El Tribunal de Cuentas envía a juicio a los líderes del 'procés' por el desvío de fondos

Los líderes del 'procés', con Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras al frente, irán a juicio por el presunto desvío de fondos en la organización del referéndum del 1-O y la acción exterior. Sus defensas trataron de frenar el procedimiento durante una audiencia previa celebrada este viernes, pero la consejera del tribunal, Elena Henáez, rechazó sus argumentos. La Fiscalía reclama tres millones de euros a los 35 encausados y Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva a su vez la cifra hasta los cinco millones.

La defensa de Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí centró su intervención en la inmunidad de la que gozan como eurodiputados. El abogado Gonzalo Boye alegó que, al menos para ellos, el procedimiento debía detenerse hasta que se tramitara un suplicatorio y el Parlamento Europeo diera su visto bueno a levantarles esta especial protección, pero la consejera del tribunal lo consideró innecesario. La decisión final queda ahora a la espera del recurso que anunció Boye: "El único órgano con potestad para apreciar el alcance de la inmunidad de mis defendidos es el Parlamento Europeo", advirtió. "Las prisas pueden ser malas".

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Las defensas también alegaron la falta de jurisdicción del órgano fiscalizador, la nulidad de la causa en fases previas y la falta de legitimación de SCC, así como la incompatibilidad de que se siga el procedimiento cuando el Tribunal Supremo ya ha juzgado a varios de los encausados y, al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la responsabilidad contable de la consulta del 9-N de forma separada. La consejera desestimó estas cuestiones y, al igual que Boye, los abogados fueron anunciando recursos.

En cuanto al hecho concreto de que el Supremo haya condenado a varios de los encausados, que de forma indirecta afecta a la reforma que tramita el Gobierno para rebajar el delito de malversación, Elena Hernáez subrayó de que el procedimiento del Tribunal de Cuentas "tiene por objeto únicamente la devolución de un menoscabo". Con este razonamiento, rechazó verse afecta por "la consecuencia penal", una postura que en principio evita que la mencionada reforma pueda tener efecto alguno en el caso

Resueltas las cuestiones procesales, la audiencia se centró en la proposición de prueba. Una de las defensas solicitó que el propio Puigdemont tenga que declarar como testigo en el juicio pese a constar también como demandado y, esta vez sí, la consejera accedió a la solicitud. Ni ella ni la defensa del expresidente catalán, que también solicitó su propia citación, concretaron el modo en que se haría, si por videoconferencia o presencialmente. En cuanto a la petición de que se citara también como testigo al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, formulada una vez más por la defensa de Puigdemont, la consejera rechazó la misma por "innecesaria e improcedente".

La Fiscalía rebaja la factura

Al arranque de la vista previa, el fiscal Manuel Martín anunció además que rebajaban en 336.143,34 euros la factura que reclaman a los líderes del procés por el 1-O, dejando entonces su reclamación final en una cifra que ronda los tres millones de euros. SCC se sumó a esta decisión y dejó la suya en cinco millones

La rebaja se produce tras descartar la partida de la campaña Civisme para publicitar el referéndum, que se reclamaba, entre otros, a Junqueras y Puigdemont. Al desistir de la misma, la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, acordó además el sobreseimiento provisional para el ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, Jaume Mestre, que solo se enfrentaba a esta reclamación. De esta manera, el número de encausados se reduce a 35.

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En la demanda que la Fiscalía presentó en abril, que apuntaba a un gasto de 1,2 millones de euros en el 1-O y de otros 2,2 millones en la acción exterior, ya dejaba caer sus dudas respecto a esta campaña. "Si bien no consta que las facturas analizadas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) hayan sido abonadas, se ha producido un perjuicio patrimonial cifrado en las cuantías que la CCMA reclama al Departamento de Presidencia y que son equivalentes a la cuantificación del coste económico del servicio", argumentaba para incluirlo como gasto. "En efecto, la Generalitat tiene pendiente de abono la cantidad de 336.143,34 euros".

Pese a ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) concluyó ese mismo mes que la Generalitat no debía pagar esta factura, pues la propia CCMA "conocía que se encontraba ante una actuación ilegal" y "asumió la decisión de realizar la prestación sin un contrato que lo soporte".

Estas cifras de tres y cinco millones que reclaman la Fiscalía y la SCC son determinantes para el procedimiento. El Tribunal de Cuentas en ningún caso podría obligar a los encausados a pagar una cantidad mayor, por lo que ese sería el tope a la hora de dictar sentencia. Al arranque de la fiscalización, en su liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas llegó a apuntar a un presunto desvío de 3,9 millones para el 1-O y de 5,2 para la acción exterior, pero ambas cifras han ido reduciéndose desde entonces.