La defensa ante el Tribunal de Cuentas

Puigdemont empleará su huida para tratar de soslayar el embargo económico

El procedimiento desembocará en la petición de fianzas que pueden superar los tres millones de euros

Foto: Puigdemont. (Reuters)
Puigdemont. (Reuters)

El Tribunal de Cuentas ya ha puesto el cronómetro en marcha para lo que, todo apunta, será una segunda condena por el 'procés', en este caso económica. Tras citar para el próximo 28 de enero al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otra veintena de responsables del Govern durante la celebración del referéndum del uno de octubre, la amenaza de una cuantiosa fianza por el 'procés' es ya tangible. Mientras el organismo valora proceder al embargo preventivo de cantidades o bienes por cantidades millonarias, el huido en Bélgica prepara ya su defensa también en este frente. Según apuntan fuentes jurídicas, esgrimirá la falta de enjuiciamiento que ha provocado su precipitada salida de España tras la declaración de independencia, hace más de dos años, para negar que se le pueda imputar responsabilidad contable alguna.

El procedimiento abierto en el organismo encargado de controlar las cuentas funciona como un reflejo del conducido en el caso de la consulta del 9 de octubre de 2014, que acabó en la recuperación económica del gasto atribuido a Artur Mas y a otra serie de cargos. En este caso está en juego una cantidad aún no cuantificada de un mínimo de dos millones y que puede superar los tres y de la que tendrán que responder de forma solidaria los responsables si así lo determina la instructora designada.


El caso del 1-O vuelve a evidenciar, sin embargo, la distancia entre sus protagonistas. Si bien contra Junqueras pesa ya una condena firme por malversación —lo que deja así probado el uso indebido de cantidades del erario público— no sucede lo mismo en el caso del 'expresident', ausente desde hace meses y contra el que solo se ha procedido en fase de instrucción. Puigdemont se encuentra, así, procesado por el desvío de las arcas para sufragar el 1-O, pero ningún tribunal le ha condenado por ello.

Su defensa considera que este hecho impide reclamarle dinero alguno con base en la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. De esa norma, interpreta que la atribución de responsabilidad contable requiere "como elemento previo necesario" que antes se recorra el camino penal. Si la alegación se considera ajustada, Puigdemont y otros cuatro huidos soslayarían el previsible embargo mientras no haya juicio y condena. Es decir, durante un plazo que se adivina largo e intrincado.

Junqueras, en cambio, no cuenta con ese parapeto. Mientras cumple en Lledoners los 13 años impuestos por sedición y malversación, se le abre este nuevo frente. En su caso, la defensa se basará en argumentos muy similares a los que ya se desplegaron durante el juicio del 'procés'. Argumentará, por tanto, que el gasto atribuido nunca salió del bolsillo de la Generalitat y se limitó a un "compromiso" que nunca llegó a abonarse.

El tic tac de la fianza

Argumenten lo que argumenten, lo cierto es que el reloj del Tribunal de Cuentas ya está en marcha. Y el hecho de que Puigdemont no se encuentre a disposición de la Justicia española no paraliza las cosas en este caso. No tienen la obligación de comparecer de forma personal y pueden acudir, en su nombre, sus abogados. En el acto de enero se les dará cuenta de las cantidades precisas que se reclaman y se acotará la fianza.

Transcurrido el plazo establecido, si esas cantidades no quedan satisfechas, el organismo iniciará el paso dos: embargo de las propiedades a su nombre. La caución es anterior, en todo caso, al arranque del procedimiento jurisdiccional y, por tanto, a la hipotética condena o absolución. Comparando con el caso del 9-N, un procedimiento similar desembocó en el año 2018 en una condena a Mas y otros miembros de su Ejecutivo a reintegrar cerca de cinco millones de euros. Las fianzas fueron satisfechas, en gran parte, por la conocida como caja de solidaridad.

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