Se reclama una fianza distinta a cada acusado

El Tribunal de Cuentas atribuye más gastos a Junqueras que a Puigdemont en el 1-O

Junto a Puigdemont y Junqueras, se encuentran también como acusados los 'exconsellers' Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. (EFE)
El expresidente catalán Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. (EFE)

El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones a los 28 acusados por el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O. Se trata de una fianza que deberán pagar de manera conjunta y solidaria en 15 días, pero al estar dividida en bloques, cada uno abonará una cantidad distinta: en el caso de Carles Puigdemont, se le considera responsable de seis partidas que suman 2,1 millones, mientras que en el caso de Oriol Junqueras, su nombre aparece en siete partidas que rozan los 3,6 millones. Ambos tendrán que hacer frente al pago de estas cantidades junto al resto de acusados que presuntamente participaron en los mismos gastos que ellos.

Si no abonan la fianza en el plazo fijado, se espera una nueva ronda de embargos millonarios que ni siquiera los huidos podrán evitar: la inmunidad de la que gozan Puigdemont o Comín como eurodiputados no tiene valor al tratarse de un órgano administrativo. "El Tribunal de Cuentas nos pide una fianza de 4,1 millones de euros a los que hicimos posible el referéndum del 1 de octubre. Tenemos 15 días para evitar que nos embarguen nuestros bienes. Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos", ha escrito el propio 'expresident' este martes en Twitter antes de que se conocieran las partidas de las que se responsabiliza a cada uno.

Junto a Puigdemont y Junqueras, también figuran como acusados los 'exconsellers' Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros. El Tribunal de Cuentas activa el procedimiento para establecer la responsabilidad contable del 1-O y reclamar la desviación de fondos públicos, aspecto que se considera probado después de que el Supremo condenara por malversación a los líderes independentistas. En el acta de liquidación provisional, la delegada instructora menciona trece partidas:

Gastos por el “referendum.cat” y “crida extra” (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos para el 1-O (88.643,56); equipo de expertos del IEERT para el 1-O (189.200,34); observadores internacionales (177.464,80), y web cataloniavotes.eu (136.579,37).

El Tribunal de Cuentas pone así el foco en las partidas que ya se repasaron en el Supremo y que sirvieron para condenar a los líderes independentistas por malversación. En su sentencia, el Alto Tribunal no dio una cifra redonda, pero sí explicó dónde se produjo la malversación: “Los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la Administración, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”. De los 12 acusados, el Supremo solo absolvió del delito de malversación a Rull, Forn, Vila, Mundó y Borras, pero el Tribunal de Cuentas les mantiene por el momento como responsables en su acta de liquidación provisional.

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