El Gobierno descarta los indultos a los presos del 'procés' antes de las elecciones catalanas

Los presos independentistas no serán indultados antes de las elecciones catalanas, que se celebrarán el 14 de febrero del próximo año. Fuentes del Gobierno descartan que la medida de gracia, cuya adopción o no corresponde al Consejo de Ministros, vaya a producirse antes de la cita electoral. No tanto por una decisión premeditada, según matizan estas mismas fuentes, sino porque su tramitación todavía está en una fase inicial. Calculan alrededor de cinco o seis meses más para poder llevar este debate al Consejo de Ministros.

Como anunció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya se han remitido al Supremo las peticiones de gracia para Oriol Junqueras y el resto de políticos presos. La tramitación en el alto tribunal se encuentra en una fase inicial. Fuentes jurídicas informan de que, de momento, se ha reclamado informe a las cárceles donde cumplen su pena los condenados. Recibida la respuesta, se solicitará a la Fiscalía su posicionamiento. Por último, el tribunal que les sentenció informará también al respecto.

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Al mismo tiempo, el Gobierno sigue estudiando la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición. Una vía paralela y complementaria al indulto, aunque gana fuerza como la más rápida para facilitar la salida de la cárcel de los 12 condenados por el 'procés' en un menor plazo. De hecho, esta reforma se incluyó a última hora en el plan anual normativo —no constaba en el último borrador del plan legislativo—, lo que implica el compromiso de aprobarla antes de que finalice el presente año. Posteriormente, se iniciaría su tramitación parlamentaria.

El Gobierno baraja un notable descenso de la pena por sedición aplicable a los políticos presos. Como publicó El Confidencial, la idea que maneja el Ejecutivo es introducir un subtipo en la actual redacción del delito en que se atenuarán las condenas previstas para el caso de que el alzamiento no fuera violento sino destinado a la celebración de un referéndum pacífico. La pena prevista para el caso concreto del 1-O rondaría así los cuatro años. La reforma mantendría la actual redacción para los casos más graves, que impliquen el uso de armas: de ocho a 10 años para los principales autores y de 10 a 15 años, si los acusados fueran personas constituidas en autoridad.

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Desde Unidas Podemos, buscan acelerar la reforma del Código Penal, aunque reconocen la falta de avances. El responsable de las negociaciones por parte del sector morado con el ministro de Justicia es el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y portavoz de su confluencia catalana, Jaume Asens. Fuentes cercanas a este último trasladan la sensación de que tras darse un paso hacia adelante con la reforma se da otro hacia atrás, y defienden que con voluntad política podría facilitarse la salida de los presos antes de las catalanas. Desde Moncloa, no comparten esta posición.

La propuesta que Asens puso sobre la mesa del ministro de Justicia respecto a la reforma del Código Penal todavía no ha tenido respuesta. Aunque la relación entre Asens y Campo es mejorable, la comunicación es fluida. La reforma que proponen se fija por una parte en la reducción de penas y por otra en una reformulación del redactado para adaptarlo al marco legal europeo y a las nuevas realidades. Todo ello después de que los 'comuns' renunciasen a su idea de suprimir directamente el delito de sedición para buscar un punto de encuentro con el PSOE.

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Ambos sectores mantienen también diferencias respecto a los plazos de los indultos. Si bien los 'comuns' reconocen en privado que a la vista del proceso nada parece indicar que se pueda conceder la medida de gracia antes de las catalanas, lo que permitiría a los presos incluso realizar campaña electoral, no tiran la toalla. "En cuanto el Supremo envíe su informe, debería solucionarse", apuntaba respecto a los indultos Jaume Asens en una reciente entrevista con 'La Vanguardia', para añadir que "nos preocupa que el informe tarde tanto siendo la única causa con presos del tribunal".

El ministro de Justicia anunció públicamente la intención del Ejecutivo de iniciar la tramitación de los indultos el pasado 23 de septiembre. Lo hizo en el Congreso durante una sesión de control al Gobierno y el anuncio se coordinó previamente desde Moncloa, según reconocen fuentes del Ejecutivo. Coincidió con el inicio de las negociaciones para los Presupuestos, y aunque tanto ERC como JxCAT lo desvincularon de las conversaciones, se interpretó como un guiño a las formaciones independentistas.

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Desde el propio Ministerio de Justicia, se aclaró entonces que la tramitación completa de los indultos se alargaría previsiblemente más de seis meses. Sin embargo, y más allá de las presiones de los 'comuns' que reducían este plazo a cuatro meses, siempre planeó la sombra de que los indultos pudiesen producirse antes de las catalanas.

En el espacio posconvergente ya acogieron con cautela el anuncio, subrayando que el hecho de que se tramiten los indultos "no significa que prosperen" y que en cualquier caso el "plazo es largo". Un informe en contra del Supremo y de la Fiscalía generará dificultades para la concesión, que se complican con el anuncio efectuado por el PP de que recurrirá si se concede en estas condiciones.

El recurso quedaría en manos de la Sala de lo Contencioso, que ya ha anulado varios indultos, cinco en total. El caso más reciente, de 2018, anuló la gracia parcial a una mujer condenada a seis meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre, condenado en su día a 21 meses de prisión por malos tratos. En 2013, se anuló el concedido por el Gobierno de Zapatero al exvicepresidente de Banco Santander Alfredo Sáenz. Ha habido otros casos, aunque quizás el más conocido sea la anulación de la gracia al conocido como 'kamizake de Valencia', que se tumbó por falta de argumentación.