El pacto del PSOE y ERC oculta nuevas ventajas a los dirigentes del 'procés'

La enmienda pactada por el PSOE y ERC para aligerar las penas del delito de malversación esconde ventajas añadidas para los dirigentes que participaron en el procés. Para empezar, la modificación de la actual redacción del Código Penal introduce nuevos tipos que dan pie a la interpretación de los tribunales. Los cuatro años aparecen así como un tope máximo, pero la variedad de conductas tipificadas permite defender por los acusados penas más bajas en función de su participación concreta en lo sucedido en las semanas anteriores al 1 de octubre de 2017. Además, la enmienda transaccional que vio la luz a última hora de la tarde del lunes ofrece una vía de escape: reduce aún más las condenas si los acusados devuelven las cantidades malversadas o colaboran con la Justicia antes de que se celebre el juicio en su contra. También incluye penas exclusivas de inhabilitación si el daño al erario no entorpece de forma grave el servicio público.

La reforma, que se aprobará previsiblemente antes de que acabe diciembre y que se añade a la desaparición del delito de sedición, incluye varias de las demandas de Esquerra. Realiza esa distinción que defendía el partido de Oriol Junqueras entre aquellos que se apropien de fondos para beneficio propio y los que no lo hagan; es decir, no tengan ánimo de lucro. El tipo básico que se mantiene con penas de hasta ocho años en los casos más graves lleva añadida esa precisión, "con ánimo de lucro". A ese se agregan dos supuestos diferentes para aquellos que no se hayan metido cantidades económicas directamente en el bolsillo y que abren el abanico a distintas interpretaciones, algunas de ellas más beneficiosas que otras.

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Si no se embolsan el patrimonio, pero sí lo destinan "a usos privados", las penas van de los seis meses a los tres años y se exige para acogerse a este tipo más leve "que reintegren las cantidades en los 10 días posteriores a que se abra procedimiento en su contra". Si no se quedan con patrimonio, pero sí lo destinan "a una aplicación pública diferente a la destinada", la condena llega a los cuatro con un matiz. Aquí viene el primer gesto añadido, el daño o el entorpecimiento. El nuevo tipo delictivo indica que solo puede imponerse la pena de prisión e inhabilitación en su tramo superior, de hasta seis años, si queda demostrado "un daño o entorpecimiento graves al servicio al que estuviese consignado" el dinero. Si no, la inhabilitación llega a los tres años y no hay cárcel aparejada.

El guiño más evidente, un salvavidas al que podrán acogerse una decena de cargos intermedios de ERC acusados por el uso de fondos del procés e incluso el propio Carles Puigdemont, se recoge en el último apartado del texto pactado. En él se introducen atenuantes de la pena superiores a las que ya recoge el Código Penal de forma genérica. En el caso de que devuelvan el dinero malversado antes de la vista oral o bien colaboren para esclarecer los hechos, se contemplan rebajas de uno o dos grados. Con ellas, las penas quedan aún más rebajadas. Tanto, que ni siquiera implicarían un ingreso en prisión. La máxima es de dos años y la mínima, de seis meses.

A pesar de la insistencia del Ejecutivo en tratar de desactivar las críticas por el riesgo de que la reforma acabe beneficiando a condenados por corrupción, fuentes jurídicas advierten de que esperan decenas de recursos de revisión de condenas ya impuestas. La aplicación o no de rebajas dependerá del tribunal sentenciador y es imposible anticipar de momento si se acaban aceptando estas solicitudes. El Gobierno insiste en que salvará este escollo mediante una disposición adicional que limite la retroactividad.

Cierre de filas

Pedro Sánchez ha logrado imponer un cierre de filas dentro del PSOE con su reforma para cerrar el círculo de la “desjudicialización” del procés. Al menos de momento y, sobre todo, entre los barones habitualmente menos críticos con Ferraz, quienes en esta ocasión sí habían encendido todas las alarmas ante el riesgo de que se suavizase la lucha contra la corrupción con una rebaja de penas. Un coste electoral que ninguno de los barones, sin excepción, estaba dispuesto a asumir trasmitiendo su línea roja de que no se abriese la puerta a la revisión de sentencias.

