Calvo apunta al indulto "cuando toque" y Junqueras habla de "venganza": reacciones a la decisión del TS

No habrá, por el momento, tercer grado para los nueve presos del 'procés'. Si a primera hora de la mañana de este viernes el Tribunal Supremo anunciaba su decisión de revocarlo al considerar que se trata de "una medida prematura", minutos después, Twitter se ha convertido en la plataforma elegida, no solo por los afectados de dicha decisión, sino por los políticos en general, para reaccionar a la controvertida noticia.

"El Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo. ¡Un abrazo enorme, Carme (Forcadell) y Dolors (Bassa)!", ha escrito el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en su cuenta personal de dicha red social. Mientras, el expresidente Carles Puigdemont ha considerado que es por "venganza y escarmiento".

"Nada nuevo en esta hoja de ruta del unionismo. Mucha fuerza y muchos ánimos a todos, especialmente a la presidenta Carme Forcadell y a la consellera Dolors Bassa", ha expresado en Twitter.

La sentencia, además, ha coincidido con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en RNE donde ha expresado que el Ejecutivo tomará una decisión "cuando toque" sobre los indultos para los políticos catalanes condenados, de acuerdo con un procedimiento que está "protocolizado" y suele demorarse al menos de cuatro a cinco meses.

Ha insistido en que ante esta cuestión el Gobierno "hace lo que tiene que hacer", es decir, "respetar" el derecho que tienen los ciudadanos solicitar esta medida de gracia y darle trámite a través del Ministerio de Justicia, de acuerdo con un procedimiento que está sometido a una normativa concreta.

Otros dos presos, Jordi Sànchez y Jordi Turull, han reiterado que se trata de una venganza por parte del Estado. "El escarmiento, la venganza de Estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no deja ningún margen para las sorpresas", ha manifestado Turull con los hashtags 'Persistamos' y 'No surrender'.

Para el secretario general de JxCAT, el Supremo intenta "hundir" a los presos. "Retuercen la ley, cambian jurisprudencia, destrozan garantías penales y derechos. España lo vale. Y aquí, mientras, aún buscamos el hilo perdido que nos hizo ser tan fuertes el 1-O", ha señalado.

El exconseller Josep Rull ha asegurado que la decisión es un "castigo político"."Lo dijimos desde el primer día: al TS no le preocupa ni la justicia ni los derechos civiles, solo el escarmiento. La revocación del tercer grado es un castigo político, por nuestra ideología. Cada día que pasa, el Estado de derecho se desmenuza un poco más", ha sentenciado en Twitter.

"Nacionalismo judicial que pasa por encima de todos los derechos fundamentales. Todo el apoyo, compañeras y compañeros", ha dicho el presidente del Parlament, Roger Torrent, que también habla de "injusticia, venganza y arbitrariedad".

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach: "Desgraciadamente, no nos ha sorprendido la decisión del Tribunal Supremo, que vuelve a ser más injusticia y venganza".

"Esto vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de política y de desjudicialización del conflicto. Las vías más rápidas: indultos y reforma del delito de sedición", ha insistido.

El ya 'expresident' Quim Torra ha arremetido contra el apoyo de ERC a los presupuestos de un Estado que, en su opinión, "encarcela y reprime".

"Se hace difícil decir nada después de que permitiésemos la aprobación de los presupuestos del mismo Estado que encarcela y reprime. Un abrazo y fuerza a las presas y presos políticos", sentencia en Twitter.

Carme Forcadell, en cambio, ha hablado de "falta de respeto" hacia ellos y sus familias por enterarse de la decisión por los medios. "Como siempre nos hemos enterado de que tenemos que entrar en prisión por los medios de comunicación. Es vergonzosa la falta de respeto hacia nosotros y nuestras familias".

La consellera catalana de Justicia, Ester Capella, ha denunciado también la "venganza" de un Supremo "politizado" con un vídeo en Twitter.

"El Supremo, que es el tribunal más politizado de Europa y más cuestionado en Europa, enmienda a los juzgados especializados en el ámbito penitenciario. Todos los juzgados habían avalado los terceros grados de todos los presos. ¡Todos!", ha afirmado.

Según el exconseller Raül Romeva "se confirma el más previsible de los escenarios", ya que "el Supremo ha vuelto a dictar sentencia y, poco a poco, este Estado se va convirtiendo en una gran cárcel, una democracia fallida que están creando ellos mismos".

El Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, ha afirmado que detecta cuatro "vulneraciones de derechos".

En un comunicado, el Síndic divide en cuatro apartados las "vulneraciones de derechos" que considera que se han producido: "juez predeterminado por ley", "libertad ideológica", "duración de la condena" y "unidad de acción inadecuada".

Por el contrario, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha celebrado la decisión del Supremo y que haya señalado que "los políticos presos por el golpe en Cataluña no pueden tener privilegios".

"¿Seguirán defendiendo los señores del PSOE y Podemos que los que se saltaron las leyes sean más que otros por tener 'amiguetes' en el Govern?", se ha preguntado igualmente Carrizosa en un tuit y añade: "Es un agravio comparativo para los más de 8.000 presos en Cataluña que no tienen de amiga a la señora consellera de Justicia, Esther Capella, de ERC, y que tienen que esperar mucho para obtener permisos".

Fuera del ámbito catalán, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que la revocación del tercer grado supone "otro paso atrás para cualquier solución política" en Cataluña.

"En democracia las ideas no delinquen, tampoco se puede exigir renegar de ellas para el disfrute de los derechos. Esto es otro paso atrás para cualquier solución política", ha manifestado.

Mientras, Pablo Casado ha expresado el respeto de su partido "a las decisiones judiciales" y ha pedido al Gobierno y al resto de formaciones políticas que hagan "lo mismo".

"En España, debe seguir habiendo independencia judicial y, por tanto, separación de poderes y, en este caso, pensamos que todos los españoles somos iguales ante la ley", ha indicado desde Roses (Girona), donde ha visitado la cofradía de pescadores para apoyar al sector pesquero.