Artur Mas y la cúpula de su Govern se sentarán en el banquillo otra vez en octubre

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, se volverán a sentar en un banquillo de los acusados el próximo mes de octubre. Esta vez, sin embargo, será en el Tribunal de Cuentas, que ha fijado ya la fecha del juicio para responder de un presunto delito de malversación contable. Por este motivo, los cuatro altos cargos tienen sus bienes afectados, en garantía de 5,27 millones de euros que se gastaron de las arcas públicas para celebrar el pseudorreferéndum del 9 de noviembre del 2014. En una cédula de notificación fechada el 20 de julio, a la que ha tenido acceso este diario, se cita a los cuatro políticos a las 10 de la mañana del 10 y del 11 de octubre para practicar "las pruebas de interrogatorio de parte admitidas".

El procedimiento ante el Tribunal de Cuentas fue iniciado por Sociedad Civil Catalana (SCC) y la plataforma Abogados por la Constitución, que denunciaron la malversación contable de la cúpula de la Generalitat para organizar el 9-N. El pleito en este tipo de tribunal no es igual que en la vía penal: tras la denuncia, se abrieron diligencias preliminares y, al detectar que había indicios de delito, se abrieron diligencias previas, nombrando lo que se llama un 'consejero delegado' o magistrado para realizar la instrucción, que concluye en una liquidación provisional.

TE PUEDE INTERESAR

La Guardia Civil descubre un documento que sitúa a Artur Mas en la cúspide del 3%

José María Olmo

Esta liquidación provisional fue la que determinó que en el 9-N se habían gastado los más de 5 millones de euros del erario público indebidamente. El delito concreto de que se les acusa es el de malversación contable, que significa que se han destinado fondos públicos a conceptos para los que no se tiene competencias.

Del dinero presuntamente malversado, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural habían puesto sobre la mesa un total de 2,9 millones, recaudados a través de su caja de resistencia. El resto debían aportarlo los acusados. Como no depositaron dinero en efectivo, el tribunal realizó el embargo preventivo de sus inmuebles. Se vieron afectadas las viviendas de los cuatro políticos citados más la de Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia y mano derecha de Artur Mas en el Govern, a quien también se considera responsable de haber permitido que se gastasen irregularmente los fondos. Este último, no obstante, no figura en la cédula de citación para el mes de octubre. Las fianzas quedaron acreditadas ante el tribunal el pasado mes de diciembre.

A Artur Mas se le considera civilmente responsable de todo el dinero por ser el máximo mandatario y tenía control sobre todas las partidas gastadas. En cambio, las cantidades reclamadas a los restantes acusados se limitaban al dinero que pudo haber malgastado cada uno de los departamentos de Presidencia, Gobernación o Enseñanza.

Puede haber recurso

En el Tribunal de Cuentas figuran como acusaciones particulares SCC y Abogados por la Constitución, además de la abogacía del Estado y de la Fiscalía. En octubre se interrogará a los acusados sobre los hechos que se les imputan y se presentarán las conclusiones de cada parte. A partir de ahí, el juicio quedará visto para sentencia. El fallo será recurrible ante la sala del propio Tribunal de Cuentas y, más tarde, aún queda la posibilidad de presentar recurso ante la sala tercera del Tribunal Supremo, que es donde, previsiblemente, acabará el tema.

Los cuatro acusados ya han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque por la vía penal. Las acusaciones en ese caso eran por desobediencia: la fiscalía no quiso acusar de malversación porque ello hubiese supuesto penas de prisión para los condenados.

Artur Mas fue condenado a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros además de a una inhabilitación especial por dos años para el ejercicio de cargo público; Joana Ortega fue condenada a una multa de 10 meses (también con cuota diaria de 100 euros) y a inhabilitación especial de un año y 9 meses; Irene Rigau fue condenada a una multa de 8 meses e inhabilitación especial de un año y seis meses; Francesc Homs fue condenado por el Supremo (fue juzgado por este tribunal porque era aforado) a una multa de 30.000 euros e inhabilitación de 13 meses.

Si son declarados culpables, el caso se zanjará haciendo efectivos los embargos de los bienes depositados ante el juzgado. De momento, existe en el registro solo una anotación de embargo preventivo, que no significa en ningún caso que tengan que abandonar la vivienda. En el caso de que, finalmente, depositen dinero en efectivo, los embargos quedarían liberados.