¿Indulto o amnistía? Diferencias entre lo aprobado por el Gobierno y lo que quiere el independentismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes los indultos a los nueve presos del 'procés' que aún siguen en la cárcel entre gritos de "amnistía". La proclama de los asistentes al acto celebrado en el Liceo de Barcelona va en la línea de la reivindicación que predomina entre los principales líderes y organizaciones independentistas: con la medida que prevé aplicar el Ejecutivo en los próximos días no basta. ¿Qué es, entonces, lo que están reclamando?

Tanto el indulto como la amnistía son figuras jurídicas que eximen de una pena, pero tienen implicaciones distintas. El indulto es una medida de gracia que se aplica en casos excepcionales. Supone la extinción de la responsabilidad penal, pero no del hecho delictivo. En otras palabras, un preso indultado puede abandonar la cárcel, si bien seguirá considerándose culpable.

Además, el indulto suele aplicarse a una pena concreta decretada por un tribunal concreto a una persona concreta. "No es normal que se indulten todas las penas —aclaran desde el departamento penal de Legálitas—. En el indulto se suele perdonar la pena principal, pero no las accesorias". Ello quiere decir que si un ciudadano está condenado, por ejemplo, a varios años de cárcel y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, puede salir de prisión, pero tal vez no vuelva a ejercer un cargo público.

En el indulto se perdona la pena, mientras que la amnistía supone la extinción del delito

De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución, el encargado de conceder los indultos es el Rey. Antes de ese paso, el Ministerio de Justicia debe remitir un informe al Tribunal Supremo. Este órgano emitirá un informe no vinculante sobre la idoneidad de la medida y, si el Consejo de Ministros considera oportuno hacerla efectiva, aprobará un decreto-ley que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, se abre un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo.

Otro artículo, el 102, establece que no pueden ser indultados los miembros del Gobierno que cometan delitos de traición o contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. En estos casos, la prerrogativa "solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".

La principal diferencia de la amnistía es que no solo supone la extinción de la pena, sino además el perdón del delito y la restitución de todos los derechos civiles limitados a modo de sanción. A efectos prácticos, si se aplica la amnistía es como si el delito nunca se hubiera cometido. A diferencia de los indultos, la amnistía no es una medida de gracia que se aplique de forma nominativa, sino que requiere la aprobación de una ley que 'proteja' a todos los ciudadanos condenados o encausados por determinados delitos.

"La amnistía no se aplica persona a persona. Suele estar vinculada a delitos políticos", aclara Legálitas. Así, por ejemplo, la Ley de Amnistía en España de 1977 condonaba los actos de intencionalidad política tipificados como delito durante el franquismo. "La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales correspondientes", aclaraba la norma aprobada durante la transición. Al tratarse de una ley orgánica, la aprobación de una hipotética ley de amnistía requeriría una mayoría cualificada del Congreso.

200.000 firmas para una ley de amnistía

En 2019, la mayoría independentista del Parlament de Cataluña se comprometió a trabajar para lograr una amnistía en caso de que el Tribunal Supremo condenara a los responsables del referéndum del 1 de octubre. No obstante, la mayoría de juristas coinciden en que la cámara regional no tiene competencias para aplicar una ley de amnistía, por lo que el único recurso viable era presentar su propuesta al Congreso.

Las entidades independentistas Ómnium Cultural y Amnistía i Llibertat han presentado este lunes más de 200.000 firmas para que la cámara baja tramite una ley de amnistía. Ello supondría perdonar los delitos cometidos por los presos del 'procés', pero también dejar sin efecto el encausamiento judicial de 3.000 personas que, bajo el criterio del soberanismo, serán juzgadas por defender sus ideas.