El Gobierno flexibilizará el déficit de las comunidades para frenar la batalla del IVA
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OFENSIVA DE HACIENDA

El Gobierno flexibilizará el déficit de las comunidades para frenar la batalla del IVA

Montero hará una propuesta en el CPFF ligada a la senda del déficit que el ministerio quiere aprobar en el próximo Consejo de Ministros para pisar así el acelerador con los Presupuestos

Foto: El Gobierno flexibilizará el déficit de las comunidades para frenar la batalla del IVA
El Gobierno flexibilizará el déficit de las comunidades para frenar la batalla del IVA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrecerá a las comunidades autónomas relajar el objetivo de déficit para compensar el impago de 2.500 millones del IVA por el ‘efecto Montoro’ de 2017, según confirmaron fuentes del Gobierno. Lo avanzó el presidente, Pedro Sánchez, tras reunirse con Quim Torra y lo pondrá sobre la mesa la ministra a los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes. El último se celebró en agosto de 2018, hace más de un año.

En plena batalla de las comunidades contra el Gobierno por el impago de la recaudación de un mes de IVA en 2017, el Gobierno quiere calmar ánimos y ganar la complicidad de los ejecutivos autonómicos. No solo los gobernados por el PP han declarado la guerra. También los del PSOE, con Emiliano García-Page y Javier Lambán al frente, han anunciado que si no hay acuerdo acudirán a los tribunales. Solo ha presentado su recurso Madrid, lo formalizó el pasado octubre. Los demás aún no han interpuesto el contencioso aunque amenazan con hacerlo. Hacienda arroja dudas sobre si estarían en plazo.

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El ministerio insiste en que ese dinero ya no se puede abonar. Una reforma legal del IVA en 2017 motivó que se perdiera un mes en la transferencia del dinero recaudado a las autonomías. Fue precisamente la entonces consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, quien se dio cuenta de la merma en las arcas autonómicas y alertó del efecto contable a sus homólogos en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desde entonces está pendiente el pago del mes 13 del IVA en los Presupuestos.

Después, la ministra Montero contempló la transferencia de este dinero adeudado a las comunidades en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019, pero también fueron tumbados en el Congreso por el PP y los nacionalistas. Montero, que se aferra a ese gesto en los Presupuestos no aprobados para defender que su voluntad siempre ha sido cumplir con las autonomías, advirtió de que ese dinero no podría pagarse si no era a través de la liquidación del ejercicio 2017, que se cerró definitivamente en julio de 2019. Ese dinero, sostienen desde entonces, ya no existe. No se puede pagar nada, subrayan, una vez liquidado el ejercicio. Barones como García-Page advierten de que ese dinero no puede desaparecer "por arte de magia", que es de las comunidades y apela a la lealtad institucional al margen de la técnica jurídica. Desde Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP) apunta a que el Gobierno se queda ese dinero para enjugar su déficit y cargarlo sobre las comunidades.

María Jesús Montero y Emiliano García-Page. (EFE)
María Jesús Montero y Emiliano García-Page. (EFE)

En el ministerio, están convencidos de que la batalla legal está ganada y que los tribunales le darán la razón. Otra cosa es, admiten fuentes del Gobierno, la importancia del clima político. La apuesta es ofrecer a las autonomías medidas compensatorias o “paliativas”, que las llama Montero. El Gobierno quiere amainar la tormenta de los barones y busca la “complicidad” de los territorios para afrontar la aprobación de los próximos Presupuestos, que Sánchez fijó en el calendario el próximo verano. También tiene otro asunto capital por delante, la reforma de la financiación autonómica, que ya figura como un compromiso en el documento de 44 puntos que Sánchez ofreció a Torra en su encuentro de este jueves en Barcelona. Con las comunidades en pie de guerra, admiten desde el Ejecutivo, todo sería mucho más difícil. Ya está descontado, eso sí, la beligerancia de las del PP y Cs, aunque confían en llegar a un acuerdo. Cuentan también con la crispación y los agravios que genera el conflicto catalán. El consejero de Hacienda catalán, el vicepresidente Pere Aragonès, no acudirá a la reunión y enviará al secretario general de su consejería.