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Ferraz, durante toda la semana pasada, y el propio Sánchez este lunes, durante la ejecutiva del partido, se concentraron en calmar a los barones con el mensaje de que ni se despenalizaría el delito de malversación ni se verían beneficiados por ello políticos ya condenados. Este era el principal temor dentro del partido, sobre todo después de la polémica por la ley del solo sí es sí, y en líneas generales se asume que así será. Ni los más críticos levantaron este lunes la voz, aunque fuentes cercanas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzan que se posicionará hoy sobre la reforma tras analizar su letra pequeña. El aragonés Javier Lambán también lo hará en los próximos días.

Este lunes no hubo contestación interna ni en público, y la mayoría de barones se dio por satisfecha al considerar que la reforma cerraba la puerta tanto a la rebaja de penas a corruptos como a la revisión de sentencias. En esta línea se manifestaba el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, avalando que la propuesta final pactada con ERC “va en el buen camino”, al no reducir las penas de quienes se hayan lucrado por malversación. Precisamente, la reforma no cambia las penas de este delito, pero sí incluye uno nuevo que rebaja los años de cárcel de los condenados por el procés.

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Se trata de una tipificación en la que expresamente se hace referencia a "destinar patrimonio público a un fin distinto al previsto" y que deja las condenas por malversación ligadas a la sedición de uno a cuatro años frente a los 12 años con que se castiga la malversación agravada con la legislación vigente. Tanto Page como Lambán, más allá de su rechazo a suavizar penas de corrupción, se desmarcaron ya de una reforma ad hoc por los dirigentes independentistas.

El resto de barones sí han ido cerrando filas después de que Pedro Sánchez dedicase buena parte de la reunión de la ejecutiva del PSOE este lunes a hacer pedagogía sobre su reforma e intentar calmar a los suyos. El mensaje que se ha reiterado para cumplir con las exigencias de mínimos de los barones es que no hubiera ninguna rebaja de penas y que haya "garantías técnicas" en el texto de su enmienda para que ningún procesado se vea beneficiado.

El caso Griñán

En el PSOE andaluz han sido muy prudentes sobre la maniobra de Pedro Sánchez con la reforma del delito de malversación, a pesar de que el nombre de José Antonio Griñán planeó sobre la propuesta desde que se hizo pública en los corrillos del Día de la Constitución. "No vamos a contribuir al ruido", apunta una fuente de la dirección del partido que da por hecho que la reforma que se está tramitando en el Congreso no beneficiará al expresidente ni al resto de ex altos cargos condenados por malversación en el caso de los ERE fraudulentos.

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"Ellos [los ex altos cargos condenados] no quieren bajo ningún concepto que se les compare con los dirigentes del procés", desvela otra fuente en el partido, que descarta que la reforma les afecte "más allá de un nuevo escarnio público". "Todo es una inmensa confusión que hace más daño", zanja. La sensación dentro del partido es que no hay posibilidad de que se active ninguna reforma legal que pueda parar el ingreso en prisión del expresidente de la Junta, ya ordenado por la Audiencia de Sevilla, pero paralizado por las maniobras de las defensas, lo que podría propiciar el retraso del ingreso hasta después de Navidad.

Es cierto que hay exdirigentes del PSOE andaluz que han firmado el manifiesto que rechaza la reforma, pero entre el socialismo andaluz eluden el tema. La alineación de San Vicente —sede del partido en Andalucía— con Ferraz es casi total desde que Juan Espadas venció a Susana Díaz en las primarias de junio de 2021 con el apoyo del aparato estatal que dirige Pedro Sánchez. Lejos quedan las pugnas que la sevillana mantuvo con la dirección federal de los mensajes en defensa de la estrategia del presidente del Gobierno para destensar la situación en Cataluña y su apoyo en ERC.

El propio Espadas, en declaraciones a esta redacción, ha defendido que la reforma no supone "en ningún caso" una despenalización de la malversación. "Las propuestas no solo no dan pasos atrás en materia de corrupción, sino que avanzan en tipificar nuevas conductas", apunta el secretario general de los socialistas andaluces, que cree que se "mejora" el Código Penal al situarlo antes de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2015.