la malversación asciende ya a 3,2 millones

La Guardia Civil descubre otros 1,3 millones de la Generalitat destinados a pagar el 1-O

Los investigadores han descubierto nuevos pagos con fondos públicos para financiar las obras de construcción del call center que debía gestionar la celebración de la consulta

Foto: El 'expresident' Carles Puigdemont durante una comparecencia de prensa en Berlín, el 7 de abril de 2018. (Reuters)
El 'expresident' Carles Puigdemont durante una comparecencia de prensa en Berlín, el 7 de abril de 2018. (Reuters)

La Guardia Civil ha remitido un nuevo informe al Tribunal Supremo que eleva la presunta malversación del 1-O hasta los 3.269.236 millones de euros, 1,3 millones más de lo que se había contabilizado hasta ahora. Los investigadores señalan que, de esa cantidad total, la Generalitat ya habría abonado 1.588.188 euros y aún tiene pendiente de pago otros 1.664.848 euros, según consta en el informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

Los fondos descubiertos ahora proceden en su mayoría del coste de las obras de rehabilitación de las naves anexas al Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CTTI) en la que el Govern de Carles Puigdemont decidió ubicar el call center que debía gestionar las incidencias técnicas que surgieran durante la consulta. Sólo a ese apartado se destinaron 1,2 millones de euros que ya ha sido abonado con fondos públicos. Los investigadores atribuyen ese nuevo gasto al departamento de Vicepresidencia, que entonces lideraba Oriol Junqueras.

Como adelantó este diario, a pesar de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había concluido la instrucción de la causa contra el Govern, la Guardia Civil había continuado efectuando indagaciones para determinar el importe global de los fondos destinados a financiar el referéndum localizando nuevas partidas por un valor aproximado de otro millón de euros.

Junto a las obras del CTTI, el informe contabiliza los 277.804 euros dedicados a emitir en los medios públicos catalanes el anuncio de promoción del 1-O; 130.863 euros para publicitar en medios de comunicación escritos el registro de catalanes en el exterior; los 979.661 euros adjudicados a Unipost entre varios departamentos para sufragar el "reparto de las cartas certificadas con el nombramiento de mesas y tarjetas censales", y 133.318 euros para costear una aplicación diseñada por la multinacional DXC para inscribirse como voluntario en el referéndum.

Las otras dos grandes partidas detectadas por los investigadores salieron de Diplocat y sirvieron para contratar a los observadores internacionales que debían velar por la supuesta imparcialidad del 1-O. Al menos 167.085 euros habrían ido a parar al think tank The Hague Center for Strategic Studies y otros 178.367 euros a otro grupo de técnicos liderado por la experta en elecciones internacionales Helena Catt.

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