El PSOE recupera la reforma para quitar al Senado el poder de veto al objetivo de déficit

En septiembre de 2018, unos meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez iniciara su andadura, la política española giró durante varias semanas en torno a la reforma del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (la 'niña bonita' de Cristóbal Montoro). Aunque se trata de un aspecto muy técnico y ampliamente desconocido, por unos días fue el centro de la atención política y mediática de España, por las "tretas" de Sánchez, y las "cacicadas" del PP y Ciudadanos. Ahora, un año y medio después, el PSOE ha decidido recuperar esta reforma y pretende sacarla adelante lejos de los focos.

El Grupo Socialista presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar esta ley y retirarle al Senado el poder de veto de los objetivos de déficit y deuda presentados por el Gobierno y, esta vez sí, su tramitación ha sido admitida por la Mesa. Cada año, el ejecutivo de turno tiene que presentar ante las Cortes el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que establecen los límites que deben cumplir los presupuestos generales del estado. En la Ley de Estabilidad, Montoro introdujo, en el artículo 15.6, que tanto el Congreso como el Senado tendrían capacidad para vetar la propuesta del Gobierno. En 2018, como el PP tenía la mayoría absoluta en el Senado, la utilizó para devolverle a Sánchez su senda de déficit. Aun así, Sánchez optó por presentar su proyecto de presupuestos sin tener aprobada la senda de estabilidad.

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El Gobierno denunció entonces esta anomalía de que el Senado pudiese vetar una decisión aprobada por el Congreso y propuso una reforma exprés de este artículo 15.6 para eliminarla. La Mesa del Congreso, controlada también por PP y Ciudadanos, frenó la vía rápida y metió la propuesta en el congelador. Los socialistas respondieron con una treta para tramitar esta modificación a través de una enmienda en otra ley diferente, la que desarrollaba el pacto contra la violencia de género. PP y Ciudadanos respondieron con puño de hierro y la presidenta del Congreso en ese momento, Ana Pastor, anuló esta enmienda ante las críticas de los socialistas.

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Ahora que el PSOE cuenta con mayoría en el Congreso y en el Senado, ha decidido recuperar esta reforma para quitarle al Senado el poder de veto a los objetivos de estabilidad. Según su propuesta, la cámara alta los aprueba, volverán al Congreso que tendrá la última palabra. Así figura en la reposición de ley orgánica: "Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple".

Los objetivos de estabilidad presupuestaria también incluyen la senda de déficit de las comunidades autónomas y las corporaciones locales

El motivo por el cual Montoro concedió al Senado poder de veto sobre los objetivos de estabilidad es que también afectan a los presupuestos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Al ser el Senado la cámara de representación territorial, se optó por darle poder de veto. Una coyuntura casualmente muy favorable para el PP, porque tradicionalmente sus resultados en el Senado mejoraban a los del Congreso.

El Grupo Socialista defiende que este cambio en la Ley de Estabilidad no elimina la capacidad de decisión de las comunidades autónomas, ya que los objetivos de estabilidad se negocian previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El problema es que ambos discursos, el del PP y el del PSOE, ocultan la realidad. El voto de los senadores al déficit no responde a los intereses autonómicos, sino a la decisión de los partidos políticos en su propio interés. Por ejemplo, en 2018 la senda que presentó el Gobierno elevaba el objetivo de déficit de las autonomías y, aunque hubiese sido una buena noticia para las regiones, el PP decidió vetarla en contra de los intereses de sus comunidades.

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En el caso del discurso actual del PSOE, es cierto que las comunidades autónomas participan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (y los ayuntamientos en la Comisión Nacional de la Administración Local, CNAL), pero sus votos en este órgano institucional también responden a los intereses del partido y, además, el Estado tiene el 50% de los votos, por lo que siempre se impone su decisión. "Los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional", señala el PSOE en la exposición de motivos de la norma.

La reforma de la Ley de Estabilidad seguirá el cauce ordinario de tramitación, ya que esta vez no es prioritaria para el Gobierno, lo cual también desmontaría el argumento de urgencia que utilizó Sánchez en 2018. Esto significa que los objetivos de estabilidad que presente el Gobierno para los presupuestos de 2020 tendrán que ser aprobados por el Senado, pero el PSOE tiene mayoría para sacarlos adelante.