Contratos "de investigación" a dedo: así pagó la Generalitat a los observadores del 1-O

Por esa razón, la Generalitat nunca reparó en gastos para garantizar ese respaldo. Un informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo pasado señalaba que entre 2011 y 2017 la Generalitat había invertido 417 millones de euros de caudales públicos para esos fines. Según reveló el Tribunal de Cuentas, la acción exterior independentista centralizada administrativamente en Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, también conocido como Diplocat, solo empleó 60,5 millones en ese periodo de siete años para el programa 231 de relaciones exteriores, pero al final otras muchas partidas presupuestarias se originaron en diferentes organismos del Ejecutivo regional catalán para alcanzar la suma de los 417 millones referidos.

Así lo refleja de forma muy pormenorizada la documentación incorporada a la causa abierta en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a la que ha tenido acceso El Confidencial. Los múltiples documentos del sumario sobre la acción catalana pro soberanista incluyen facturas con todos sus detalles, textos de informes encargados a organismos y consultores internacionales, transferencias bancarias, bases de datos que recogen miles de asientos de gastos en la acción exterior independentista, la minuta de los contratos y otros muchos tipos de escritos en diferentes formatos electrónicos.

En la causa del juzgado número 13 se investiga a decenas de procesados por planificar el referéndum del 1-O de 2017. Transcurre en paralelo al denominado juicio del 'procés' en el que el Tribunal Supremo juzga a responsables políticos independentistas aforados. La causa de Barcelona se sigue principalmente contra la actuación de funcionarios y asesores del Govern por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O.

En lo que respecta a los 14 observadores internacionales contratados a dedo por la Generalitat y su Diplocat en las semanas previas al referéndum del 1 de octubre de 2017, las arcas públicas catalanas invirtieron hasta 206.567 euros para que el llamado Equipo Internacional de Expertos en Investigación Electoral (IEERT, por sus siglas en inglés) acudieran a vivir ‘in situ’ el antes, el durante y el después de la jornada del referéndum del 1-O y elevaran un informe independiente sobre el contexto político de Cataluña en el periodo justo a la consulta no autorizada por el Tribunal Constitucional. El día de la votación prohibida por el Tribunal Constitucional estuvieron en las ciudades catalanas de Barcelona, Figueras, Gerona, Lérida y Tarragona para seguir a pie de urna el desarrollo del referéndum.

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Esos observadores internacionales, cuya jefa de misión desde el 4 de septiembre hasta el 6 de octubre fue la neozelandesa Helena Catt, presentaron ese mismo otoño el titulado ‘Análisis del contexto político de Cataluña en el periodo previo al referéndum de independencia de Cataluña 2017’. En el equipo de observadores había expertos en procesos electorales y prácticas democráticas, analistas de medios de comunicación, consultores políticos, juristas y economistas. Los países de donde provenían eran Francia, Irlanda, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Sus contratos con la Generalitat siempre se hicieron sin publicidad, según indica la documentación oficial del propio Ejecutivo autonómico en poder de El Confidencial, y la figura usada para justificarlos consistió en denominarlos como “proyectos de investigación”.

Las licitaciones relacionadas con las actividades de los observadores internacionales (servicios administrativos, logística de los viajes de los expertos, alquiler de despachos, chóferes a sus órdenes a lo largo y ancho de Cataluña) también se realizaron sin publicidad o mediante contratos menores.

Entre todos los observadores, cobraron 105.000 euros por unos días de trabajo en el entorno temporal del 1-0. Además, la logística de sus viajes y su alojamiento, el alquiler de su lugar de trabajo en Barcelona y el abono de los servicios administrativos complementaron las partidas de gastos de este misión internacional de observadores hasta los 206.567 euros. Lloyd Dalziel ejerció como jefe de proyecto de la misión. Este canadiense experto en procesos electorales y que ha trabajado en multitud de países en vías de desarrollo (Afganistán, Sudán, Timor Leste, Egipto, Ucrania, Haití) facturó a la Consejería de Exteriores que lideraba entonces el hoy encausado Raül Romeva un total de 24.500 euros en tres pagos diferentes por participar en la elaboración del informe sobre el contexto político de Cataluña entre el primeros de julio y el 6 de octubre de ese año 2017.

Todos los contratos establecidos con los observadores fueron firmados por Albert Royo, secretario general del Patronat Catalunya Món y Consell de Diplomácia Pública de Catalunya (PCM - Diplocat). Royo autorizaba todos los acuerdos con los expertos internacionales y el pago de sus honorarios que siempre se hacían desde una cuenta oficial de Diplocat en el CaixaBank.

La Generalitat siempre negó oficialmente que los observadores hubieran recibido emolumentos por su labor. De hecho, la ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación sancionada por el Ejecutivo de Puigdemont prohibía que el presupuesto oficial cubriera ese gasto. En el artículo 10.2 de esa ley se especificaba lo siguiente: “Las administraciones públicas catalanas deben mantenerse neutrales en la campaña electoral y abstenerse de utilizar sus recursos presupuestarios para favorecer cualquiera de las opciones en la campaña del referéndum".

