La paradiplomacia de la Generalitat crece al calor de la ausencia de Gobierno en Madrid

La prolongación en el tiempo del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está dando alas a la rápida expansión de la estructura de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, liderada por el independentista Quim Torra. Desde mayo pasado, una vez superado el paréntesis que supuso la aplicación del artículo 155 desde octubre de 2017, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) ha reabierto o inaugurado 12 ‘embajadas’ repartidas por países de Europa y en distintos lugares de Estados Unidos.

En 2013, solo existían cuatro, las de Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, pero antes de que finalice este año, la Consejería de Asuntos Exteriores que dirige Albert Bosch pretende abrir nuevas delegaciones en Argentina, México y Túnez. Esto ha motivado que la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Exteriores, presentara la semana pasada un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para frenar ese proceso de propagación de la paradiplomacia independentista. Esas ‘embajadas’ causan “perjuicios de difícil o imposible reparación a la imagen de España y a la política exterior española”, se lee en el texto del recurso.

Una sentencia del Tribunal Supremo de febrero pasado había avalado la liquidación del Diplocat, aunque fuera restituido apenas tres meses más tarde. En defensa de su disolución, el abogado del Estado se mostró contundente ante los jueces del alto tribunal en la definición de los objetivos de esas ‘embajadas’: “Difundir el proceso secesionista y explicarlo ante las autoridades de terceros países y organismos internacionales con la finalidad de convencerlos de que Cataluña es una nación ‘singular’, que ya ha sido independiente y quiere recuperar su independencia”.

La presentación del recurso del Estado ante el TSJC para evitar la apertura de otras tres delegaciones exteriores coincide casi en el tiempo con la polémica entrada en el consejo del Diplocat de la socialista Laia Bonet, quien es titular de una de las áreas de gobierno del consistorio presidido por Ada Colau: la tercera tenencia. Bonet se ha mostrado siempre en contra de la aplicación del 155. Unos días antes de su puesta en marcha, la exdiputada del Parlament firmó junto a otros socialistas catalanes un manifiesto en el que rechazaban la intervención de la Generalitat por el Estado y acusaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy de “hacer una interpretación abusiva de la norma” de “una manera absoluta y brutal”.

Una portavoz del consistorio barcelonés aseguró a este diario que Bonet se une al consejo del Diplocat en representación del ayuntamiento, ya que su área de gobierno comprende la competencia en relaciones internacionales. La política socialista no se puso al teléfono para hablar con El Confidencial.

417 millones gastados en siete años

El servicio de acción exterior de la Generalitat costó a las arcas del Estado 417 millones de euros entre 2011 y 2017, de acuerdo con un informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo. El año del referéndum del 1-O, el gasto se disparó hasta superar los 82 millones.

También el gasto de las ‘embajadas’ se incrementó en 2017. Ese año, el Diplocat y sus ‘embajadas’ tiraron la casa por la ventana para vender el referéndum del 1-O. Gastaron cinco millones de euros, el doble que en 2016. Si el TSJC no frena la expansión de las delegaciones hasta las 15 a finales de este año, la suma del desembolso para promocionar la independencia irá en aumento.

El juzgado número 13 de Barcelona se encarga de investigar ese despilfarro denunciado por el Tribunal de Cuentas. La causa que instruye Alejandra Gil Lima se sigue principalmente contra la actuación de funcionarios y asesores del Govern por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, prevaricación y revelación de secretos en los preparativos del 1-O.

Entre las más de 30 personas que están siendo investigadas por Gil Lima, se encuentra el exjefe del Diplocat Albert Royo. Asimismo, están imputados Amadeu Altafaj, exjefe de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea en Bruselas, y Manuel Manonelles, máximo responsable de la ‘embajada’ en Suiza, que está acreditada ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena.

La imputación de Manonelles no le impide seguir al mando de la delegación de la Generalitat en el país alpino. El recurso del Ministerio de Exteriores presentado ante el TSJC indica que Manonelles no tiene ni quiere tener relación alguna con la embajada española de Berna, sin embargo, sí está en contacto permanente con “las instituciones federales, cantonales y locales” de Suiza. Su actividad está centrada “en promover el proceso independentista unilateral”, subraya el escrito del recurso.