LO DESARROLLARÁ EN UN ACTA COMPLEMENTARIA

El Tribunal de Cuentas abre otro frente a los líderes del 'procés' por 35 M de las 'embajadas'

El Tribunal de Cuentas ha pedido 4,1 millones por el 1-O a Puigdemont y sus consejeros pero falta la fiscalización de la partida destinada a las embajadas catalanas

Foto: El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva, en una imagen de archivo de 2017. (Reuters)
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva, en una imagen de archivo de 2017. (Reuters)
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El Tribunal de Cuentas cifra en 4,1 millones de euros el desvío de fondos públicos para el 1-O, pero esa no es más que una pequeña parte de la factura final que puede acabar reclamando a los líderes del 'procés'. En el acta de liquidación provisional que emitió el pasado martes, un documento de 200 páginas en el que se detalla la malversación que se produjo en el referéndum ilegal, el órgano fiscalizador advierte de que aún queda un aspecto por sumar: "El análisis de los gastos relativos al despliegue e incremento de delegaciones del Gobierno de la Generalitat en países de la Unión Europea y Estados Unidos". El Tribunal de Cuentas analizará el coste que supuso la creación de las 'embajadas' en un acta de liquidación complementaria, pero por el momento deja caer una cifra que supera con creces la del 1-O: 35 millones de euros.

[Últimas noticias de hoy, lunes 3 de febrero]

A falta de estudiar al detalle este supuesto desvío de fondos para las delegaciones en el extranjero, el órgano fiscalizador lo relaciona con el presupuesto de 2017 del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, más conocido por el nombre de Diplocat: "Los 35 millones asignados correspondían, 23 y 12 millones respectivamente, a gastos de personal y funcionamiento y a acciones concretas, entre las que destacan las de la presidencia catalana en el exterior, que absorbió 2,3 millones de euros, la dirigida a facilitar el voto de catalanes en el extranjero o a labores diplomáticas o de 'lobby', orientadas a generar una imagen internacional favorable al proceso de independencia".

La advertencia llega después de que el Tribunal de Cuentas reclamara el martes 4,1 millones a los 28 acusados del desvío de fondos para el 1-O. Se trata de una fianza que deberán pagar de manera conjunta y solidaria en el plazo de 15 días, pero al estar dividida en bloques, cada uno abonará una cantidad distinta: en el caso de Carles Puigdemont, se considera que participó en seis partidas que suman 2,1 millones, mientras que en el caso de Oriol Junqueras, su nombre se repite en siete partidas que rozan los 3,6 millones. Ambos tendrán que hacer frente a esas cantidades junto al resto de acusados que presuntamente participaron en los mismos gastos que ellos, por lo que en principio solo abonarán una pequeña parte de esos 2,1 o 3,6 millones. Si no lo hacen, el Tribunal de Cuentas embargará sus sueldos o bienes hasta completar la fianza.

Pero el acta de liquidación provisional deja claro que la factura del 1-O no cubre todo el 'procés'. La clave se encuentra en la página 80, bajo el epígrafe de 'Delegaciones del Govern de la Generalitat en el exterior, funcionando como auténticas embajadas'. La delegada instructora explica que esa partida se estudiará en un acta complementaria y apunta a que el número de delegaciones catalanas en la Unión Europea y Estados Unidos pasó de cinco a 17 "a fin de preparar el proceso constituyente de la república catalana, según palabras del señor Romeva [Raül Romeva, exconsejero de Exteriores] ante el Parlamento catalán".

El Tribunal de Cuentas sostiene que el Diplocat "funciona con total vinculación" a la Generalitat, tesis que apoya en un correo enviado por Romeva a su exjefe de gabinete, Ivan Altisent, y al que fuera secretario general de Acción Exterior Aleix Villatoro, en septiembre de 2017. El texto recogía un mensaje que pensaba enviar al ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, por una serie de informaciones que habían aparecido en los medios de comunicación y no gustaban al exconsejero: "A pesar de la supuesta suspensión del Tribunal Constitucional, hemos actuado como un verdadero Ministerio de Exteriores, del que Diplocat es uno de los brazos más importantes", aseguraba Romeva en el mismo. "Desde el principio, la estrategia ha sido incrementar la presencia en el exterior con la intención de provocar (...) que en su respuesta desmedida, el Estado cometiera errores (y los ha cometido), o bien romper el aislamiento".

El Tribunal de Cuentas ya ha incluido una pequeña parte de esos gastos en acción exterior al exigir la fianza inicial de 4,1 millones por el 1-O. En concreto, ocho partidas que suman 838.193 euros: creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503 euros); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos para el 1-O (88.643); equipo de expertos del IEERT para el 1-O (189.200); observadores internacionales (177.464), y web cataloniavotes.eu (136.579). La cifra, sin embargo, queda lejos de los 35 millones que menciona en su acta de liquidación provisional.

La duda pasa por ver a quiénes responsabiliza de este gasto de las delegaciones. En el epígrafe sobre las delegaciones catalanas, por ahora, menciona a tres de los acusados: el 'exconseller' de Exteriores Raül Romeva; el que fuera secretario general de Acción Exterior Aleix Villatoro, y el ex mecretario general del Diplocat Albert Royo. Pero a la hora de fijar la fianza de 4,1 millones, el Tribunal de Cuentas también responsabilizó de partidas destinadas a la acción exterior a pesos pesados como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, por lo que todo apunta a que los principales líderes del 'procés' no se librarán de la factura de las 'embajadas'.

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