El propio Alberto Royo, investigado por estos hechos en el Juzgado 13 de Barcelona, declaró como testigo en el juicio del ‘procés’ que se sigue en el Tribunal Supremo. En sede judicial, obligado por ley a decir la verdad como testigo, Royo dijo en marzo pasado lo siguiente: "No dimos ningún honorario a observadores internacionales". Añadió el responsable del Diplocat: “No era observadores, eran visitantes internacionales (…) Querían estar en esas fechas para ver lo que sucedía". Los documentos firmados por el propio Royo (contratos de servicios, transferencias bancarias, convenios con organizaciones no gubernamentales) que están en el sumario del juzgado de instrucción 13 de la capital catalana ponen en serias dudas su testificación ante el Tribunal Supremo.

Por su lado, la jefa de la misión de observadores, Helena Catt, admitió ante los magistrados del Tribunal Supremo en marzo que el Diplocat se había encargado de abonar sus servicios mediante "transferencia bancaria", pero fue incapaz de explicar con qué líderes independentistas se había reunido durante el tiempo que pasó en Cataluña entre verano y comienzos de otoño de 2017. "No sé lo que hacían más allá del referéndum, se nos presentaron como gente que nos daba información sobre lo que pasaba en el referéndum", llegó a decir con una sonrisa. Tampoco aclaró quién la nombró coordinadora del grupo de 'observadores' ni por qué. "No sé si me nombró John Ault [otro de los expertos y segundo responsable del proyecto de elaboración de un informe] porque estaba en su equipo, o si me nombró Diplocat".

La memoria de la observadora Helena Catt se mostró quebradiza ante el presidente de la Sala del Tribunal Supremo del juicio del 'procés', Manuel Marchena, pero los documentos y los datos son amores. El 23 de junio de 2017, Catt, jefa de la misión de observadores internacionales, firmó junto a Albert Royo un contrato por el que la ligaba hasta el 6 de octubre a servir a los intereses políticos del Diplocat. El 19 de octubre, el Diplocat envió una transferencia a la experta neozelandesa a su cuenta del Royal Bank of Scotland por el conjunto de su retribución: 8.775 euros.

La documentación prueba que 14 elegidos a dedo por la Generalitat recibieron remuneración y las facilidades logísticas para viajar a Cataluña

Lo que resulta evidente de las declaraciones de los observadores en el juicio del 'procés' y en los cientos de documentos que versan sobre su misión de control de la legitimidad democrática del referendo y que están en manos de la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil Lima, y de este diario es que todos ellos cobraron una remuneración por su labor. La documentación existente prueba que los 14 elegidos a dedo por la Generalitat recibieron todas las facilidades logísticas para viajar a Cataluña y seguir de cerca el antes, el durante y el después de la consulta del 1-O, y que, por tanto, el propio Ejecutivo catalán contravino la ley que aprobó el 6 de septiembre de 2017 para regular la celebración de la votación al no mantenerse neutral en el trato otorgado con los observadores internacionales.

Las 'embajadas' estuvieron muy activas el 1-O

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña disolvió temporalmente el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya o Diplocat tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O apoyado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Pero en mayo pasado, el 'president' Quim Torra lo reactivó. Y, por tanto, las 'embajadas' catalanas por el mundo se siguen expandiendo.

En las fechas cercanas a la consulta del 1-O, hubo dos delegaciones de la Generalitat especialmente activas: la representación en Bruselas ante las instituciones de la Unión Europea y la de Suiza ante los organizaciones internacionales radicadas en Viena, París, Ginebra y Estrasburgo. Ambas llegaron a formalizar contratos de consultoría con The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), un 'think tank' de Países Bajos que se dedica a realizar servicios de consultoría sobre política internacional, diplomacia, ciberseguridad, 'lobby' en instituciones internacionales o análisis de riesgos, entre otras cuestiones.

Las 'embajadas' de Bruselas y Ginebra de la Generalitat contrataron los servicios de HCSS para que ejerciera 'lobby' entre las organizaciones comunitarias y de organismo de Naciones Unidas con el objetivo de que Cataluña encontrara un lugar en la arena de la geopolítica internacional como nuevo estado. Para ello, la delegación del Govern en Bruselas desembolsó 167.065 euros en la cuenta bancaria de HCSS en ING Direct allá por agosto de 2017, mientras que la legación catalana en Ginebra hizo una transferencia similar de 172.400 euros en septiembre de ese mismo año.

En septiembre de 2017, el director del HCSS, Paul Sinning, señaló a 'El País' que la misión en Cataluña del 'think tank' que encabezaba no estaba financiada por la Generalitat, palabras que desmienten los papeles en poder de El Confidencial. El jefe de la misión del HCSS, el diplomático holandés Daan Everts, comentó al reportero de 'El País': “No me importa de dónde viene el dinero. No estoy en el bolsillo de ningún Gobierno. No tenemos ningunas instrucciones. No las aceptaríamos”. Las facturas en poder del sumario que residen en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que tiene archivadas este medio sí son locuaces sobre quién abonó los servicios al grupo de cabildeo del HCSS: el Diplocat.