El plan 2050 se propone reducir la jornada laboral hasta situarse en 35 horas semanales

El plan 'España 2050' se alinea en buena medida con los objetivos del Ministerio de Trabajo plasmados en el plan de reformas enviado a Bruselas a finales del mes de abril. Reducir la temporalidad y la dualidad del mercado de trabajo, recuperar la ultraactividad de los convenios o revisar las bonificaciones a la contratación —"muchas de estas últimas, de reducida eficacia"— para priorizar el gasto en políticas activas de empleo son algunas de las propuestas en marcado laboral recogidas en el plan de análisis prospectivo elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno.

Se incluyen por otra parte dos propuestas más novedosas respecto a los planes del Ejecutivo. La primera tiene que ver con "fomentar el papel de los trabajadores en la toma de decisiones de sus empresas y en el reparto de las ganancias de productividad derivadas de la tecnificación de los sistemas productivos". Para ello, se recomienda "facilitar la participación e inversión de las plantillas en la robotización y digitalización de sus empresas, siguiendo la filosofía de los emprendimientos de carácter cooperativo y vinculados a la economía social".

Opinión

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La segunda se centra en la reducción de las horas de trabajo, alentando lo que sería una semana laboral de 35 horas para una mejor redistribución del empleo entre la población. Concretamente, el objetivo número 43 aboga por "reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlo en niveles similares a los de la UE-8". La media de la UE-8 es de 35,4 frente a las 37,7 de España.

Acceso a la vivienda

Con un 25% de las viviendas vacías, las políticas de acceso a la vivienda centrarán uno de sus pilares en sacar estas viviendas al mercado de alquiler. Así se recoge en el plan de análisis prospectivo de la Moncloa 'España 2050' presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además recomienda crear bolsas de intermediación pública de alquiler y marcos de colaboración público-privados que contribuyan a una mejor gestión. Todo ello, según señala el documento de 676 páginas, "ofreciendo garantías suficientes a la parte propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada". Y es que el diagnóstico del que se parte es tajante: "Habrá muchas personas que no podrán acceder a una vivienda digna y adecuada sin el apoyo del Estado, por lo que se cree que la demanda potencial de vivienda social en España casi se duplicará en la próxima década, pasando de los 1,5 millones de viviendas que algunos estudios calculan necesarias en la actualidad, a 2,6 millones en 2030".

En medio de las negociaciones para desarrollar una futura ley de vivienda, el plan recoge otras recomendaciones para aminorar esta problemática, como crear un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas. En este punto, los socialistas proponen en la mesa de negociación con Unidas Podemos rebajas de entre el 50 y el 90% del IRPF para limitar el precio de alquiler, así como movilizar la vivienda vacía con reducciones del IBI.

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El documento recoge así una de las medidas que propone el PSOE y a la que se oponen los morados, para quienes las deducciones no serían efectivas y porque "consisten en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler". Sin mencionar directamente las vías para la regulación del alquiler, el principal punto de fricción entre socialistas y morados para la nueva ley, los expertos que han redactado el plan prospectivo llaman la atención sobre la necesidad de "tener en cuenta la relación entre el precio del alquiler y la renta del hogar, así como la heterogeneidad regional y municipal del mercado de vivienda español".

Busca "reducir progresivamente el número de horas trabajadas" hasta niveles similares a los de la UE-8

Se propone también establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda, "así como reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler". Precisamente, desde el ministerio competente, el de Transportes, se está trabajando en esta medida para la nueva ley de vivienda, que pasaría según los borradores por establecer un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público. En territorios como Madrid es obligatorio que el 50% de todos los nuevos desarrollos tenga algún tipo de protección, por lo que se blindaría que una de cada cuatro viviendas se destinasen al alquiler social o a "precio limitado".

Entre las principales novedades que recoge el plan en materia de vivienda destaca la recomendación de "incentivar las formas de tenencia alternativas a la propiedad absoluta y al alquiler, como la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas a la realidad española". Esta forma de tenencia se ha llevado a cabo en Cataluña, la cual establece los mismos derechos y obligaciones que un propietario, pero durante un tiempo limitado. La propiedad compartida, asimismo, confiere a uno de los dos titulares, llamado propietario material, una cuota del dominio, la posesión, el uso y el disfrute exclusivo del bien y el derecho a adquirir, de modo gradual, la cuota restante del otro titular llamado propietario formal.

