Dirigentes del 'procés' denuncian abuso judicial: "Nos piden fianzas que ya pagamos"

Los altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas les reclama millones de euros con motivo de sus responsabilidades al frente de las instituciones entre los años 2011 y 2017 consideran un abuso y una incongruencia esa petición, pues ya han depositado ocho millones de euros ante un juzgado de Barcelona y ante el propio Tribunal de Cuentas por hechos relacionados con las actividades de promoción de la independencia, que ahora sigue indagando para presentar más peticiones de fianzas a una treintena de altos cargos y ex altos cargos de la Generalitat.

La alerta la dio este jueves Albert Royo, ex secretario general del Diplocat, es decir, el jefe de la diplomacia de la Generalitat entre 2013 y 2017, que anunció que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones de euros por la acción exterior del Govern durante esa época. “Esa petición es una duplicación del castigo. A mí y a otros altos cargos ya nos había pedido el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que depositásemos seis millones de euros en la causa que se está siguiendo contra nosotros”, explica Albert Royo a El Confidencial.

El juzgado al que alude abrió un sumario en 2017, en el que están investigados decenas de altos cargos. Los dos más importantes eran el ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, cuya causa pasó recientemente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque están aforados, al haber sido elegidos diputados en las últimas autonómicas. El juzgado 13 estableció en cuatro millones de euros la cantidad en concepto de responsabilidad que debían depositar los investigados. Y añade, que ante ese juzgado, “alegamos que con motivo del sumario del 1-O ya se habían depositado 2,1 millones por ese concepto y, finalmente, dejó el tema en la reclamación de cuatro millones”, dice Royo.

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Pero, en 2019, el Tribunal de Cuentas se metió en escena y exigió otros 4,1 millones de euros para cubrir las responsabilidades de todos los altos cargos del Govern en materia de política exterior. Basaba sus exigencias en un voluminoso informe en el que se detallaban actividades que supuestamente no sirvieron para la acción exterior, sino para sufragar gastos del ‘procés’ y, por ello, no eran justificables.

Tanto el exjefe de la diplomacia como otros investigados interpusieron un recurso ante el Tribunal de Cuentas, alegando que las actividades por las que el Tribunal de Cuentas exigía los cuatro millones eran las mismas por las que habían depositado otros cuatro millones en el juzgado 13. “El tribunal nos dijo que eso a él no le importaba, porque el juzgado 13 seguía una causa penal y él lo que pedía eran responsabilidades contables. Total: que por los mismos actos nos piden una responsabilidad doble”, se queja el ex alto cargo del Govern.

En febrero ya se pagó

De nada valieron las justificaciones de los 28 acusados, que el pasado mes de febrero depositaron todo el dinero en el Tribunal de Cuentas. Las cantidades reclamadas hasta ahora no influyeron en los patrimonios de los investigados, ya que pudieron ser cubiertas por la caja de solidaridad abierta para la ocasión y que pudo recaudar el dinero con los donativos de ciudadanos anónimos.

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Sin embargo, Albert Royo se encuentra ahora con que el Tribunal de Cuentas le pide otros 4,5 millones de euros para cubrir responsabilidades. “Esa cantidad —subraya— es por la actividad del Diplocat durante la etapa en la que estuve al frente. ¡Pero las actividades por las que se pide son exactamente las mismas que las que achaca el juzgado número 13 y por las que ya se depositaron fianzas ante el propio Tribunal de Cuentas! Es decir, hasta ahora hay ya depositados en las cuentas de la Justicia española un total de ocho millones de euros, a los que hay que añadir otros dos millones que pagaron los condenados por al 1-O. En total, pues, 10 millones de euros”.

Royo apunta a que hay un encarnizamiento contra los líderes independentistas, pero advierte de que habrá más peticiones: “Los 4,5 millones que salen ahora a la luz corresponden solo al Diplocat, pero hay más organismos de la Generalitat involucrados y se pedirán más responsabilidades”, explica. En el informe del Tribunal de Cuentas en que se basan las peticiones, efectivamente, se citan actividades ‘sospechosas’ de la Consejería de Exteriores, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), de la Agencia Catalana del Turismo (ACT), el Instituto Catalán de Empresas Culturales, el Instituto Ramon Llull, la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acc1ó), las diferentes 'embajadas' catalanas como organismos jurídicos y la Casa de la Generalitat de Perpiñán.

Nuevo sumario

A todo ello, el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona acaba de abrir otro sumario para investigar los mismos hechos por los que el Tribunal de Cuentas ya ha consignado los cuatro millones de euros y por los que ahora empieza a pedir más fianzas (la primera, los 4,5 millones de euros a Albert Royo por haber sido el secretario general del Diplocat). “El juzgado 18 ha abierto pieza a instancias de una denuncia de la Fiscalía, aunque no sabemos lo que pedirá en concepto de responsabilidad civil. Pero es un despropósito: los hechos por los que acusa la Fiscalía son los mismos que ya constan en el juzgado número 13, que tiene abierto sumario desde 2017, y también son los mismos por los que el Tribunal de Cuentas ha pedido fianza”.

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En este nuevo auto, se acusa a 10 ex altos cargos de diversas actividades que supusieron importantes desembolsos para las arcas públicas, pero que sirvieron para pagar gastos del ‘procés’. Entre los investigados, están el exconsejero de Exteriores Raül Romeva; Aleix Villatoro, ex secretario general de Exteriores; Roger Albinyana, exsecretario de Exteriores del Govern; Albert Royo; Víctor Cullell, exsecretario del Govern y ex director general de Análisis y Prospectiva; Roser Clavell, ex secretaria general del Diplocat en 2012, o Gerard Figueras, presidente del Consejo Catalán de Deportes. Varios cientos de miles de euros desde el Diplocat y la ACCD se canalizaron a través de convenios con la Federación de Organizaciones Catalanas Reconocidas Internacionalmente (Focir), un ‘chiringuito’ dirigido por la activista Mònica Sabata, impulsora en su día de la Plataforma por el Derecho a Decidir y que trabajó también durante más de una década para el Ciemen, una de las entidades de referencia del independentismo. De momento, no hay petición económica de responsabilidad civil sobre los acusados.

A simple vista, no obstante, es completamente inusual que por los mismos hechos se abran investigaciones paralelas en diferentes juzgados. Los investigados pedirán que se unifique todo en una misma causa, porque lo contrario podría llegar a ser una aberración jurídica. “Si se investigan unos hechos en un juzgado, no tiene sentido que se abra investigación en otro juzgado por los mismos hechos”, razona Royo.