El pago de la fianza de 4 millones por los presos allana el camino hacia el indulto
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Ante el Tribunal de Cuentas

El pago de la fianza de 4 millones por los presos allana el camino hacia el indulto

Los protagonistas del referéndum aportaron la cantidad millonaria en 2020 con cargo a la caja de solidaridad, y al cubrir la responsabilidad contable, facilitan el gesto de la gracia

placeholder Foto: Fachada del Tribunal Supremo. (EFE)
Fachada del Tribunal Supremo. (EFE)

El Gobierno lo tendrá un poco más fácil para justificar el indulto a los presos del 'procés' en el caso de que, como ha anticipado varias veces, decida hacerlo. Hace unos días, la Abogacía del Estado señaló el camino para armar un apoyo a la medida de gracia. En un escrito remitido al Tribunal Supremo, los servicios jurídicos estatales han reclamado que se pregunte al Tribunal de Cuentas si los condenados por el 'procés' han devuelto ya las cantidades reclamadas por destinar fondos públicos a sufragar el referéndum. Lo hicieron en 2020 aportando, con cargo a la caja de solidaridad, 4,1 millones de euros que el organismo exigía como fianza. Esa aportación que cubriría la responsabilidad contable, abre la vía para considerar que el daño al erario ha sido ya subsanado y facilitará el gesto.

En el escrito que adelantó 'El Español', la Abogacía del Estado considera relevante antes de posicionarse que se le indique si existen cantidades devueltas. El Tribunal Supremo solicitó su informe, además del de la Fiscalía, considerando que la personación en el procedimiento vino justificada por el perjuicio provocado al Estado. El TS no cuantificó la cantidad exacta en su condena por malversación y el delito quedó en manos del Tribunal de Cuentas. Este cuantificó de forma provisional el daño económico generado en 4,1 millones, aunque otros cálculos, como el de la Fiscalía, elevan la cantidad hasta los ocho millones.

Foto: Juicio a los líderes del 'procés', en el Tribunal Supremo, en febrero de 2019. (EFE)

Una vez establecido este monto provisional, el órgano reclamó la fianza a más de una veintena de personas, entre miembros del Govern y cargos públicos implicados. A diferencia de lo sucedido en el juicio, las cantidades que debían depositar todos los afectados de forma solidaria se solicitaron también al expresidente Carles Puigdemont y al resto de huidos. Tras solicitar una prórroga para poder reunir los fondos, los millones se depositaron gracias a la conocida como caja de solidaridad, una 'hucha' creada para recoger y canalizar "la voluntad de solidaridad de miles de personas de nuestra sociedad para dar apoyo a las víctimas de la represión política".

Al Tribunal de Cuentas fueron así a parar las fianzas depositadas antes ante otros tribunales. Más de dos millones fueron enviados por el propio TS, que los había solicitado en la fase de instrucción, mientras que, con el plazo al filo de vencer, el resto se ingresó sin que los afectados se vieran sometidos al embargo de sus bienes para hacer frente a la caución. Ese depósito da ahora un motivo al Ejecutivo para ver una voluntad de compensación del quebranto, un signo positivo al que aferrarse a la hora de apoyar un indulto, aseguran fuentes consultadas.

El Gobierno tendrá que decidir si aprovecha esta baza para posicionarse sobre el indulto antes de que deba decidir en Consejo de Ministros

Fue el pasado enero cuando la Abogacía del Estado recibió la patata caliente del informe sobre el indulto. Le llegó a las puertas de la campaña del 14-F, sin plazo fijado para pronunciarse. La posición de este departamento, que no tiene plazo para emitirla, será una de las tres que remitirá el alto tribunal al Gobierno para su estudio por parte del Consejo de Ministros. Se sumará al de la Fiscalía y al del propio tribunal sentenciador. El Ministerio Público ya se ha pronunciado en contra de indultar a los 12 penados por la comisión de delitos de sedición, malversación y desobediencia.

Para los fiscales, condonar las penas —incluyendo la inhabilitación—, cuando la función pública que desempeñaban los condenados ha sido el vehículo necesario para la comisión del delito, sería una decisión "tan injustificada como arbitraria". Subraya, además, que el artículo 102.2 de la Constitución prohíbe el indulto a los presidentes y los demás miembros del Gobierno "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones". El criterio del tribunal será el último, pero, en anteriores resoluciones, como la del tercer grado, los magistrados han dejado clara su postura y se espera que se opongan a esta gracia.

Foto: Oriol Junqueras, uno de los políticos presos. (EFE)

Ahora, el Gobierno tendrá que decidir si aprovecha esta baza para posicionarse sobre el indulto antes de que deba decidir en Consejo de Ministros. El momento es delicado. Tras la votación en Cataluña, se abrirá un periodo de negociación para la formación de Gobierno en que Esquerra tiene las de ganar y en el que, según apuntan todas las previsiones, el PSC de Salvador Illa no será considerado socio de un hipotético Govern.

Además del indulto, el Ejecutivo mantiene abierta la iniciativa de reformar el delito de sedición. Se mantiene abierto un tercer frente, ajeno al Gobierno, que afecta al cumplimiento después de que los condenados presos accedieran a un nuevo tercer grado sin que ninguno de ellos haya cumplido la mitad de las condenas de prisión impuestas.

El Gobierno lo tendrá un poco más fácil para justificar el indulto a los presos del 'procés' en el caso de que, como ha anticipado varias veces, decida hacerlo. Hace unos días, la Abogacía del Estado señaló el camino para armar un apoyo a la medida de gracia. En un escrito remitido al Tribunal Supremo, los servicios jurídicos estatales han reclamado que se pregunte al Tribunal de Cuentas si los condenados por el 'procés' han devuelto ya las cantidades reclamadas por destinar fondos públicos a sufragar el referéndum. Lo hicieron en 2020 aportando, con cargo a la caja de solidaridad, 4,1 millones de euros que el organismo exigía como fianza. Esa aportación que cubriría la responsabilidad contable, abre la vía para considerar que el daño al erario ha sido ya subsanado y facilitará el gesto.

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