Campaña de desprestigio contra el Tribunal de Cuentas, la "bestia negra" del 'procés'

El Tribunal de Cuentas es el nuevo enemigo a batir por el independentismo catalán. El órgano fiscalizador es el que embargó las cuentas y los bienes de los responsables del pseudo referéndum del 9 de noviembre de 2014, el que luego pidió el embargo de las cuentas y propiedades de los responsables del referéndum del 1-O y el que ahora pide el embargo de los responsables de la Generalitat por gastos no justificados en la internacionalización del ‘procés’ entre 2011 y 2017. El bolsillo duele. Y el Tribunal de Cuentas es tan implacable como Hacienda.

Por eso, el independentismo lo acusa ahora internacionalmente de ser un órgano "franquista" que persigue a la disidencia soberanista. La eurodiputada de ERC Laura Castel calificó la actuación del Tribunal de Cuentas de “acoso económico” ante el Consejo de Europa este lunes. Han puesto toda la maquinaria institucional a su alcance para atacar al Estado español. La Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), juntamente con la Asociación Catalana de Entidades de Investigación, hizo público un comunicado conjunto en el que señala que los rectores “queremos mostrar nuestra preocupación por la situación en que se encuentran diversos [sic] miembros de la comunidad universitaria y científica investigados por el Tribunal de Cuentas por sus responsabilidades políticas en materia de acción exterior durante los gobiernos de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017”.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El profesor Mas-Colell... érase una vez un independentista en Harvard

Nacho Cardero

No lo citan, pero se refieren a la situación de Andreu Mas-Colell, consejero de Economía de la Generalitat durante ese periodo. Àlex Mas, hijo del que fuera consejero de Economía en la época de Artur Mas, denunció en Estados Unidos: “En dos semanas, la casa de mis padres, su pensión y su cuenta pueden ser incautadas por las autoridades estatales sin el debido proceso. Esto tiene que ver con los acontecimientos de los últimos años en Cataluña”. Ese embargo se puede hacer efectivo el próximo 29 de junio, el día que precisamente Mas-Colell cumple 77 años.

Lo que dice el hijo, que es profesor en Princeton, es una media verdad: el “debido proceso” es el normal para este tipo de actuaciones. El embargo puede ejecutarse porque el Tribunal de Cuentas no es un organismo judicial, sino que es como Hacienda o Tráfico: un órgano administrativo. “Mi papá no tuvo nada que ver con la organización del referéndum ni con los hechos que ocurrieron. Lleva años vivienda una vida de jubilado. Y ahora, seis años después de su jubilación, ha sido objeto de un severo castigo financiero. El pasado mes, un ‘tribunal’ politizado y no judicial de controladores (‘Tribunal de Cuentas’) responsabilizó personalmente a 39 exfuncionarios del Gobierno de la mayor parte de los gastos (desde 2011) de una sección completa del Gobierno catalán”. ¿El motivo? “Utilizar fondos públicos para promover la independencia catalana y, en concreto, el referéndum de 2017, en el exterior”.

Fuentes del Tribunal de Cuentas, por su parte, señalan a El Confidencial que la investigación aludida se comenzó por un mandato del Congreso. Se pasó el tema a Fiscalía y Abogacía del Estado, que detectaron que podía haber responsabilidades contables y, a partir de ahí, se realizó el prolijo informe de más de 700 páginas. “Fiscalía dijo que parte de esa acción exterior no respondía a la finalidad y nosotros lo estudiamos. Pero, evidentemente, no todo se hizo mal en acción exterior, sino solo determinadas acciones puntuales”, subrayan las fuentes. Otra cosa es que después el independentismo mezcle los procedimientos penales que se siguen en los juzgados con esta instrucción administrativa, hable genéricamente de “represión del Estado español” y trate al Tribunal de Cuentas como si fuese un órgano jurídico, con el fin de tejer un relato victimista en el extranjero. Eso entra ya de lleno en la instrumentalización política que hace el soberanismo del informe sobre acción exterior.

Apoyos internacionales

Este martes, 33 premios Nobel y 20 economistas (entre ellos, Joseph Stiglitz, Paul Milgrom, Jean Tirole o Lars Hansen) publicaron un artículo en defensa de Mas-Colell. Resaltan que tiene un reconocido prestigio internacional y que el procedimiento del Tribunal de Cuentas “puede tener consecuencias desastrosas” para él. Aseguran, además, que no existe acusación concreta, pero que aun así “se enfrenta a la perspectiva de que se incauten todos sus bienes”. Añaden que “es una persona dedicada al bien público” y que “España fue muy afortunada de que un economista de la capacidad y talla del profesor Mas-Colell estuviera dispuesto a dedicarse al servicio público”. Según algunas fuentes, ese documento fue redactado por el propio hijo de Mas-Colell, que lo pasó a los amigos de su padre en universidades extranjeras para que lo firmasen.

