QUERÍAN EVITAR UN DESOBEDIENCIA CIVIL GENERAL

Los papeles del arquitecto del 'procés': "Es imprescindible el monopolio de la fuerza"

Los artífices del 'procés' sostenían en sus informes que era necesario "el monopolio público de la fuerza sobre el territorio y la población" tras la proclamación de la independencia en 2017

Foto: El presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, junto al 'conseller' de la Presidencia, Francesc Homs (i) en 2014.(EFE)
El presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, junto al 'conseller' de la Presidencia, Francesc Homs (i) en 2014.(EFE)

Las cabezas pensantes del 'procés' tenían claro que les asistía la legitimidad de luchar por una Cataluña independiente por encima de la legalidad vigente en el Estado español y que esa razón política respaldaba plenamente su desobediencia institucional. Así lo recoge un amplio informe de la Guardia Civil que ha sido remitido recientemente al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y al que ha tenido acceso El Confidencial.

La causa abierta en ese juzgado, cuya titular es Alejandra Gil Lima, investiga a decenas de procesados por planificar el referéndum del 1-O de 2017. Transcurre en paralelo al denominado juicio del 'procés' en el que el Tribunal Supremo juzga a responsables políticos independentistas. La causa de Barcelona se sigue principalmente contra la actuación de funcionarios y asesores del Govern por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O.

En su dosier de más de mil páginas, la Benemérita califica a Carles Viver Pi-Sunyer (Tarrasa, 1949) como el "arquitecto" y "auténtico artífice" de la hoja de ruta oficial de la Generalitat "para declarar y proclamar la independencia" que comenzó a fraguarse en firme en 2014. Este jurista y académico fue designado en febrero de 2013 por el entonces Gobierno de Artur Mas como presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional. A Carles Viver, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional entre 1992 y 2001, la juez también le imputa un supuesto delito de sedición.

Se planteó la conveniencia de crear, tras la declaración de independencia, un ejército destinado a defender la república ante el Estado español

El registro de su despacho profesional en la sede del Instituto de Estudios de Autogobierno de la capital catalana dio como resultado la incautación de numerosa documentación que la Guardia Civil ha organizado y analizado para adjuntarla al sumario del juzgado de instrucción de Barcelona. Del análisis de los agentes se desprende que Carles Viver fue "uno de los principales autores intelectuales" del asesoramiento jurídico y político para "la creación del estado catalán independiente de España en forma de república".

Carles Viver (dcha) junto al presidente Artur Mas y otros miembros del Govern en 2015.(EFE)
Carles Viver (dcha) junto al presidente Artur Mas y otros miembros del Govern en 2015.(EFE)

Una de las obsesiones de Carles Viver y sus colaboradores a la hora de elaborar la hoja de ruta hacia un estado catalán era la seguridad interna inmediatamente posterior a la proclamación de la independencia a finales de 2017. Entre la documentación decomisada a Viver y que la Guardia Civil aporta al juzgado de Barcelona se halla un informe titulado 'La seguretat interna i internacional de Catalunya'.

Uno de los fragmentos de esos escritos señalaba la necesidad del "ejercicio del monopolio público de la fuerza sobre el territorio y la población de Cataluña". Añadía: "[Ese monopolio] nos aleja de la desobediencia institucional inmaculadamente pacífica. La desobediencia contagiosa es menos tolerable que la aislada. En general, la desobediencia civil, a diferencia de la institucional, es menos tolerable".

El Instituto Armado interpreta estas afirmaciones para explicar en el informe enviado al juzgado de instrucción 13 que los autores intelectuales temían que un posible alzamiento de la ciudadanía contra sus planes pudiera "generar dos males conectados: tiranía y anarquía". Los documentos creados por los autores intelectuales del 'procés' contemplaban "un escenario de enfrentamientos", cuyas repercusiones debían ser previstas y contrarrestadas con un mayor reforzamiento de los Mossos d'Esquadra y de las policías locales de Cataluña.

