El ICF aprobó los avales del Tribunal de Cuentas en una reunión de dudosa legalidad

El Institut Català de Finances (ICF) aprobó los avales de 5,4 millones de este instituto de crédito público de la Generalitat para cubrir a los encausados por el Tribunal de Cuentas por la actuación exterior de la administración catalana entre 2012 en una reunión de dudosa legalidad que tuvo lugar el pasado miércoles día 21 de julio. Dos días antes, el lunes 19 de julio, habían dimitido tres consejeros independientes de la Junta de Gobierno del ICF, por lo que la reunión en la que se otorgó luz verde a los avales carecía de valor legal, ya que incumplía el Estatuto que rige los órganos de gobierno de la entidad.

Tres consejeros independientes de la Junta de Gobierno del Institut ICF dimitieron de su cargo el pasado lunes al estar en contra del aval. La Generalitat estuvo cinco días ocultando este hecho que reconoció ayer de manera oficial. Pero esta solo es una de las múltiples irregularidades que están salpicando unos avales que el ejecutivo de Pere Aragonès ha aprobado por decreto ley, en una pirueta legal que está encontrando un difícil encaje financiero.

Ayer 'La Vanguardia' desveló que la Junta de Gobierno se había reunido para votar los avales. Fuentes financieras cercanas al ICF explican que el consejero delegado Víctor Guardiola que tiene poderes para aprobar estos avales, se negó a hacerlo al considerar que se trataba de un riesgo conjunto de más de 5 millones y que, por tanto, tenía que pasar por la Junta de Gobierno.

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EFE El Confidencial

Para dar por válida esa reunión del pasado miércoles, el ICF optó por considerar a Víctor Guardiola un consejero independiente más. Pero en el informe de gobierno corporativo del propio ICF (pág. 6) se marcan los miembros de la Junta de Gobierno, con seis independientes, entre los que no se encuentra Víctor Guardiola, que como consejero delegado (CEO) es calificado como ejecutivo. Pero lo que marcan los Estatutos es que "La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida cuando se presenten a la reunión, presentes o representados, ya sea de manera física o a través de los medios de comunicación a distancia mencionados en el artículo anterior, la mitad más uno de sus componentes, y que dentro de estos se respete la mayoría de independientes tal y como se establece en el artículo 13.1 de este Estatuto (artículo 11.1)". Es decir, la reunión del pasado miércoles no fue "válidamente constituida". La Generalitat no ha respondido sobre esta cuestión.

Con esta situación de caos, y después de las múltiples mentiras con las que la Generalitat ha salpicado el caso, en la administración catalana esperan que el lunes el Tribunal de Cuentas no admita el aval del ICF. Sería lo mejor que les podría pasar.

Manipular el quórum

Con las dimisiones de los tres consejeros era necesario manipular el quórum para que la reunión fuese válida. Para eso Lluís Juncà (ERC) se abstuvo de participar, de manera que se mantenía la mayoría de consejeros independientes que marcan los estatutos del ICF para que una reunión de la junta se considere con validez legal. Así, quedaban todavía tres consejeros independientes, que votaron en contra por considerar que los estatutos del ICF impiden avalar a particulares, tres representantes de la Generalitat encabezados por el presidente del ICF, Albert Castellanos (ERC); el consejero delegado Víctor Guardiola, que se considera como independiente, aunque en realidad esta última clasificación es muy discutible. Al final, tres votos en contra, tres a favor, Guardiola se abstiene después de no haber querido firmar y Castellanos rompe el empate con su voto de calidad. Suerte que según la portavoz del ICF en su versión del pasado lunes "no había ninguna discrepancia".

El 'conseller' de Economía Jaume Giró ocultó las tres dimisiones en sede parlamentaria. "La verdad es que mis palabras de ayer de algo sirvieron —además, pues, de excitar todo tipo de gente—, y sirvieron para que haya recibido llamadas estas últimas horas de gente del Institut Català de Finances que me ha pedido, por favor, que por ellos no quede y que intentamos utilizar esta disposición adicional tal como está previsto en el decreto ley. Y, por tanto, esto es lo que haremos (aplausos). Esto es lo que haremos", según consta en la transcripción del Parlament de este miércoles. Visto lo visto, iniciar esta frase con "la verdad" parece a todas luces exagerado.

Jaume Giró ocultó la dimisión de los tres consejeros del ICF en sede parlamentaria

"Esta mañana he llamado al presidente Aragonés; lo hemos estado comentando, y él le ha parecido muy bien, y, por tanto, esta es la medida que utilizaremos. Con una generosidad, que quiero destacar, de toda la gente del Institut Català de Finances y también con la prudencia, pues, que recomienda la experiencia", añadió Giró, para quien sin duda, ese "toda la gente" no incluía a Francesc Casas, Virgínia Verger i Mercedes Domingo, los tres consejeros que habían dimitido tres días antes.

Las declaraciones de Giró en el Parlament fueron el miércoles, respondiendo a una interpelación de Elsa Artadi, de JxCAT. Pues bien. El martes había dado una rueda de prensa tras el 'consell' Executiu. En la rueda de prensa de más de una hora, Giró aseguró que el ICF no activaría los avales, una disposición transitoria recogida en el decreto ley, "para no poner en peligro a los funcionarios". Fuentes de Palau aseguran que Giró cambió de opinión por la presión de Pere Aragonès, que quería que el ICF avalase el planteamiento realizado por los Servicios Jurídicos.

Más mentiras

El pasado martes El Confidencial requirió al ICF sobre discrepancias en la Junta de Gobierno del instituto, el equivalente al consejo de administración. Ese día sus portavoces respondieron por escrito que "dada la naturaleza del decreto ley, no requiere de la aprobación por parte de la junta de gobierno, ni esta ha manifestado ninguna discrepancia en torno a esta actividad" para añadir que "la interlocución entre Giró y Guardiola es constante y fluida y, por tanto, el ICF está completamente alineado y de acuerdo con las decisiones tomadas por la 'conselleria' de Economía y de Hacienda".

Tras el escándalo, Víctor Guardiola queda desprestigiado como consejero delegado, Giró se ha quemado políticamente y el ICF rompe una década de neutralidad institucional que amenaza la petición de ficha bancaria que se está tramitando y que era una de las medidas estrellas en el área económica para esta legislatura. Además, el nuevo ejecutivo de la Generalitat queda enfrentado a muerte y no logra superar la situación de enfrentamiento que ya se vivió en la pasada legislatura.