En el caso contrario se encuentran cuatro comunidades (Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana), que han visto una reducción del plazo medio de pago a proveedores.

Los 39,75 días de media en que pagan las regiones son muy superiores a los 26,53 días que tarda la Administración Central del Estado, que, a su vez, tarda más que otro organismo público, la Seguridad Social, cuya demora es de apenas 11,48 días. Las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos), en todo caso, son las que tardan más en pagar: 66,06 días. Es decir, más del doble de lo que obliga la ley, lo que en muchos casos les supone tener que abonar intereses de demora y gastos derivados de la gestión de cobro.

El pago a proveedores sobrevoló este viernes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y sirvió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar a los consejeros autonómicos por qué no devolverá el IVA no ingresado por las regiones, correspondiente a diciembre de 2017, cuando un nuevo sistema de información convirtió un año de 12 meses en uno de once.

Dinero ya gastado

Ese mes (el 50% del IVA recaudado corresponde a las regiones) se debería haber pagado en la liquidación de julio 2019, pero no se pudo hacer porque el Gobierno en aquella época estaba en funciones. Y ahora Hacienda, a la vista de lo que ha sucedido en 2019 respecto del cumplimiento del déficit público, ha descubierto que esa cantidad (unos 2.500 millones) ya se lo han gastado los gobiernos autonómicos. Por lo tanto, no cabe, según Montero, reclamar ese dinero "ya gastado", como dijo a los consejeros autonómicos.

En palabras de la propia Montero, el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del periodo medio de pago a proveedores, como así ha sido. Montero niega la mayor y asegura que los gobiernos autonómicos no han tenido que hacer recortes.

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Fuentes que conocen bien los entresijos de la Administración creen que el retraso en el periodo medio de pago a proveedores puede tener que ver en parte con el ciclo electoral, tanto autonómico como estatal (doble cita a las urnas), que hace que las maquinarias de pago se retrasen. Sin olvidar la propia dejadez de muchas administraciones, en ocasiones con tintes históricos, a la hora de hacer frente a sus deudas.

Paradójicamente, ese mayor periodo de las CCAA sin pagar a muchos de sus proveedores en el tiempo convenido legalmente, contrasta con el hecho de que si inicialmente el déficit previsto para 2019 era equivalente a tres décimas del PIB, en el caso de las CCAA, finalmente (las cifras se conocerán en los próximos días) se cerrará con un desequilibrio del 0,5%.

Esas dos décimas de desviación son equivalentes a unos 2.500 millones de euros, que es, justamente, la cantidad de dinero que reclaman las regiones a Hacienda, pero que ya se lo han gastado. Por lo tanto, si se devolvieran esos 2.500 eso hubiera significado una financiación adicional de la misma cuantía.

Lo que ha ofrecido el Gobierno para compensar esa desviación es financiar el mayor déficit provocado por el aumento del gasto. Al mismo tiempo, para evitar perjudicar a los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0%. De esta manera, pretende, que las CCAA se pongan al día con sus proveedores. Pero cumpliendo el objetivo de déficit asumido en su día para 2019.