remite un informe a la Fiscalía general

El Tribunal de Cuentas detecta un nuevo agujero en la acción exterior de Puigdemont

La conclusión que recoge la Fiscalía del Tribunal de Cuentas conduce a la existencia no solo de responsabilidades contables, sino también penales

Foto: El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont. (EFE)
El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont. (EFE)

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha puesto el foco en el dinero público empleado por la Generalitat en acciones exteriores para favorecer el proceso independentista, confirman a El Confidencial fuentes del organismo fiscalizador. En un informe enviado a la Fiscalía General del Estado, el ministerio público de dicho tribunal aborda nuevas partidas bajo sospecha y pide investigar la posible responsabilidad penal y contable de Puigdemont y el resto de su Govern, incidiendo así en el delito de malversación que ya está siendo objeto de examen en el juicio del 'procés'.

La conclusión que recoge la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, cuyo análisis se ha realizado a petición de un acuerdo adoptado por la comisión mixta del Congreso y el Senado, conduce a la existencia no solo de responsabilidades contables, sino también penales. Las fuentes consultadas confirman que en el informe cobra especial relevancia el uso de fondos en acciones exteriores, centrándose para ello en partidas que ya se han discutido en el juicio del 'procés', como los viajes realizados por los líderes independentistas, la contratación de 'observadores' por parte del Diplocat para el 1-O o diferentes eventos organizados en el marco del 'procés'.

El Ministerio de Hacienda ya denunció en noviembre de 2017 al destituido Govern y a las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por el 1-O, pidiendo en este sentido al ministerio público que calculase "los daños causados al erario público" en la organización del referéndum. El informe remitido ahora por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a la Fiscalía General del Estado, que es un anteproyecto que irá ampliándose en los próximos meses, supone ir un paso más allá en esta dirección.

En la misma línea, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifró el pasado diciembre en más de ocho millones de euros el dinero desviado ilícitamente por el gobierno de Carles Puigdemont para el referéndum ilegal del 1 de octubre. El ministerio público presentó entonces un escrito en el que recogía esta cantidad, que supera con creces la descubierta por el Ministerio de Hacienda o por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero matizó que se trataba de una fase inicial de instrucción en la que irá reclamando nuevos datos para determinar el importe exacto.

El nuevo informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abre así un nuevo frente a los líderes independentistas y les expone a una condena similar a la de Artur Mas, que tiene que pagar de forma solidaria 4,9 millones de euros con otros nueve miembros del que fuera su Govern por su responsabilidad contable en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

La acción exterior del 'procés'

A lo largo de más de 500 páginas, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dedica especial atención al "destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña", adelanta el diario 'El País'. El informe aborda hasta 166 actividades llevadas a cabo por el departamento de Acción Exterior entre 2013 y 2015, así como 45 viajes internacionales realizados por miembros del Govern para conseguir apoyo en el extranjero mediante la celebración de conferencias o reuniones. La suma de todas las partidas investigadas alcanza la cifra de 7.303.430 euros.

El ministerio público detalla en este sentido los gastos del Diplocat, que habría empleado más de dos millones de euros para conseguir que el 'procés' contara con apoyos internacionales. El que fuera responsable de la institución, Albert Royo, declaró como testigo el pasado 13 de marzo en el juicio del 'procés', un interrogatorio que giró en torno a los pagos a observadores internacionales de cara al 1-O, gasto que él defendió diciendo que "no era observadores, eran visitantes internacionales".

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