SORPRESA Y MÁXIMO SIGILO EN EL CONGRESO

El PSOE utiliza una argucia legal para evitar el veto del PP a los Presupuestos

Cuela una enmienda en otra norma sobre violencia machista y que estaba en curso para asegurarse la tramitación exprés de la ley que priva al Senado del poder de freno en la senda de déficit

Foto: La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, conversa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este 18 de septiembre en el pleno. (EFE)
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, conversa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este 18 de septiembre en el pleno. (EFE)

El Ejecutivo esquiva el freno de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso a través de una argucia legal. Se garantiza que la reforma de la Ley de Estabilidad, la que permitirá que el Senado no pueda vetar la senda de déficit que presente el Gobierno, se tramite de forma urgente. Tal y como quería y no podía. La añagaza que ha hallado es una técnica vieja en el parlamentarismo: introducir una enmienda con ese contenido, el cambio de la Ley de Estabilidad, en otra norma ya en trámite en la Cámara.

Puede sonar a galimatías, pero no lo es. Este martes acababa el plazo de presentación de enmiendas a una ley que desarrolla una parte del pacto de Estado de lucha contra la violencia de género —se trataba de una propuesta del Grupo Socialista para mejorar la formación de jueces y fiscales en este ámbito—, y entonces el PSOE presentó, por sorpresa, una modificación que nada tenía que ver con ella. Registró una enmienda para cambiar el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con el objetivo de que el Senado no tenga capacidad de vetar la senda de déficit que aprueba el Gobierno, y que es la antesala de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que con una enmienda a una ley orgánica busca cambiar otra ley orgánica. Una triquiñuela que condujo con total sigilo.

Los socialistas introdujeron la enmienda de rondón, por sorpresa, dentro de una ley que desarrolla una parte del pacto de Estado de violencia de género


El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió activar este resorte a la vista de que PP y Ciudadanos, que controlan la Mesa del Congreso, estaban obstaculizando la tramitación de la proposición de reforma de la Ley de Estabilidad. Ambas formaciones argumentaban que la propuesta, que este mismo martes fue tomada en consideración por el pleno, no era urgente y con sus votos en el órgano rector de la Cámara Baja impusieron hace 15 días que se tramitara por el procedimiento ordinario. La diferencia es muy sustancial: si una ley se tramita por el cauce habitual, puede estar aprobada en unos seis meses. En cambio, si se hace de forma exprés, por urgencia —acortando los plazos a la mitad— y en lectura única —sin pasar por ponencia y comisión—, se puede conseguir que la reforma esté en el BOE en apenas unas semanas. Y es que el presidente quiere llevar al Parlamento su proyecto de Presupuestos a finales de noviembre o principios de diciembre, con el fin de que puedan estar listos (si consigue los apoyos, cosa que está por ver) en el primer trimestre de 2019. Para Sánchez, es capital disponer de unas nuevas cuentas, pues ello le garantizaría poder agotar la legislatura. En caso de no tener PGE ya ha deslizado que se vería abocado a convocar a los ciudadanos a las urnas.

Dos vías paralelas

Sánchez, pues, necesita que esa reforma de la Ley de Estabilidad esté operativa lo antes posible. Lo que busca es acabar con una "anomalía" parlamentaria. Esa norma fue aprobada por el Ejecutivo del PP en 2012, y prescribía que la senda de déficit ha de ser aprobada por el Congreso y por el Senado, en pie de igualdad, y si una de las Cámaras lo rechaza, entonces el texto vuelve al Gobierno. Directamente. En el resto de leyes, si se produce un veto del Senado, el Congreso lo puede levantar. Son los diputados, pues, los que tienen la última palabra en la mayoría de los procedimientos.

El PSOE argumenta que esta triquiñuela se ha utilizado en otras ocasiones, y que ha sido avalada por el TC. Pero no quita para que sea polémica

¿Qué ocurría, pues? Que PP y Ciudadanos gozan de mayoría en la Mesa de la Cámara Baja, y es este órgano el que puede declarar la urgencia y la tramitación en lectura única de una norma, oída la Junta de Portavoces. Este martes, la Junta, en la que los grupos tienen voto ponderado —y que el PSOE controla, siempre que cuente con el concurso de Unidos Podemos y nacionalistas—, sí se mostró favorable al procedimiento exprés, pero es la Mesa la que tiene la llave.

