La malversación por el 1-O llama a la puerta del Parlament en pleno juicio al 'procés'

Justo cuando el Tribunal Supremo (TS) está tratando cosas como la malversación en la organización de la consulta del 1-O y la declaración de independencia de octubre de 2017, ha llegado una patata caliente a la Mesa del Parlament. Esta patata es la factura 20170090 TCN. La factura que pagó 17.690,20 euros al Teatre Nacional de Catalunya para el acto que sirvió de pistoletazo de salida al intento de separarse de España. Allí, Carles Puigdemont se atribuyó un mandato democrático para colocar la voluntad popular por encima de la ley y anunció las bases de lo que sería la Ley del Referéndum. Era el 4 de julio de 2017 y Cataluña estaba a punto de cambiar para siempre y para peor.

El problema para una Mesa con mayoría de ERC y JxCAT es qué hacer con esa factura. No la pagaron ellos. La abonó Junts pel Sí, el grupo parlamentario que integraban ERC y el PDeCAT y que fue el gran impulsor del proceso de ruptura con el Gobierno español. Un grupo parlamentario que ya no existe. Jordi Turull fue preguntado por este acto durante su interrogatorio ante el Tribunal Supremo. Su respuesta: "Fue un acto en el TNC sufragado por el grupo parlamentario". La cuestión clave radica en si el grupo parlamentario podía pagar ese acto o no.

En aquella presentación en julio de hace año y medio, además de Puigdemont, participaron la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira y el propio Turull, ambos como ponentes de la Ley del Referéndum. Oriol Junqueras, el principal encausado, también tuvo un papel protagonista. En ese momento el Tribunal Constitucional (TC) ya había advertido a los 'consellers' del Govern (4 de julio) sobre el riesgo de incurrir en desobediencia. Todas las cartas estaban ya sobre la mesa.

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¿Por qué incomoda ahora esta factura? Porque se la menciona en el 'Informe sobre la contabilidad específica de la subvención a los grupos parlamentarios' del Parlament correspondiente a 2017. Este informe lo lleva a cabo un servicio de auditoría independiente pero interno del Parlament y porque la existencia de dicha factura “se pone en conocimiento de la Mesa”. Así se hizo hace tres semanas.

Para colmo, la factura se pagó el 3 de julio de 2017. Y ¿quién era el presidente de Junts pel Sí cuando se emitió dicha factura? Pues Jordi Turull, que presidía el grupo parlamentario.

Astucias del ‘procés’

En la vista oral, Turull, como el resto de los encausados, ha negado en todo momento que “ni un euro” de dinero público se hubiese destinado al 1-O. En julio de 2017 los independentistas celebraron esta maniobra como una de las muchas astucias que jalonaron el 'procés'. Se presentó la Ley de Referéndum en un teatro para proteger el Parlament y se tomó la decisión de que lo pagase el grupo parlamentario para blindar la responsabilidad legal de la Generalitat, de su 'president' Carles Puigdemont y de sus 'consellers'. El problema radica en que ese dinero, como apunta el informe, forma parte de la “subvención a los grupos parlamentarios”. Es decir, era dinero público, en contra de todo lo que han declarado los acusados en el sala de vistas del TS.

Aunque el pago a través del grupo parlamentario se hizo para proteger al Govern, ese mes de julio hubo una crisis de Govern y cayeron los tres 'consellers' menos entusiastas de la vía unilateral para romper con España, tal y como ya había dejado claro Puigdemont en el TNC. Así, Turull toma posesión como 'conseller' de Presidència el 14 de julio y tanta astucia se torna inútil. Por tanto, patata caliente para la Mesa. ¿Qué hacer? ¿Callar? ¿Enviar la factura al Juzgado número 13 cuando otros miembros de la Mesa serán juzgados en el TSJC también por los mismos hechos?

La presión del juzgado

La mención de la factura maldita aparece en el apartado 'Conclusiones y recomendaciones' y se refleja “a los efectos oportunos y en relación con la información solicitada en su momento por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona”.

Fuentes de los antiguos miembros de Junts pel Sí consultados al respecto creen que la factura ya se trasladó al juzgado, pero no estaban muy seguros.

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La Guardia Civil discrepa

Pero en el informe que forma parte de la causa que ahora se juzga en el Tribunal Supremo la Guardia Civil explica que el contrato con el TNC lo firmó Turull. Y que sus datos se basan en la información aportada por el TNC pero no se menciona que el grupo parlamentario, ya desaparecido, entregase la información a este cuerpo policial.

Sobre la presentación de la Ley del Referéndum, la Benemérita considera que “ese acto tenía como objetivo difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del sí en ese referéndum”. Y se añade: “La organización del acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña fue gestionado y abonado por el grupo parlamentario Junts pel Sí, por lo que este grupo parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum”. Justo lo mismo que apunta ahora la auditoría.

Al final en su informe la Guardia Civil ya anunciaba lo que iba a ocurrir: “El grupo parlamentario de Junts pel Sí tiene que rendir cuentas anualmente a la Mesa de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe”. Y eso es lo que ha ocurrido en el peor momento para los encausados.

Ahora la Mesa se ve en la obligación de informar de ello. Un problema para ERC y JxCAT y para le presidente del Parlament, Roger Torrent, que estarían llamados por los servicios de auditoría de la Cámara a elevar al juzgado el clavo que podría remachar el delito de malversación que se juzga en el Tribunal Supremo.