El Supremo pregunta si los condenados del 'procés' han depositado el dinero malversado

El tribunal de la causa del 'procés' ha acordado este lunes solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a las personas condenadas en esta causa, estén en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña. Este requerimiento fue solicitado por la Abogacía del Estado en relación al expediente que se sigue por las peticiones de indulto a dichos condenados.

En concreto, la Sala II del Supremo, a través de un oficio, pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.

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Beatriz Parera

Como informó El Confidencial, el Gobierno lo tendrá un poco más fácil para justificar el indulto a los presos del 'procés' en el caso de que, como ha anticipado varias veces, decida hacerlo. La Abogacía del Estado señaló el camino para armar un apoyo a la medida de gracia. En un escrito remitido al Tribunal Supremo, los servicios jurídicos estatales reclamaron que se pregunte al Tribunal de Cuentas si los condenados por el 'procés' han devuelto ya las cantidades reclamadas por destinar fondos públicos a sufragar el referéndum.

Los afectados lo hicieron en 2020 aportando, con cargo a la caja de solidaridad, 4,1 millones de euros que el organismo exigía como fianza. Esa aportación que cubriría la responsabilidad contable, abre la vía para considerar que el daño al erario ha sido ya subsanado y facilitará el gesto. En el escrito que adelantó 'El Español', la Abogacía del Estado considera relevante antes de posicionarse que se le indique si existen cantidades devueltas. El Tribunal Supremo solicitó su informe, además del de la Fiscalía, considerando que la personación en el procedimiento vino justificada por el perjuicio provocado al Estado. El TS no cuantificó la cantidad exacta en su condena por malversación y el delito quedó en manos del Tribunal de Cuentas. Este cuantificó de forma provisional el daño económico generado en algo más de cuatro millones, aunque otros cálculos, como el de la Fiscalía, elevan la cantidad hasta los ocho millones.

Una vez establecido este monto provisional, el órgano reclamó la fianza a más de 20 personas

Una vez establecido este monto provisional, el órgano reclamó la fianza a más de una veintena de personas, entre miembros del Govern y cargos públicos implicados. A diferencia de lo sucedido en el juicio, las cantidades que debían depositar todos los afectados de forma solidaria se solicitaron también al expresidente Carles Puigdemont y al resto de huidos. Tras solicitar una prórroga para poder reunir los fondos, los millones se depositaron gracias a la conocida como caja de solidaridad, una 'hucha' creada para recoger y canalizar "la voluntad de solidaridad de miles de personas de nuestra sociedad para dar apoyo a las víctimas de la represión política". Al Tribunal de Cuentas fueron así a parar las fianzas depositadas antes ante otros tribunales. Más de dos millones fueron enviados por el propio TS, que los había solicitado en la fase de instrucción, mientras que, con el plazo al filo de vencer, el resto se ingresó sin que los afectados se vieran sometidos al embargo de sus bienes para hacer frente a la caución. Ese depósito da ahora un motivo al Ejecutivo para ver una voluntad de compensación del quebranto, un signo positivo al que aferrarse a la hora de apoyar un indulto, aseguran fuentes consultadas.