CHOQUE ENTRE LAS INSTITUCIONES

El PSOE entra en guerra con Ana Pastor por la reforma de la Ley de Estabilidad

Los socialistas aseguran que no tolerarán que la presidenta de la Cámara obstaculice la tramitación exprés de la modificación legislativa, y amagan con pedir su dimisión si no cede

Foto: La presidenta del Congreso, Ana Pastor, acompañada por el líder del PP, Pablo Casado, este 4 de septiembre. (EFE)
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, acompañada por el líder del PP, Pablo Casado, este 4 de septiembre. (EFE)

Ni el Gobierno ni el PSOE van a "consentir" que Ana Pastor, como presidenta del Congreso, "retuerza el reglamento" de la Cámara e impida la tramitación exprés de su reforma de la Ley de Estabilidad. Batallarán hasta el final contra ella, con la esperanza de que ceda. Incluso en el Grupo Socialista amagan con pedir su dimisión. Pero la jefa del Congreso tiene todas las de ganar en esta contienda. Al menos, por ahora. Y la consecuencia será, probablemente, que el Ejecutivo tenga que presentar sus Presupuestos de 2019 con la senda de déficit anterior, más restrictiva.

Como adelantó este diario, PP y Ciudadanos hicieron uso de su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja este martes. Ambas formaciones, que suman cinco de los nueve puestos totales del órgano de gobierno del Congreso, impidieron que prosperase la solicitud de PSOE y de Unidos Podemos de modificar por el trámite de urgencia y en lectura única la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La finalidad de la reforma es desproveer al Senado de su potestad de vetar los objetivos de déficit público planteados por el Ejecutivo. Es decir, acabar con un privilegio inusual de la Cámara Alta y que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 cuando redactó la Ley de Estabilidad. Y es una potestad inhabitual porque todas las leyes, aunque reciban el frenazo del Senado, vuelven al Congreso.

PP y Cs hacen uso de su mayoría en la Mesa e imponen la tramitación ordinaria, que supone alargar los tiempos varios meses

La decisión de PP y Ciudadanos supone que la reforma registrada a finales del mes pasado por PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís (Mixto), se tramitará por el procedimiento ordinario. Mucho más largo y tortuoso. Esta es la diferencia: una ley, por el carril normal, suele quedar aprobada en unos cinco o seis meses. El trámite de urgencia acorta los plazos a la mitad, por lo que podría ventilarse la iniciativa en unos tres meses, y la lectura única —que implica que el texto se discute directamente en el pleno, sin pasar por ponencia y comisión— achica los tiempos todavía más. Combinando estas dos opciones, urgencia y lectura única, se puede llevar una ley al BOE en apenas unas semanas. La ley orgánica de abdicación del rey Juan Carlos, por ejemplo, estaba publicada en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales' el 4 de junio de 2014, el 11 se acordó el trámite en lectura única y urgente en el pleno del Congreso, que la aprobó ese mismo día, y el 17 de ese mismo mes era aprobada definitivamente por el Senado.

La literalidad del reglamento

Para la portavoz socialista, Adriana Lastra, la actitud de la popular Ana Pastor solo puede calificarse de "filibusterismo" parlamentario, puesto que la jefa de la Cámara se "saltó" el informe de los letrados de la Cámara. En el escrito que estos presentaron a la Mesa, y al que tuvo acceso este diario, apuntan que, "en caso de acordarse" la vía de urgencia, ha de tenerse en cuenta a los "efectos del acuerdo subsiguiente a la toma de consideración de la iniciativa", para acortar los plazos. "En cuanto a la solicitud de tramitación por el procedimiento de lectura única, [se propone] trasladar a la Junta de Portavoces". Pastor no dio traslado a la Junta, el órgano político que dirige al Congreso, y en el que los grupos tienen voto ponderado, porque la Mesa entendía que debía tramitarse la reforma por el procedimiento ordinario.

Adriana Lastra: "Esperamos que a nadie se le pase por la cabeza hurtar el debate al pleno de la Cámara. Que no se le ocurra a Ana Pastor"

"Empieza a parecerse más a Pablo Casado que a una presidenta del Congreso y, por supuesto, lo que vamos a hacer es defender el informe de los letrados, algo que se saltó en la Mesa", aseguró Lastra a los periodistas, visiblemente irritada por la actitud "partidista" de Pastor. La portavoz insistió en que la jefa del Congreso contraviene el artículo 150 del reglamento. Este estipula que "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única".

Fuentes próximas a Pastor se remiten precisamente a esa literalidad para defender la decisión: "El artículo 150 lo que dice es que la Mesa puede proponer o no el trámite en lectura única, y en este caso PP y Cs, que tienen mayoría, han decidido que no es necesario". Misma explicación que vale para declarar la urgencia de una iniciativa: "A petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia", sentencia el artículo 91.

Lastra explicó a los medios que la reforma de la Ley de Estabilidad será la primera proposición que lleve al pleno su grupo en este periodo de sesiones, y ello ocurrirá dentro de dos semanas —para la próxima no tiene cupo—, en la del 17 de septiembre, y allí solicitarán la tramitación exprés. "Esperamos que a nadie se le pase por la cabeza hurtar el debate al pleno de la Cámara. Que no se le ocurra a Ana Pastor y que se comporte como la presidenta de todos los diputados", siguió. En el partido del gobierno comparaban la actitud de la dirigente del PP "con la de Roger Torrent", el presidente del Parlament, de ERC.

