Indulto, sedición y tercer grado: la sombra de la judicialización sobrevuela por el 14-F

Con Torra inhabilitado y Puigdemont fugado, la importancia de los tribunales en las elecciones catalanas queda fuera de toda duda. Las encuestas dan por hecho que el ganador tendrá que buscar socios para hacerse con el Govern, una situación ante la que el PSC, que parte como uno de los favoritos, tendrá difícil ignorar a los partidos independentistas. El acercamiento ha sido posible a nivel nacional pero, en Cataluña, indultar a los presos del 'procés' parece ineludible para lograr el pacto. Su vuelta al tercer grado y la reforma del delito de sedición también son motivos de fricción entre los partidos. Desde hace años, la actualidad judicial tiene una clara influencia en las elecciones catalanas. Esta campaña no será la excepción.

Uno de los puntos que divide a los candidatos es el posible indulto a los presos del 'procés'. El Tribunal Supremo dio traslado esta misma semana a la Abogacía del Estado para que emita un informe, por lo que los servicios jurídicos del Estado tendrán que pronunciarse sobre si, en su opinión, procede o no conceder un indulto para los políticos catalanes condenados. La posición del departamento, que no tiene plazo para emitirlo, será una de las tres que remitirá el Alto Tribunal al Gobierno para su estudio por parte del Consejo de Ministros, desde donde pueden dar luz verde a esta maniobra como gesto a ERC. Aunque no se espera que el pronunciamiento de la Abogacía del Estado llegue antes de la celebración de los comicios, este podría resultar vital de cara a las posteriores negociaciones.

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Pero el indulto no es la única polémica en la que tribunales y partidos se entremezclan. El pasado 14 de enero, 41 días después de que el Supremo revocara el tercer grado a los presos del 'procés', la Generalitat planteó devolverlos a este régimen de semilibertad. La idea se consumó este mismo jueves, cuando el Departamento de Justicia catalán volvió a concederles el tercer grado. Un día después, con la campaña ya iniciada, los presos del 'procés' comenzaron a salir de sus respectivas cárceles, situación que no tardó en provocar las primeras fricciones entre los partidos. Como adelantó El Confidencial, la Fiscalía recurrirá una vez más la concesión de este régimen penitenciario, pero hasta entonces jugarán un papel clave de cara a los comicios del próximo 14-F.

Otro aspecto que afecta de forma directa a los presos del 'procés' es la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno. Entre los posibles cambios que se plantean, destaca la de suavizar el delito por el que fueron condenados: el de sedición. En Moncloa barajan un notable descenso de la pena que sería aplicable a los políticos presos, idea para la que se estudia la posibilidad de introducir un subtipo en la actual redacción del delito para rebajarla en el caso de que el alzamiento no fuera violento sino destinado a la celebración de un referéndum pacífico. La pena prevista para el caso concreto del 1-O rondaría así los cuatro años, una maniobra que en principio permitiría tender puentes con las formaciones independentistas de forma paralela a la de otorgarles el indulto.

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Pero la reforma del Código Penal también se plantea reforzar la desobediencia frente al Constitucional, delito por el que fue condenado el propio Torra a un año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo afirmó en noviembre, pero no concretó en qué consistirían los cambios. En cualquier caso, si se trata de una modificación que endurece las penas, esta no afectaría a aquellos que ya han sido condenados por el mismo, sino solo a los que incurran en el delito a partir de entonces. Entre los últimos condenados por desobediencia, se encuentra también el 'conseller' de Acción Exterior, Bernat Solé, al que el TSJC impuso el pasado 21 de enero un año de inhabilitación por desobediencia grave el 1-O cuando ejercía como alcalde de Agramunt, en Lleida.

Recurrir esta sentencia ante el Supremo implicaría dejarla sin efecto hasta que el Alto Tribunal se pronuncie, pero la posibilidad de presentarse a las elecciones del 14-F queda descartada para Solé: la Ley Electoral establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación. La desobediencia se considera delito contra la Administración pública. El 'conseller' iba de número 2 en la candidatura de ERC en Lleida, por lo que el fallo dio lugar a críticas desde su partido. "Están afectando y alterando la representación de la candidatura de ERC impidiendo que Solé pueda ser candidato por Lleida", denunció la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, el 21 de enero.

Solé, que además se encarga de los preparativos de las elecciones del 14-F, no es el único candidato que se ve acorralado por cuestiones judiciales: la presidenciable de Junts per Catalunya, Laura Borràs, también tiene una cuenta pendiente en el Supremo, donde se encuentra imputada por contratos que adjudicó entre 2013 y 2017 durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El magistrado instructor, Eduardo Porres, pone el foco en si favoreció con contratos irregulares a su amigo Isaías Herrero, hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Una vez más, el choque de los partidos independentistas con la justicia será un asunto recurrente en las elecciones catalanas.