El soberanismo recurre ante el Tribunal de Cuentas para evitar la quiebra de sus líderes

El Tribunal de Cuentas quería sumar el coste de la apertura de delegaciones exteriores de la Generalitat a su causa contra el 'procés', en donde se pide a diversos líderes 4,1 millones por el dinero público desviado para organizar la consulta del 1-O. Algunos de los encausados han presentado recurso contra la decisión de sumar el coste de las delegaciones exteriores en una liquidación complementaria que el Tribunal de Cuentas está elaborando, según apuntan fuentes de las defensas. La razón, la caja de resistencia está agotada y el incluir la apertura de delegaciones internacionales podría disparar la cantidad solicitada, multiplicándola hasta una cifra prohibitiva. El más perjudicado sería el 'exconseller' de Exteriores, Raül Romeva, ahora en la cárcel condenado a 12 años de prisión.

En el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas a la que ha accedido El Confidencial, se apunta que “el análisis de los gastos relativos al despliegue e incremento de delegaciones del Gobierno de la Generalitat en países de la Unión Europea y Estados Unidos que ha sido objeto de una fiscalización específica efectuada por este Tribunal de Cuentas, se realizará en un acta de liquidación complementaria”.

Según esta acta, “han sido acumuladas al presente procedimiento las actuaciones dimanantes de las diligencias preliminares n.º B-79/2019, relativas a las irregularidades reflejadas en el 'Informe de fiscalización', aprobado por el pleno de este tribunal el 28 de marzo de 2019”.

En dicho 'Informe de fiscalización', en su conclusión número 49, se explica el coste de esas nuevas delegaciones exteriores durante siete años: “El gasto total de las delegaciones durante el periodo 2011 a 2017 fiscalizado, que ha podido ser determinado por este Tribunal de Cuentas tras el análisis individualizado de los distintos componentes del mismo, recogidos en distintos programas presupuestarios, ha ascendido al menos a 27.216.590,67 euros. En dicho importe no se recoge, al no haber sido facilitado, el gasto de seguros sociales de los años 2011 a 2015 del personal de la Generalitat desplazado a las delegaciones, esto es, antes de que se creara el Daerit”.

La cifra final se ha de determinar y el Tribunal de Cuentas no tiene tan pautados los tiempos como un tribunal convencional. Tampoco a la hora de fijar plazos para contestar a los recursos que han presentado las partes. Además, como pasó con la que se reclama por ahora, habrá que añadir los intereses, ya que se considera una deuda con el Estado.

El Tribunal de Cuentas ha fijado en 27 millones el coste de las nuevas delegaciones exteriores de la Generalitat, pero no todo se imputará en la causa

El Tribunal de Cuentas reclama por diversos gastos irregulares a los encausados, que encabeza Carles Puigdemont, pero que incluyen 28 altos cargos de la Generalitat en aquella época —2017—, un total de 3,9 millones de euros, que se elevan a 4,1 millones incluyendo intereses. No está claro que el Tribunal de Cuentas incluya la totalidad de los 27,2 millones más, ya que la cifra se refiere a todas las aperturas desde 2011. Pero con solo que fuese un tercio de esa cifra, la cifra final de la reclamación se triplicaría: pasaría de 4,1 a más de 12 millones. La cifra total dedicada a la política exterior esos años fue muy superior: más de 416 millones, según se recoge en la conclusión 17, del mismo informe.

Romeva, el más afectado

El Tribunal de Cuentas imputa a cada responsable la parte del dinero malversado en función de sus responsabilidades concretas, por lo que el mayor impacto financiero recaerá sobre el 'exconseller' de Exteriores Raül Romeva. Por eso, solo una parte de los 28 encausados ha recurrido el intento de acumulación de cuantía en la nueva acta de liquidación complementaria.

El Tribunal de Cuentas solo se preocupa del reintegro del dinero malversado. Este encausamiento es paralelo al juicio penal, que ya ha tenido lugar en el Tribunal Supremo y está separado también de la treintena de altos cargos que serán juzgados en la Audiencia de Barcelona. La reclamación de fondos públicos gastados de manera irregular es paralela y responde a un mecanismo legal que opera de manera independiente.

Al margen de los indultos

Este proceso de la reclamación, por lo tanto, evoluciona al margen de los dos ejes de distensión en Cataluña que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez: la reducción de penas para sedición y el indulto para los condenados. El independentismo no lo dice pero cuando, por ejemplo, rechaza los indultos es porque no detienen mecanismos legales como el del Tribunal de Cuentas, que afecta a los encausados, no en su libertad ni en sus derechos políticos —inhabilitaciones—, sino en el bolsillo. Sin embargo, para buena parte de sus votantes dejarían de ser percibidos como víctimas.

Por eso, el Tribunal de Cuentas ha sido una de las vías favoritas a las que han recurrido Sociedad Civil Catalana y otras entidades constitucionalistas para presionar al soberanismo. Una batalla sorda y muy técnica, pero donde los responsables del 'procés' se juegan millones.