Parte del informe de la GC (arriba) y de un escrito elaborado por Viver y su equipo (abajo)
Parte del informe de la GC (arriba) y de un escrito elaborado por Viver y su equipo (abajo)

La seguridad comenzaría, de acuerdo con lo especificado en el informe 'La seguretat interna i internacional de Catalunya', con la disposición de 17.000 agentes de los Mossos, 11.000 policías municipales y 18.000 efectivos de personal de emergencias entre bomberos y de protección civil. Más tarde planeaban la formación de un ejército propio y de servicios de Inteligencia.

Párrafo del informe 'La seguretat interna i internacional de Catalunya' del Consell Assessor per a la Transició Nacional
Párrafo del informe 'La seguretat interna i internacional de Catalunya' del Consell Assessor per a la Transició Nacional

Las pesquisas de la Guardia Civil de las actividades de Carles Viver dieron como resultado que se interceptaran correos electrónicos intercambiados entre este y el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep Maria Jové i Lladó. En mayo de 2017, "se planteó la conveniencia de crear, tras la declaración de independencia, un ejército destinado a defender la república ante, entre otros, los riesgos que podrían prevenir del Estado español", reza en el dosier de la Benemérita.

Por sus labores en favor de la independencia, Viver percibió 118.000 euros brutos en 2015, según recogen las indagaciones de la Guardia Civil. Después, sabiéndose observado y vigilado, solicitó a la Generalitat que su asesoramiento fuera mayormente de tipo verbal por razones de "urgencia, necesidad, discreción o confidencialidad con el objetivo de protegerse de posibles 'interferencias' u 'Operaciones Catalunya", escribió el exjuez del Tribunal Constitucional.

"Referéndum o referéndum (sin adjetivos)"

El Gobierno de Artur Mas encargó a Carles Viver la misión de "identificar e impulsar estructuras de estado, los aspectos necesarios para llevar a cabo la consulta sobre el futuro político de Cataluña y la difusión del proceso de transición nacional entre la comunidad internacional", según se lee en el informe elaborado por el Instituto Armado. Después de lograr la posible independencia, el exmagistrado del Tribunal Constitucional también se encargaría de impulsar, coordinar e implementar la culminación del proceso y el seguimiento de que las estructuras del deseado nuevo estado funcionaran correctamente, desde una agencia tributaria hasta un banco central, pasando por la creación de un ejército propio catalán o un ministerio de exteriores.

Viver mantuvo un gran contacto en esos años con Josep Maria Jové i Lladó. En una agenda Moleskine intervenida por los agentes del Instituto Armado al secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda se refleja que tras una reunión con Carles Puigdemont en septiembre de 2016 había apuntado que se celebraría un "referéndum o referéndum (sin adjetivos)" en julio de 2017 "sí o sí".

Fragmento de las anotaciones de Jové i Lladó en una Moleskine
Fragmento de las anotaciones de Jové i Lladó en una Moleskine

En otra página de la Moleskine, Jové i Lladó anotaba unos esquemas de una reunión habida con Carles Viver en agosto de 2015. El jurista le había enumerado las cuatro etapas de la hoja de ruta por seguir: "1. Declaración; 2. Proclamación; 3. Ley Fundacional; y 4. Ley Proceso Constitucional". De ahí la importancia que las investigaciones policiales otorgan al papel de Viver en el 'procés'.

Anotaciones de Jové i Lladó en su agenda intervenida por la Benemérita
Anotaciones de Jové i Lladó en su agenda intervenida por la Benemérita

En las conclusiones del informe que remitió la Guardia Civil a la magistrada del juzgado de instrucción 13 se da por hecho que Carles Viver "participó en el diseño, coordinación e implementación de la estrategia de secesión de Cataluña del resto de España". El veredicto de un magistrado dictaminará si las afirmaciones de la Guardia Civil están bien fundadas.

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