la guardia civil ultima datos ampliatorios

La malversación del 1-O sube otro millón: un nuevo informe acredita el desvío

Los investigadores del Instituto Armado detectan nuevos movimientos que elevan la cuenta del dinero público que el Govern de Carles Puigdemont destinó a la celebración de la consulta

Foto: Recuento de papeletas en uno de los colegios de Barcelona a la finalización de la jornada del 1 de octubre. (EFE)
Recuento de papeletas en uno de los colegios de Barcelona a la finalización de la jornada del 1 de octubre. (EFE)

Un millón más. Y ya van tres. La Guardia Civil ultima un nuevo informe dirigido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que eleva en esa cantidad el gasto destinado por el Govern de Carles Puigemont al referéndum del 1 de octubre. Los investigadores no disponen aún de la cifra exacta, pero las nuevas líneas abiertas en la pieza sobre el desvío de fondos públicos para el 'procés' siguen avanzando y los agentes encargados de rastrear el montante total dirigido a sufragar la consulta han descubierto gastos adicionales en publicidad y otros conceptos que rondan esa cifra, informan a El Confidencial fuentes cercanas al caso.

[ACTUALIZACIÓN: La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont, pero solo por malversación]

El Instituto Armado ha profundizado en aquellos aspectos que ya anticipó el magistrado instructor en sus últimos autos. En ellos, enumeraba las pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con las campañas de propaganda del referéndum en los medios de comunicación públicos, y adelantaba que aún nada estaba cerrado. La distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería que se buzonearon, así como los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales, en los que menciona los pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa The Hague Centre for Estrategic Studies y otros gastos del ente de exteriores del Govern, continúan bajo la lupa de la policía judicial.

A mediados del mes pasado, las facturas reunidas arrojaban una cuenta cercana a los dos millones que ahora se eleva sensiblemente. Uno de sus puntales han sido las campañas que se desarrollaron antes de la votación, y en concreto dos de ellas, la celebrada en abril de 2017 con el eslogan 'Sí o no' sobre el mapa de Cataluña, en la que la Generalitat de Cataluña realizó contratos marco con sus suministradores habituales y que se pagó en parte, y la campaña publicitaria de las vías de tren en que se libraron de forma efectiva tres facturas por distintos importes.

En su última ampliación de datos, los agentes se referían también a dos partidas hasta el momento no rastreadas: el uso de Òmnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos, en los que se llamaba a la población a votar, y el empleo del grupo parlamentario Junts pel Sí a modo de pantalla para determinados actos.

Además, el Juzgado 13 de Barcelona ha aportado, por su parte, el resultado de nuevas diligencias vinculadas con el delito de malversación, después de detectar nuevos contratos vinculados a la consulta que incrementarían el coste. En esta ocasión, el objetivo ha sido una de las multinacionales a las que se encargaron el desarrollo de aplicaciones informáticas que fueron utilizadas con una doble función. A la empresa T-Systems, del grupo Deutsche Telekom, se le asignó su desarrollo, impulsado por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, bajo la premisa de que se utilizaría para conocer la situación de los catalanes residentes en el exterior, así como establecer "canales de comunicación entre este colectivo y la Generalitat de Cataluña".

La empresa es una de las adjudicatarias tradicionales del Govern, con el que ya cooperó durante el desarrollo de la consulta del 9-N. Las pesquisas subrayan el papel que jugó T-Systems, junto a otras 'grandes' como IBM, que presuntamente habrían cooperado con la Generalitat para eludir el control de la Justicia. Según el sumario, aprovecharon la flexibilidad de adjudicaciones bajo demanda para colar sistemas informáticos y aplicaciones para el Estado propio.

Ahora, los investigadores han hallado un nuevo cabo del que tirar. Han detectado gastos posteriores vinculados con el diseño y mejora de la aplicación del registro y su seguimiento que pasarían a engrosar los cálculos iniciales. El juez ha atendido la petición de la Guardia Civil y ahora ordena que se recabe toda la documentación existente sobre una petición de "mejora" que fue solicitada por parte de la Generalitat. Quiere conocer tanto la solicitud oficial formulada como la oferta que realizó la compañía.

También ordena buscar todos los documentos relacionados con un servicio de encuestas que la empresa subcontrató a favor de Aticser, especializada en tecnologías de la información. El magistrado quiere disponer de las facturas por estos trabajos y las transferencias que se abonaron por ellos. El registro fue utilizado para elaborar un censo de no residentes en el territorio e impulsar mediante su uso el voto desde el extranjero.

Además, el magistrado ha ordenado diligencias adicionales, en este caso relacionadas con Unipost, en concurso de acreedores. Ha pedido datos sobre los créditos que condujeron a la empresa —que sustentó gran parte de la infraestructura de papeletas, sobres y otro material para el voto— a la quiebra. La liquidación se encuentra en manos de un Juzgado de lo Mercantil que decretó la liquidación de la empresa el pasado mes de febrero. La compañía facturó costes cercanos al millón de euros por los encargos realizados para el Govern.

Trabajadores del CTTI de la Generalitat, en octubre. (EFE)
Trabajadores del CTTI de la Generalitat, en octubre. (EFE)

Bajo investigación en otro procedimiento

La empresa T-Systems, centro ahora de las nuevas pesquisas, se encuentra bajo investigación en otro procedimiento que arrancó la Fiscalía de la Audiencia Nacional y se encuentra en manos de los juzgados catalanes. El Ministerio Público acumuló numerosos indicios que apuntaban que altos cargos del Govern pudieron desviar fondos públicos de los contratos para crear una agencia tributaria y un servicio de inteligencia propios.

Los desvíos se ejecutaban a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el organismo de la Generalitat responsable de centralizar, planificar, supervisar y ejecutar las inversiones en sistemas informáticos, redes y aplicaciones al servicio de la Administración catalana. Los agentes detectaron presuntas irregularidades en el método escogido por el CTTI para conceder sus mayores adjudicaciones, el llamado sistema de diálogo competitivo, que otorga al licitador un amplio margen de maniobra para elegir a las empresas participantes en el concurso, modificar el objeto de los contratos y pactar el precio y la duración de los trabajos. T-Systems fue precisamente una de las beneficiadas.

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