El PSOE utiliza una argucia legal para evitar el veto del PP a los Presupuestos

Lo que hace el PSOE ahora es tener dos canales abiertos para conseguir la reforma de la Ley de Estabilidad. De un lado, la vía directa. Esto es, la proposición de ley específica de modificación de la norma de 2012 [aquí en PDF], que este martes apoyaron los grupos que hicieron a Sánchez presidente, pero sobre la que pesa el veto en la Mesa de PP y Ciudadanos. Freno que los proponentes (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Compromís) pidieron reconsiderar. De otra, la tramitación en ciernes de la ley que desarrolla un aspecto del pacto de Estado contra la violencia de género, al colar una enmienda con el mismo objetivo. Si no se desbloquea la primera fórmula, la segunda seguirá operativa. Si populares y naranjas cambian de posición, entonces la segunda, dicen en el PSOE, quedará muerta, vacía de contenido.

6.000 millones más

Fuentes de la dirección socialista sostienen que la artimaña utilizada este martes no es inhabitual, que se ha utilizado "en muchas ocasiones" antes. Esa fórmula, la de introducir enmiendas con un contenido radicalmente diferente a la ley que se pretende reformar, está "avalada por el Tribunal Constitucional". Sin ir más lejos, en 2014, el PP colocó el aforamiento del Rey emérito, las reinas Sofía y Letizia y la princesa Leonor como enmienda a una propuesta de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público.

Que sea legal no quita para que, cuando se ha tirado de esta técnica, los grupos de la oposición lo hayan criticado, ya que implica colar de rondón una enmienda con calado político utilizando otra norma en tramitación. En 2014, hasta el PSOE se abstuvo en la cuestión del fuero al exmonarca, justo por las formas, e incluso el entonces presidente del Congreso, Jesús Posada, reconoció que era una "chapuza". Y este martes enseguida se dejó ver, de hecho, la ira de la oposición.

La comisión de Justicia, la que tramitará la proposición de Ley de Violencia de Género, la preside el PSOE: así puede controlar los tiempos

Los socialistas tienen ahora más garantías de que su reforma de la Ley de Estabilidad saldrá adelante. Entienden que si no es por las buenas —con la cesión de PP y Cs en la Mesa, declarando la urgencia y lectura única de la proposición específica—, se hará por las malas. Al acabarse este martes el periodo de presentación de enmiendas parciales a esa propuesta que desarrolla el pacto de Estado contra la violencia de género, el control de los tiempos recae en la comisión de Justicia, que es la encargada de tramitar esa norma. La comisión la preside la socialista Isabel Rodríguez. Ella, en consecuencia, puede hacer que se redacte el dictamen de la ley (con las enmiendas ya incorporadas) lo antes posible, y una vez pasado el filtro del Congreso, viaje al Senado, Cámara en la que el Gobierno pediría que se tramitara rápidamente. En la cúpula del grupo esgrimen que no llevará mucho tiempo, ya que la proposición [aquí en PDF] es sencilla y se deriva además de un pacto de Estado contra la violencia machista rubricado por el pleno del Congreso hace un año.

Con esta treta, el Gobierno consigue poner en marcha el ciclo presupuestario que comienza con la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit. La reforma de la Ley de Estabilidad permitirá al Gobierno aprobar los nuevos objetivos —los rechazados en julio—, que dan cinco décimas extra de déficit a las administraciones públicas: dos a las comunidades, dos a la Seguridad Social y una al Estado. Unos 6.000 millones más que ayudan, reitera el Ejecutivo, a la reconstrucción del Estado del bienestar. Este paso es el que da inicio al ciclo presupuestario, por lo que para el Ejecutivo es urgente tenerlo listo cuanto antes.

Una vez que el Congreso apruebe la nueva senda de déficit, el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Su objetivo es hacerlo a finales de noviembre o principios de diciembre, para que la tramitación se complete a lo largo del primer trimestre del próximo año. Eso sí, para lograrlo, necesitará llegar a un acuerdo con sus socios.

Qué dice la enmienda

La enmienda registrada por el PSOE cuelga de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género. Lo que hace es añadir una disposición final en la que calza esa modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

La parte medular de la enmienda, a la que ha tenido acceso El Confidencial, es esta: "Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple". 

Los socialistas argumentan que la enmienda pretende "asegurar la coherencia en la posición institucional de las Cámaras parlamentarias" en la aprobación de la senda de déficit. "Esta modificación es además especialmente urgente e imprescindible para que puedan seguir desarrollándose, en el ámbito presupuestario, las previsiones de la proposición de ley y el resto de los contenidos del pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017".

Es decir, que los socialistas cuelan la enmienda arguyendo que solo si se cambia la Ley de Estabilidad podrán presentarse unos nuevos PGE acordes con la senda de déficit autorizada por Bruselas. Nuevos PGE que permitirán liberar recursos para luchar contra la violencia machista. De ahí que se haya decidido colgar esta enmienda atípica en la propuesta. 

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