subvenciones concedidas a 3 empresas

El Tribunal de Cuentas exige a Guerrero la devolución de 250.000 euros por los ERE

El órgano fiscalizador ha considerado a Guerrero y a tres empresas "responsables contables directos" de un "menoscabo en los fondos públicos" por importes que suman 266.481 euros

Foto: El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, tras declarar en el Juzgado de Sevilla. (EFE)
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, tras declarar en el Juzgado de Sevilla. (EFE)

El Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero a devolver la cantidad de 266.481 euros de las subvenciones concedidas a tres sociedades, concretamente Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla, entidades que también ha sido declaradas responsable contable directa por las ayudas que percibieron con cargo a la partida 31L de los ERE, denominada 'fondo de reptiles'.

En sendas sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas ha considerado a Guerrero y a Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla, como "responsables contables directos" de un "menoscabo en los fondos públicos" por importes de 96.400, 80.000 y 90.081 euros, respectivamente.

Estas ayudas se han otorgado "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto"

En concreto, el fallo condena a Guerrero y a las tres entidades a abonar "de manera solidaria" los importe respectivos así como los correspondientes intereses legales que se hayan generado. Igualmente, la Sala les ha condenado, junto a los administradores de las entidades, al pago de las costas de unos proceso judiciales en el que actuaron como demandantes la Fiscalía y la Junta de Andalucía.

Empresas con dificultades de viabilidad

En este sentido, el tribunal apunta que los hechos en que se basan las pretensiones de la parte actora fueron investigados en las actuaciones previas 116/2013, de este Tribunal de Cuentas que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de fecha 18 de octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2010.

Así, tal y como ha adelantado 'Diario de Sevilla', en el grupo de expedientes de ayudas concedidas a las empresas con dificultades de viabilidad investigadas se encuentra los referidos a la ayudas a Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla cuyo importe total abonado asciende a 266.481 euros.

Sin interés social acreditado

De igual modo, la Sala señala que "no ha quedado acreditado" en los expedientes de concesión de las ayudas a empresas "las razones de interés social o económico" que requiere la legislación por lo que "se ha realizado un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al programa 31L", lo que ha conducido "a la ausencia de la preceptiva fiscalización previa, adecuada a la naturaleza del gasto subvencional".

Estos pagos con fondos públicos constituyen "un hecho dañoso" calificado como "malversación"

Continuando esa línea, el Tribunal de Cuentas apunta que estas ayudas se han otorgado "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto". "Asimismo, ni se ha exigido por la Administración, ni ha quedado acreditado por el beneficiario, el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la correcta aplicación de los fondos", añade.

Tal y como reseñan la sentencias, el pago con fondos públicos, en concepto de ayuda o en cualquier otro concepto, realizado "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con absoluto desprecio de las exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público", constituye "un hecho dañoso" para los fondos públicos que debe ser calificado como "malversación".

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