El Diplocat mantuvo parte de su actividad durante la aplicación del artículo 155

A comienzos del pasado mes de mayo, el presidente del Gobierno de la Generalitat, Quim Torra, sonreía a la cámara de un fotógrafo de la Agencia EFE en la reapertura oficial del servicio de asuntos exteriores catalán o Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, más conocido por el nombre de Diplocat. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 había impedido el normal desarrollo de la acción exterior proindependentista del Govern.

El 'marketing' exterior del 'procés' siempre fue una de las prioridades de los Gobiernos catalanes presididos por Artur Mas y Carles Puigdemont para proyectar una buena imagen mundial del soberanismo catalán. Esta idea no es menos esencial para Torra, quien tuitea el 2 de mayo la puesta en marcha del renovado Diplocat. La reapertura se escenificó mediante una reunión del 'president' con los funcionarios y representantes de la estructura de acción exterior de la Generalitat. En la foto, a la izquierda de Torra se sentaba la nueva secretaria general del Diplocat, Laura Foraster.

El día 10 de julio pasado, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña entregó documentos oficiales de la Generalitat por un requerimiento de la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil Lima, que investiga los posibles delitos en la planificación y celebración ilegales del referéndum del 1 de octubre de 2017. El Confidencial ha tenido acceso a toda esa documentación entregada por la división de la Policía Judicial del Instituto Armado.

En la causa del juzgado número 13 se investiga a decenas de procesados en relación al referéndum del 1-O y al diseño y la creación de estructuras de estado para una hipotética futura república catalana. La instrucción camina en paralelo al denominado juicio del 'procés' en el que el Tribunal Supremo juzga a responsables políticos independentistas. La causa de Barcelona se sigue principalmente contra la actuación de funcionarios y asesores del Govern por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O.

Durante el periodo de aplicación del 155 altos funcionarios de la Generalitat echaron un pulso al Estado y defendieron las acciones del Diplocat

A fecha de hoy, más de 30 personas están siendo investigadas por esa instrucción del juzgado barcelonés. Entre ellas, se encuentra, el exjefe del Diplocat, Albert Royo. Asimismo, dentro de la estructura del Diplocat están imputados Amadeu Altafaj, exjefe de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea en Bruselas, y Manuel Manonelles, máximo responsable de la ‘embajada’ en Suiza que está acreditada ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena. Este último declarará el próximo día 24 de julio ante la juez instructora Alejandra Gil.

La causa que reside en el juzgado barcelonés sobre el ‘procés’ investiga si se ajusta a la legalidad que la Generalitat invirtiera 417 millones de euros de caudales públicos entre 2011 y 2017 para fomentar su acción exterior. Un informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo pasado y añadido al sumario recoge esa cantidad.

La documentación entregada en julio por la Guardia Civil a la magistrada Gil Lima pone de manifiesto que el Diplocat no solo desarrolló una actividad frenética en los meses previos a la celebración del referendo del 1-O, sino que incluso durante el periodo de aplicación del artículo 155 altos funcionarios de la Generalitat mantuvieron el pulso al Estado y defendieron las actuaciones previas del Diplocat.

A modo de ejemplo de esa deriva, el Instituto Armado acredita cómo el contrato de mejora de la aplicación digital del denominado ‘Registro de Catalanes en el Exterior’ fue adjudicado en mayo de 2017 a la empresa alemana T-Systems a cambio de 25.886 euros. La gestión del servicio recayó en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el organismo adjudicador fue el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat.

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A T-Systems Iberia, filial de Deutsche Telekom y cuyo tercio de participaciones está en manos del Estado alemán, había creado ya la aplicación para la primera consulta independentista de 2014 porque para el Ejecutivo de Artur Mas era imprescindible hacer partícipes del referendo a los catalanes que vivieran más allá de las fronteras de Cataluña. No obstante, T-Systems se convirtió en la tecnológica favorita del Govern para desarrollar estructuras de estado para la hipotética futura república catalana, de acuerdo con los informes elaborados por la Guardia Civil que están en poder de este diario.

No en vano, Rosa María Rodríguez Curto, directora general de servicios de T-Systems Iberia está imputada en la causa del juzgado de instrucción 13 por malversación de fondos públicos.

Ese censo de catalanes residentes en el extranjero había tenido el aval legal mediante la sanción del decreto 71/2014, del 27 de mayo, publicado por la Generalitat y, posteriormente, gracias a la Ley 8/2017, del 15 de junio, sobre la comunidad catalana en el exterior. Además, en la Ley del referéndum de autodeterminación, aprobada por el Ejecutivo de Carles Puigdemont cuatro semanas antes de la celebración del 1-O, se establecía como prioritario en su artículo 32.2 que había que “garantizar el derecho a voto de los catalanes residentes en el exterior”.

Las tres legislaciones autonómicas que aluden al registro de catalanes residentes en el extranjero se armaron justo unos meses antes de las consultas independentistas.

Lo llamativo resulta que aun estando vigente la aplicación del artículo 155 desde finales de octubre de 2017, durante los meses posteriores, el Diplocat siga reclamando a la Intervención el pago de los 25.886 euros al CTTI y, por tanto, a T-Systems.

La directora de Servicio del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia (equivalente al Diplocat antes del 155), Marta Garsaball, defiende en su correspondencia con la Intervención General de la Generalitat y ante los requerimientos judiciales y policiales que la mejora del registro de catalanes en el exterior no implicaba “ningún acto esencial ni secundario que ayudara a la celebración del referéndum” del 1-O. Marta Garsaball está imputada por un supuesto delito de falsedad documental en el procedimiento abierto en el juzgado de instrucción 13.

Un interventor delegado ‘ad hoc’ para el periodo de aplicación del 155 devolvió la factura el 10 de enero de 2018 y expresó al Servicio de Gestión Económica su disconformidad a que fuera abonada.

La respuesta de Garsaball y su departamento consistió en reclamar de nuevo el pago de la factura en los siguientes meses de 2018, cuyas beneficiarios eran CTTI y T-Systems, e insistió en desvincular la creación y mejora de la aplicación del registro a la celebración de la consulta. Garsaball, en plena intervención estatal de la autonomía catalana, defendió en su correspondencia oficial que ese contrato de servicios que se adjudicó T-Sytems no suponía ilegalidad alguna.

Todas esas cartas y documentos están ahora en manos de la magistrada Alejandra Gil para ser analizados y estudiar si finalmente los investigados son condenados por delitos tan graves como malversación de caudales públicos o revelación de secretos.