El Tribunal de Cuentas embarga el piso de Artur Mas en Barcelona por el 9-N

El Tribunal de Cuentas ha procedido este martes al embargo de la casa de Barcelona del expresidente del Govern Artur Mas y de otras propiedades de los 'exconsellers' Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau en relación con la fianza de 5.3 millones de euros que se les impuso por su presunta responsabilidad contable en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Según confirman fuentes del organismo a El Confidencial, en concreto ha quedado embargada la casa de Mas en el calle Tuset de la capital catalana, el 50% de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), como adelantó El Mundo.

El Tribunal de Cuentas ha ejecutado los embargos una vez transcurrido el plazo para depositar la cantidad señalada y tras comprobar que los cerca de tres millones que fueron ingresados por el antecesor de Carles Puigdemont en la cuenta consignada por el organismo no llegaban a cubrir la caución completa. En uno de sus últimos escritos, los letrados ya señalaban que sus representados estaban procediendo a tasar diversos inmuebles de su propiedad, por si fueran necesarios "como último recurso" para llegar a cubrir la fianza.

Insistían como ya habían hecho en ocasiones anteriores, en la voluntad del 'expresident' de hacer frente a estos abonos "pese a la elevada cuantía de las liquidaciones provisionales" y reclamaban más tiempo al ver absolutamente injustificada la cuantía de la fianza ya que, según su criterio, no hubo malversación ni ninguna infracción contable.

Según informan a El Confidencial fuentes de la defensa, los bienes inmuebles se designaron y pusieron voluntariamente como garantía por Mas, Ortega, Rigau, Homs y otro excargo de la Generalitat, Jordi Vilajoana, que también ha sufrido el embargo. Subrayan que la liquidación y la garantía y, por tanto, el embargo "es provisional a resultas del juicio contable propiamente dicho que todavía no ha comenzado".

A la espera de que la Fiscalía presente demanda, la defensa se muestra "absolutamente disconforme con la liquidación" por entender que no ha habido infracción contable algo especialmente evidente, según su criterio, en relación con los 3,1 millones que se reclaman por unos ordenadores que están en poder del Departament de Ensenyament y afectos a un servicio público.

Los letrados también destacan que todos los contratos y facturas "son anteriores" a la providencia de 4 de noviembre de 2014 del Tribunal Constitucional en la que admitió a trámite por unanimidad el recurso del Gobierno contra la votación y suspendió sus efectos. Desde que el Tribunal de Cuentas fijara la fianza, el expresident realizó varios llamamientos para recaudar a través de donaciones solidarias las cantidades que se le exigían, logrando reunir 2,9 millones que no han evitado, sin embargo, los embargos.