La Fiscalía pide enviar al banquillo a los CDR por delitos de terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de presentar un escrito en el que propone juzgar a los radicales de los CDR detenidos en septiembre de 2019 y que presuntamente planeaban atentados, sabotajes y el asalto del Parlament como respuesta a la sentencia sobre los líderes del 1-O por delitos de terrorismo. El Ministerio Público reclama sentar en el banquillo a todos ellos por pertenencia a organización terrorista, delito al que suma el de tenencia y el de fabricación de explosivos para nueve de los acusados. Considera acreditado que pretendían atentar contra "objetivos previamente seleccionados", indica el escrito que ha conocido El Confidencial.

En concreto, el Ministerio Público considera que los investigados, 12 personas en total, habrían superado la actividad dentro de sus respectivos CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares.

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EFE

Como ya aseguraba en la fase de instrucción, la meta final para el Ministerio Público como organización "era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando de modo coercitivo las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo relaciona a este núcleo extremista con la organización en su más amplia denominación, los propios comités de defensa de la república. Así, indica que el movimiento nacido de la defensa del referéndum del 1 de octubre de 2017 y evolucionado hacia iniciativas de apoyo a la independencia se desgajó en núcleos compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada. El que conformaban los arrestados se radicalizó.

"La intención general se manifiesta en los CDR a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos por el Estado de derecho para las reivindicaciones políticas y sociales, y la apelación directa a la desobediencia y a la ejecución de acciones de características habitualmente tumultuarias que pretenden imponer una realidad de hechos consumados mediante la toma de control del territorio y la afectación de sectores estratégicos económicos y de abastecimiento", continúa.

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Sin embargo, los acusados ante la Audiencia Nacional fueron más allá. Integraron una célula reducida que evidenció "una gran radicalidad". "La creación de esta célula viene motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a la causa, habiéndole sido encargada la realización de las acciones más sensibles", indica la Fiscalía. Como ha adelantado El Mundo, el escrito afecta a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado (a los que se atribuyen ambos delitos), y Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, acusados del vinculado con los explosivos.

Objetivos definidos

El fiscal ha analizado la planificación de ataques contra personas y contra infraestructuras básicas, y la elaboración para ejecutarlos de sustancias explosivas, destacando entre ellas la conocida como termita. Asegura que, en el momento de su desarticulación, la organización había realizado informaciones precisas sobre sus posibles objetivos y había desarrollado actos preparatorios, "consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados".

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En las fotografías de los objetivos seleccionados, se recogen determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales. Entre los lugares elegidos para atentar, se encuentran la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del Gobierno en Barcelona. También la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia. Otros objetivos eran miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, torres de alta tensión e instalaciones en autopistas y peajes. O la empresa Amazon.