Cohesión territorial

Otro de los apartados que se abordan en el documento es la cohesión territorial y, dentro de esta, la creciente despoblación en el medio rural y en las ciudades medianas y pequeñas. Desde 2010, recoge el informe, la mitad de las capitales de provincia han perdido población. Aquí, el Gobierno asume que es “probable” que continúe la caída poblacional en los pequeños municipios aislados, y que algunos terminen por despoblarse al completo. Asimismo, prevé que hasta 2035 diez regiones vean reducidos sus habitantes y se incremente la asimetría entre el medio urbano y el rural. En 2050, el 88% vivirá en ciudades, frente al 80 actual.

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Dentro del entorno urbano, augura un crecimiento de las grandes ciudades y presenta dudas para las medianas, a las que fía su futuro a su cercanía a áreas metropolitanas en auge (de las megaurbes) y a la evolución de los núcleos rurales próximos. La población rural perderá casi la mitad de sus ciudadanos en 30 años, pasando de nueve millones a cinco en 2050, si bien matiza que los núcleos de más de 5.000 habitantes podrían crecer. Además, entiende que el aumento del teletrabajo y los avances tecnológicos podrían beneficiar a estos entornos, algo que no está claro si se observan las tendencias de los últimos meses posteriores al confinamiento. La España rural podría verse también beneficiada, a su juicio, por la economía asociada a las necesidades de las personas mayores. El texto concluye que lo más probable es que viva menos gente en el ámbito rural, pero que, si se gestiona bien, los que queden lo harán mejor que ahora.

Las soluciones propuestas para mitigar la despoblación no son especialmente detalladas. El Ejecutivo apuesta por apoyar a las pymes y los emprendedores de estas áreas, aunque no se aborda, por ejemplo, la opción de incentivos para fijar población y actividad en estas zonas. Además, se recuperan propuestas previas como la reducción de la brecha digital para que en 2025 todo el territorio tenga cobertura de 100 Mbps, o también la idea de “equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado”.

El plan proyecta, asimismo, que las zonas metropolitanas de grandes urbes seguirán creciendo y que caminamos hacia ciudades de gran tamaño cada vez más extensas, dispersas y con los límites más difuminados. El documento reconoce que “en las coronas metropolitanas predomina el uso del vehículo privado”, aunque se apuesta por "cambios en el comportamiento" de movilidad y se centra en la implantación en el centro de las ciudades de zonas de bajas emisiones, de peajes urbanos y potenciar el transporte público, donde consideran que el desarrollo de la inteligencia artificial puede ser positivo. No se cita, por ejemplo, la instauración de los peajes en autovías como una medida disuasoria para el uso del vehículo privado. Moncloa alerta, en este apartado, de los efectos que puede tener el sistema de reparto y de comercio electrónico actual, y desliza un escenario en el que tuvieran que optar por flotas de vehículos no contaminantes, o incluso por drones, además de limitaciones horarias en franjas de mayor congestión del tráfico.

Transición ecológica

En ese apartado de la cohesión territorial, muchos de los temas que se abordan tienen que ver con la protección medioambiental y la transición ecológica, a la que se dedica otro capítulo independiente. El informe reconoce un panorama desolador de cara a 2050, con las sequías afectando al 70% del país, con incendios e inundaciones más destructivas, y viéndose "daños severos" en sectores clave como la agricultura o el turismo. "27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua, y 20.000 morirán al año por el aumento de las temperaturas", detalla el escrito, en el que también se matiza que es "difícil" saber qué terminará sucediendo. “La España de 2050 será mucho más cálida, seca e imprevisible que la de hoy”, resume. Es por esto que se marca el objetivo de reducir la demanda de agua en un 5% en 2030 y del 15% en 2050 y de promover la reutilización y la desalación del agua para que tenga un precio competitivo.

Muchos de los temas que se abordan tienen que ver con la protección medioambiental y la transición ecológica

En materia medioambiental, se refuerza la intención de desarrollar instrumentos fiscales que apoyen la transición ecológica, pero también un cambio de hábitos, no solo en el transporte, sino también en el consumo de alimentos de procedencia animal, la cantidad de prendas que se compran o el número de dispositivos digitales que se adquieren.

La evolución climática afectará indirectamente a las tensiones territoriales. El Gobierno prevé que “podrían aumentar las diferencias que hoy existen entre las regiones especializadas en el sector agrícola y la industria y aquellas con un mayor peso del sector servicios”. Las zonas turísticas tendrán que implementar medidas de ahorro energético y de consumo de agua, ya que los visitantes utilizan entre dos y seis veces más este recurso que los residentes. En este sector, proyecta un posible descenso en las llegadas a las zonas de interior, donde se concentra buena parte de la España vaciada.