El gasto de política exterior de la Generalitat amenaza a Mas, Junqueras y Puigdemont

Los gastos que desplegó la Generalitat en su política exterior entre los años 2011 y 2017 amenazan ahora a Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, además de otros 33 antiguos altos cargos de la administración catalana que han sido citados por el Tribunal de Cuentas para el próximo 29 de junio, según consta en las actuaciones previas a las que ha tenido acceso El Confidencial. Una acción judicial de Sociedad Civil Catalana planteó ante el Tribunal de Cuentas que todos los gastos de Exteriores que desarrolló la Generalitat durante esa fase del “procés” fue malversación pues sólo buscaban culminar la estrategia de secesión de octubre de 2017. El Tribunal de Cuentas en principio les pidió 4,1 millones de euros. Pero ahora se refiere a la propuesta de liquidación complementaria fijando responsabilidades y que puede incrementar muchísimo esta cifra.

Fuentes de los servicios jurídicos de la Generalitat, que también ha sido citada como parte calculan que la nueva cifra que fije el Tribunal de Cuentas podría oscilar entre los 25 y los 35 millones. De hecho, la respuesta a esta acción del Tribunal de Cuentas, que se esperaba desde hace un mes, ha sido objeto de debate en la negociación entre ERC y JxCAT para constituir la nueva Generalitat. Tampoco en este punto ha habido acuerdo.

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Entre los citados se encuentran Raül Romeva, Jordi Turull, Francesc Homs, Neus Munté y Andreu Mas Colell, pero también hay secretarios generales como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluis Betran, Albert Carrers, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villòria. Incluso hay hasta delegados de oficinas exteriores como el entonces responsable de la delegación de París, Martí Anglada.

La cifra que exige el Tribunal de Cuentas va más allá de lo que marcó el Tribunal Supremo, que nunca fijó la malversación, aunque si condenó a Junqueras y a diversos de presos del 'procés 'por este delito.

En principio los gastos que se consideraron se fijaron en 4,1 millones. Y eso incluía la web y la aplicación del referéndum (171.357 €), gastos de rehabilitación del CTTI (1,4 millones), el registro de residentes en el exterior (182.572 €), la campaña Civismo (357.068 €), los gastos relativos a Unipost (1,25 millones), la cartelería del referéndum (65.730 €), la campaña internacional de la Generalitat (63.735 €), la invitación de grupos parlamentarios europeos (88.643 €) o los observadores internacionales de la votación (366.664 €).

Ahora se amplía este gasto a las aperturas de delegaciones exteriores, la actuación del Diplocat o parte del presupuesto de Exteriores durante ese período y al grueso de la política exterior, con lo que la cantidad se amplía y la situación se complica mucho para los implicados.

Una cifra tan alta complicará mucho que se pueda cubrir con nuevas aportaciones a la caja de solidaridad. Si no es así los encausados tendrán que responder con su patrimonio o con sus ingresos que podrían ser embargados.