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En el orden del día oficial del CPFF no figura la batalla del IVA, pero los consejeros de Hacienda van a plantear directamente su guerra. Los del PP van coordinados y lanzarán una propuesta para que el Gobierno ingrese ese dinero pendiente. La principal acreedora es Andalucía, que reclama 537 millones de euros, pero para todas las comunidades es una cifra importante en relación con el volumen de sus Presupuestos. Son 130 millones para Castilla-La Mancha, 281 para la Comunidad Valenciana o 200 para Galicia.

Comunidades desviadas del déficit

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo (PP), siempre se ha mostrado favorable a negociar un acuerdo, aunque se guarda la carta de los tribunales. Bravo sí ha admitido abiertamente que Andalucía incurrirá en déficit por no haber ingresado el dinero del IVA y que si se hubiera transferido, la comunidad habría cumplido con el 0,1% de déficit impuesto para 2019. En el caso andaluz, la comunidad calcula que necesitaría un margen de tres puntos más de déficit, hasta el 0,4%, para ingresar los 537 millones pendientes. O dicho de otra forma, para no desviarse del objetivo de déficit. El Parlamento andaluz aprobó ayer, pese al rechazo del PSOE y la abstención de Adelante Andalucía, socios en el Gobierno de España, reclamar ese dinero a Sánchez.

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, siempre ha estado a favor de negociar un acuerdo, aunque se guarda la carta de los tribunales

El Ministerio de Hacienda subraya que el dinero del IVA ya ha sido consignado por todas las comunidades que aprobaron sus Presupuestos en 2019. Pone aquí el acento para dejar claro que aunque la transferencia directa del dinero adeudado es “imposible”, así lo sostienen, sí hay mecanismos que permitan cumplir con lo consignado en esas cuentas autonómicas. Ahí justo encajaría su propuesta de abrir la mano con el déficit.

Senda del déficit

La prioridad para el ministerio en la agenda del CPFF es aprobar la senda de déficit, objetivo de deuda y techo de gasto, para 2020, 2021, 2022 y 2023. Ya el Gobierno de Sánchez, en su anterior etapa, ofreció abrir la mano y aprobó en el Congreso una senda con 6.000 millones de euros más. Esa propuesta, que habría dado oxígeno a las autonomías, se tumbó en el Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta. Lo recordó ayer Sánchez, que defendió que su Gobierno ya ofreció a las comunidades presentar una senda de déficit más flexible para 2019 que la aprobada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Desde Hacienda, aseguran que ahora el escenario económico no es el mismo y las cifras pueden variar, pero sí admiten que es posible “ayudar a las comunidades a subir el siguiente escalón”, siempre, avisan, en función de los números que presenten al cierre del ejercicio. En 2020, Bruselas ya no hará cumplir a España medidas correctoras si no preventivas y exige “ajustes estructurales”. Desde el Gobierno, admiten que esto amplía el margen. Las comunidades deberán cumplir en el ejercicio actual con un déficit cero, cuadrar sus cuentas y no gastar más de lo que ingresan.

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El plan del Gobierno es presentar la senda de déficit de 2020 este viernes en el CPFF y el lunes en la Comisión Nacional de Administración Local, para que el próximo martes ya vea la luz en el Consejo de Ministros. Después deberá pasar por el Congreso y el Senado, y Hacienda necesita este dato de forma urgente porque es el armazón del Presupuesto que aspira aprobar, pese a la campaña de las elecciones catalanas, “lo antes posible”.

En el orden del día también figura la reforma de la financiación autonómica. El ministerio desempolvará los informes de la etapa de Cristóbal Montoro, cuando se trabajó en varios borradores de expertos y asesores de las comunidades autónomas. Ese será, dicen, el punto de partida para una reforma que las autonomías exigen como muy urgente. Sánchez se comprometió con Compromís, que apoyó su investidura, a presentar un borrador en los próximos ocho meses.

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