La 'cuenta catalana' más allá de los indultos: financiación, traspasos e inversiones

Pedro Sánchez presentaba los indultos este lunes en Barcelona como un "primer paso", y es que la medida de gracia es solo la antesala de la reactivación de una mesa de diálogo entre Gobierno y Govern donde, además de discutir el encaje territorial de Cataluña, se abordará toda una agenda catalana con la economía como una de sus principales claves. Desde un nuevo modelo de financiación hasta el impulso del corredor mediterráneo, pasando por la armonización fiscal o, como ya adelantaba hace unos días el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los traspasos del puerto de Barcelona, el aeropuerto de El Prat o el Consorcio de la Zona Franca.

• ¿Indulto o amnistía?

Desde el independentismo, se avanza la intención de que la mesa de diálogo se pueda dividir por áreas de trabajo sectoriales para tratar todos estos asuntos, que también incluyen medidas sociales en vivienda, memoria histórica o seguridad ciudadana. En Moncloa, están dispuestos a entregar a los republicanos en el Congreso banderas históricas del independentismo, conscientes de que una de las principales amenazas para que descabalgue esta operación es el papel que jugará Waterloo y la presión que ya está ejerciendo Junts sobre sus socios en la Generalitat. De ahí que se valore más el giro de ERC, que "se amolde a las circunstancias", según un miembro del Gobierno, porque "sus socios tampoco se lo ponen fácil".

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Con ERC dispuesta a tomar un camino pragmático, centrándose en la gestión desde la Generalitat y en arrancar conquistas en Madrid, siguiendo así un modelo más cercano al del PNV que al de los posconvergentes para intentar asentarse como la fuerza hegemónica dentro del independentismo catalán, el Gobierno quiere cuidar esta vía. Necesita estabilidad para acabar la legislatura. Además, Hacienda apuesta por no prorrogar los Presupuestos de este año y elaborar un nuevo proyecto para 2022, por lo que deberá renovar el apoyo de ERC para contar con los apoyos necesarios.

Las inversiones en infraestructuras, una "deuda histórica", según los independentistas, que siempre formó parte de las reivindicaciones de CiU, en alusión a la disposición adicional tercera del Estatut, volverían a situarse en un primer plano. En coordinación con el Ministerio de Hacienda, se está trabajando ya en el traspaso de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de la Justicia.

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La agenda más inmediata pasará así por lo material y los traspasos, aunque el nudo gordiano y la finalidad de la mesa de diálogo es la salida al problema territorial. En esta línea, los independentistas siguen defendiendo la máxima de la autodeterminación —un referéndum pactado en el caso de ERC—. Una línea roja para el Gobierno, que insiste en que cualquier solución se debe dar dentro del marco constitucional y el ordenamiento jurídico. El mayor autogobierno, la mejora de la financiación o el reconocimiento de la nacionalidad en un nuevo Estatut son las propuestas que el Ejecutivo central tiene previsto poner sobre la mesa.

En Junts, sí pretenden al menos marcar terreno en medidas como el impulso al corredor mediterráneo. Esta misma semana, se debatirá una moción suya en el Senado para instar al Gobierno a acelerar varios proyectos, como la variante de mercancías por el interior de la zona de Tarragona, las obras de conexión con las cuatro terminales prioritarias del protocolo acordado con la Generalitat (Port de Barcelona, La Llagosta, Penedès y Vilamalla), las estaciones de tren de alta velocidad en los aeropuertos de Reus y Girona y su conexión con el aeropuerto de Barcelona.

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“Hay que tener muy presente que Cataluña debe ser capaz de competir globalmente, y si la Barcelona metropolitana es capaz de competir de manera global, tendremos una oportunidad. Hay que avanzar hacia una gobernanza metropolitana, Barcelona como metrópolis ha de competir con otras metrópolis. Necesitamos que aquellas infraestructuras del país se gestionen desde el territorio y han de ser traspasadas a la Generalitat: puerto, aeropuerto y Consorcio de la Zona Franca. Y esa gestión de proximidad es lo que marcará la diferencia”, se adelantaba ya el presidente catalán la pasada semana en la XXXVI Jornada del Círculo de Economía. Una demanda que supondría asumir los principales arietes que le quedan al Gobierno español en Cataluña, más allá de la Agencia Tributaria.

La armonización fiscal, por otra parte, forma ya parte del acuerdo para los Presupuestos vigentes entre el Gobierno y ERC. Si bien todavía está pendiente de sustanciar y el grupo de expertos creado para la reforma fiscal no concluirá sus trabajos hasta el próximo mes de marzo. Los republicanos defendieron la armonización para "acabar con el 'dumping' fiscal" que acusan de ejercer a Madrid beneficiando a "las grandes empresas y fortunas".

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Pero si ERC busca arrancar al Ejecutivo una mejor financiación, traspasos e inversiones, asumiendo el papel que en su día ejercía la derecha nacionalista, tampoco renunciará a reivindicaciones de corte social. De momento, su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, ya negoció con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que no se solicitase la suspensión de la ley catalana de vivienda en su recurso al Tribunal Constitucional.

Ahora se deberá desarrollar una ley estatal para darle cobertura, con la regulación de alquileres dentro de sus principales medidas. En el mes de julio, está previsto aprobar un decreto para paralizar los desahucios hasta que se desarrolle la ley. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, así se lo confirmó el pasado miércoles a los republicanos, según pudo saber este diario de fuentes de ambas partes. El texto recogerá "las líneas fundamentales del acuerdo en materia de desahucios que se incluirán en la futura ley de vivienda". Concretamente, según fuentes de Transportes conocedoras del borrador, dará un mes a los servicios sociales para informar sobre la vulnerabilidad y dar soluciones habitacionales si el propietario es persona física, y tres meses si es jurídica.