Hacienda y los consejeros del PSOE aprueban el déficit de las CCAA para 2020

El déficit cero tendrá que esperar. El Gobierno ha accedido a que este año y el siguiente las comunidades autónomas tengan un desequilibrio fiscal superior al anunciado hace menos de un año en el Programa de Estabilidad. Había previsto, en concreto, un déficit del 0,1% este año y equilibrio en 2021, pero les permitirá sobrepasar ese límite. La nueva senda es la siguiente: 2020: -0,2%; 2021: -0,1%; 2022: 0,0% y 2023: 0.0%. La propuesta ha sido aprobada con el voto favorable de las comunidades gobernadas por los socialistas -junto con Melilla-, además del ministerio, y con la oposición de las que están dirigidas por los populares. Cataluña no ha podido votar por la ausencia del titular del ramo, Pere Aragonès.

La propuesta ha sido discutida este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que acuden todos los consejeros de las comunidades autónomas, excepto Cataluña, que una vez más ha decidido no acudir. La ministra María Jesús Montero ha anunciado en la reunión que las comunidades autónomas en su conjunto cerraron 2019 con un déficit situado en torno al 0,5% del PIB. Ahora bien, si se descuenta el efecto del IVA, que se trata de una operación no recurrente en el tiempo, el cierre estaría alrededor del 0,3%. Es decir, en línea con lo previsto en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas.

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La suavización de la senda de reducción del déficit público es, en realidad, una especie de reconocimiento a la política de hechos consumados que han realizado los gobiernos regionales, toda vez que la mayoría habrá incumplido en 2019 (en los próximos días se conocerá el resultado definitivo) tanto el déficit presupuestario como la regla de gasto, que es lo que determina el marco numérico para elaborar sus presupuestos.

En concreto, el Ministerio de Hacienda ha apreciado riesgos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto en 2019 por parte de Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia, mientras que se han enviado advertencias por riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales a Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra. Es decir, prácticamente todas están en una situación de incumplimiento, por lo que el Gobierno solo ha hecho plegarse a la realidad. La regla de gasto para 2019 obligaban a no aumentar los presupuestos más de un 2,7%.

Y si en 2019 se han incumplido los compromisos, eso hace que el objetivo de 2020 sea más difícil de cumplir, lo que explica la decisión del Gobierno, que, además, pretende cubrirse políticamente del hecho de que todavía no haya devuelto a las CCAA el 50% del IVA de diciembre de 2017, cuando se puso en marcha un nuevo sistema de información a Hacienda.

Desde entonces, ni siquiera en la liquidación de 2019, se ha reconocido ese incumplimiento (el Gobierno arguyó problemas legales relacionados con el hecho de que era un Ejecutivo en funciones), y de ahí que lo que intenta ahora es una especie de compensación política: más déficit a cambio de no pagar el IVA hasta que encuentre una fórmula legal. Entre otras razones, porque alguna comunidad, como Madrid, ya ha puesto el asunto en manos de los tribunales.

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Andalucía, que reclama 537 millones, es la principal acreedora, pero también se deben 130 millones a Castilla-La Mancha, 281 millones a la Comunidad Valenciana o 200 a Galicia.

Ante esta evidencia, lo que ha anunciado la ministra Montero es que Hacienda no tendrá en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017. Es decir, se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019. Así, si tras descontar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.

Esto significa que si una comunidad tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA. Eso implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.

La ministra Calviño se comprometió con la Comisión Europea a actualizar el Plan Presupuestario enviado a Bruselas en octubre pasado incorporando todas las medidas ya previstas en el Programa de Estabilidad, y que suponían un aumento de los ingresos por la vía de un incremento de impuestos creando nuevas figuras, como la ‘tasa google’ o el tributo a los servicios financieros.

Calviño, incluso, se comprometió a "realizar el ajuste estructural necesario para acelerar la reducción de la ratio deuda/PIB". Un objetivo que hoy se antoja improbable, como ha previsto la propia Comisión Europea.

Bruselas, igualmente, ha estimado que el déficit será superior en tres décimas (hasta el 2,3%) al previsto por el Gobierno. Básicamente, porque duda de que los ingresos crezcan tanto como sostiene Hacienda. La Comisión, en concreto, prevé una ratio de ingresos sobre el PIB del 38,9% frente al 39,3% del Ejecutivo español. En lo que concierne a los gastos, la Comisión los sitúa en el 41,2% del PIB, mientras que la estimación del Gobierno es del 41,3%.