"Sin hurtar derechos"

Sin embargo, en el círculo de Pastor insisten en que si PP y Cs "aguantan" la presión, no habrá cambio de postura. Es decir, que el asunto no se abordará en el pleno porque la Mesa, con mayoría conservadora, lo impedirá. En el PSOE replicaban que Pastor no puede "retorcer el reglamento" de la Cámara y amagaban con pedir que dimita si continúa con esa "deriva", haciendo de "activista de Casado". Pero no hay forma de hacer que la presidenta deje su cargo. Los miembros de la Mesa son inamovibles. Solo se genera la vacante por decisión personal o por sentencia judicial. "Los diputados no pueden reprobar a la presidenta de la Cámara. Su función es controlar al Gobierno. El Legislativo no se puede controlar a sí mismo", insisten en el entorno de la dirigente popular.

En el entorno de Pastor subrayan que se atiene al reglamento y que no cabe ni forzar la dimisión ni reprobarla: el Congreso no se controla a sí mismo

Los socialistas se agarran a que en 40 años de democracia "nunca" había ocurrido una situación semejante, que la declaración de urgencia y en lectura única se acordaba sin problemas cuando la Junta de Portavoces así lo demandaba. El problema radica en que hasta ahora todos los presidentes del Congreso eran del mismo color que el Gobierno. En esta legislatura tan anómala, la mayoría del órgano rector de la Cámara Baja, conservadora, choca con el Ejecutivo socialista.

Ciudadanos, mientras, defendió el proceso ordinario porque esta proposición de reforma de la Ley de Estabilidad hay que debatirla "sin hurtar derechos al Parlamento", y el hecho de que el Gobierno padezca "debilidad" en las Cortes no puede derivar en la "excepcionalidad", en palabras del vicepresidente primero, Nacho Prendes, informa EFE.

Adriana Lastra, responsable del Grupo Socialista en el Congreso, este 4 de septiembre atendiendo a los periodistas tras la Junta de Portavoces. (EFE)
Adriana Lastra, responsable del Grupo Socialista en el Congreso, este 4 de septiembre atendiendo a los periodistas tras la Junta de Portavoces. (EFE)

En realidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya contaba con que PP y Cs no se lo iban a poner fácil para sacar adelante la modificación de la ley, pero cree que con su actitud ambas formaciones se retratan ante los ciudadanos, porque el fin último es que se aprueben los nuevos objetivos de déficit, que suponen un oxígeno adicional de 6.000 millones de euros para las administraciones públicas —a repartir entre las comunidades autónomas (2.500), Seguridad Social (2.500) y Estado (1.200)—. La consecuencia del bloqueo de la reforma es que Hacienda tendría que presentar los PGE de 2019 con la senda de estabilidad anterior (la que prevé un desvío del 1,3%, y no del 1,8%). Sánchez ya ha advertido de que su Ejecutivo sí o sí llevará el proyecto al Parlamento, y lo hará "a finales de noviembre o principios de diciembre", según confirmó él mismo ayer lunes en una entrevista en la SER.

Podemos también reprueba a PP y Cs por su "filibusterismo" y presiona al Gobierno para que explore todas las vías posibles para cambiar la Ley de Estabilidad, tal y como defendió la portavoz adjunta, Ione Belarra. Lastra ya advirtió de que no se hará vía decreto ley porque es "inconstitucional" modificar una ley orgánica por esta fórmula. Otra salida es utilizar una proposición que presentó el grupo morado el 13 de diciembre de 2017 para revisar la regla de gasto, que está comprendida en la Ley de Estabilidad. Esta iniciativa está en tramitación aunque paralizada por los plazos de enmiendas. Los grupos de izquierdas podrían presentar enmiendas para despojar al Senado de la capacidad de veto de que dispone respecto a la senda de déficit público.

PP, PSOE y Cs rechazan la comisión de investigación sobre el Rey emérito

La Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazó este martes la petición de Unidos Podemos para que el pleno debata la constitución de una comisión de investigación sobre las actividades del rey Juan Carlos, tras las grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein desveladas este verano. La aristócrata germanodanesa contaba que el monarca emérito tiene cuentas en Suiza y que la utilizó a ella misma como testaferro. 

 

Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos, tildó de "fraude democrático" que los tres partidos se hayan "aliado para paralizar la investigación de las finanzas" del Rey emérito, cuando "hay sospechas fundadas de que Juan Carlos I incurrió en evasión fiscal", informa EFE.

 

"No puede haber más ley del silencio en nuestro país", advirtió la diputada, para quien los ciudadanos tienen derecho a saber si el padre del actual jefe del Estado "es un defraudador, si cobró mordidas por el contrato del AVE a La Meca y si comparte testaferro con la trama Gürtel". Unidos Podemos presentará un escrito para pedir a la Mesa que reconsidere su decisión e insta a PSOE y a Cs a trabajar para la regeneración democrática. 

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