TE PUEDE INTERESAR

El soberanismo recurre ante el Tribunal de Cuentas para evitar la quiebra de sus líderes

Marcos Lamelas. Barcelona

La denuncia de Àlex Mas atrajo la atención de destacadas personalidades, como Gerardo Esquivel, economista, subgobernador del Banco de México y alumno de Mas-Colell en Harvard. “Lamento enormemente la situación por la que está pasando mi querido exprofesor de micro, Andreu Mas-Colell. Un gran economista y mejor ser humano, que abandonó una cómoda carrera en Harvard por regresar a su país a contribuir en distintos ámbitos”. La European Economic Association emitió otro escrito de apoyo en el que califica a Mas-Colell de “uno de los académicos más influyentes en la profesión económica” y en la que resalta, igual que en el escrito de los economistas, su “espíritu de servicio inquebrantable”. La consejera de Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, recibió a Mas-Colell este lunes para escenificar su apoyo, mientras que el catedrático de Economía Financiera Oriol Amat (que incluso sonó para ser consejero) aplicaba un cierto bálsamo que tuvo recorrido internacional: “Muy preocupado por la situación en que se encuentran Andreu Mas-Colell, Albert Carreras y otros colegas, y con la esperanza de que el diálogo permita superar esta etapa y abrir un tiempo de razón y entendimiento”.

El peligro es inminente, porque el martes le pueden embargar las cuentas. Y ello, porque el Tribunal de Cuentas aprobó un informe (con un solo voto discordante) sobre el gasto público en acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, encontrando multitud de supuestas irregularidades. A partir del informe, inició un procedimiento para el embargo de las cuentas y propiedades de una cuarentena de altos cargos de la Generalitat en el periodo fiscalizado. Entre los que pueden ser embargados, figuran los ‘expresidents’ Artur Mas y Carles Puigdemont, el eurodiputado Jordi Solé, los exconsejeros Francesc Homs y Neus Munté y los recién indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.

TE PUEDE INTERESAR

Desaparecen las facturas de la 'embajada' catalana en Londres de 2016 y parte de 2017

A. Fernández. Barcelona

También está el responsable de acción exterior, Albert Royo, que declaró a El Confidencial que es el tercer embargo que tiene sobre la misma actuación. Royo fue imputado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y se le pidió un afianza de ocho millones de euros. Luego, llegó el Tribunal de Cuentas y le exigió otra fianza de 4,5 millones por los mismos hechos. Son actuaciones individuales, pero se refieren a los mismos delitos, por lo que puede haber una aberración jurídica en la actuación de los órganos fiscalizadores españoles.

Pero ello no quiere decir que ese sea un acto judicial: en realidad, el Tribunal de Cuentas es solo un órgano administrativo, similar a Hacienda o Tráfico, que no está formado por jueces (sus miembros son elegidos por el Congreso), pero que tiene capacidad sancionadora. El independentismo, ajeno a esa particularidad, acusa al Estado español de politizar la Justicia utilizando el Tribunal de Cuentas. Pero ni depende del Gobierno ni de la Justicia.

TE PUEDE INTERESAR

Dirigentes del 'procés' denuncian abuso judicial: "Nos piden fianzas que ya pagamos"

A. Fernández. Barcelona

El pasado fin de semana, el independentismo comenzó una campaña de recogida de firmas en Change.org para exigir al Tribunal de Cuentas que retire las acusaciones contra los encausados. Resalta el escrito que una consejera del tribunal votó en contra del informe y que se puede recurrir, “pero antes hay que avalar las multas”, y que ello supondrá “abuso de poder” y “persecución política”. Hasta este miércoles, la iniciativa había recogido casi 12.500 firmas, aunque su intención es alcanzar las 15.000.

“El soberanismo es mendaz”

Las peticiones de embargo, pues, han puesto al tribunal en el punto de mira de los radicales, que han comenzado una campaña internacional para denunciar que este organismo del Estado es “franquista” y que persigue al independentismo.

TE PUEDE INTERESAR

El Tribunal de Cuentas abre otro frente a los líderes del 'procés' por 35 M de las 'embajadas'

Pablo Gabilondo Beatriz Parera

Ramir de Porrata, un empresario con gran predicamento en Junts per Catalunya (JxCAT), ya que llegó a engrosar sus listas electorales, afirmaba que “es el equivalente actual del Tribunal de la Santa Inquisición”. Y subrayaba: “Es incomprensible que en una democracia el Tribunal de Cuentas pueda imponer multas millonarias sin ningún juicio”. En los partidos independentistas, no se duda en calificar ese órgano de “mafia institucional que interpone cuantiosas multas a los ciudadanos catalanes sin haber hecho ningún juicio”. Desde instancias políticas soberanistas, se insta a todas las entidades que provoquen reacciones internacionales sobre la ‘represión económica’ contra los catalanes.

“El soberanismo es mendaz. El Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo previsto en la Constitución, con capacidad para poner multas y reclamar sanciones. Órganos similares existen en todos los países. Incluso Cataluña tiene su propio Tribunal de Cuentas. Y Europa tiene también un Tribunal de Cuentas, cuyas funciones están muy claras en la legislación”, señalan a El Confidencial fuentes cercanas al Gobierno central. Estas fuentes resaltan que “es como el Consejo de Estado. Sus miembros son elegidos por las Cortes y es un órgano destinado a fiscalizar cómo se gasta el dinero público”.