La psicóloga, el profesor y el abogado que querían destruir España: los 'otros' 39 CDR

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ya ha enviado al banquillo a 13 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que presuntamente crearon una organización terrorista que pretendía doblegar al Estado y materializar la independencia de Cataluña, pero la cifra de procesados podría haber sido mucho más alta. La Guardia Civil señala en un informe incorporado a las diligencias que los acusados contaron con la colaboración de al menos otros 39 radicales que, por motivos no aclarados, han conseguido quedarse al margen de la investigación penal.

Esa nueva cifra cuadriplicaría el tamaño que se atribuía hasta ahora al Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la presunta célula de los CDR que integraban los procesados y que tenía como misión ejecutar atentados contra instituciones e intereses nacionales, agentes de las fuerzas de seguridad del Estado e, incluso, contra líderes de partidos políticos constitucionalistas. Los investigados llegaron a fabricar y probar sustancias explosivas como la termita y la cloratita, y tenían manuales para sintetizar amonar, entre otras mezclas.

Los otros individuos identificados por la Guardia Civil en este nuevo informe habrían ocupado un segundo nivel en esa estructura clandestina dedicada a la comisión de acciones violentas, pero su intervención habría sido clave para el funcionamiento de la organización. El informe explica que se trataba de individuos que también se movían en la órbita de los CDR y que, “de una manera más o menos directa o consciente, han participado, facilitado o colaborado en las actividades” que se atribuyen a los 13 procesados.

Una de esas personas era Montserrat Casas, nacida en 1968 y perteneciente al CDR de Sabadell. Nunca ha estado imputada en el procedimiento, pero, según las escuchas telefónicas y otras comunicaciones interceptadas, habría participado en la compra de material de laboratorio para que el resto de miembros del grupo pudiera elaborar artefactos. También tomó imágenes de un cuartel de la Guardia Civil que estaba en el punto de mira del ERT.

Otro de los individuos que ha salido indemne de las diligencias penales de la Audiencia Nacional es Jordi Boix, propietario de la mercantil Kequco S.L., cuya sede fue utilizada el 10 de julio de 2019 para celebrar una reunión envuelta en intensas medidas de seguridad y que sirvió como “punto de encuentro de diferentes células que estarían llevando a cabo actividades de fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias y que fue concertada con el objetivo de coordinar estas actividades además de la logística necesaria para llevarlas a cabo”.

El Instituto Armado implica en las labores de apoyo a la presunta organización terrorista a un mosso d’esquadra llamado Iván Morán. Los investigadores han comprobado que consultó las bases de datos de la Policía autonómica a petición de uno de los cabecillas de la red, Germinal Tomás Abueso, para comprobar si este estaba siendo objeto de alguna investigación secreta de las fuerzas de seguridad del Estado.

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El informe también señala a un policía local de Manresa, Joan Miquel Pujol Parcerissa, que simultaneaba su condición de agente de la autoridad con la pertenencia a CDR dedicados a subvertir el orden público. Pujol se habría encargado de la “seguridad, coordinación y organización” de los canales de comunicación de estos grupos para evitar la posible acción de la Justicia. En varias conversaciones intervenidas pide “cacahuetes” y “batidos de fresa”, que en el argot de los CDR significaba “móviles limpios” para mantener conversaciones sobre asuntos sensibles.

También dio apoyo a la presunta célula terrorista un escritor, Pere Dalmases Arnella, autor de varios libros sobre la historia de Barcelona. Dalmases era un miembro activo de varios grupos de mensajería instantánea empleados por los radicales para compartir estrategia y perfilar los detalles de las acciones. De algunas conversaciones se desprende que otros individuos tuvieron que calmarlo para que no empleara la termita que habían confeccionado antes de la fecha acordada.

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Otra presunta colaboradora de la célula era María Dolors Gonyalons, nacida en 1964, psicóloga de profesión y promotora de un grupo de Signal llamado Les tortugues ninja que habría servido para facilitar la comunicación entre diferentes grupúsculos enfocados específicamente a la fabricación de explosivos. En algunas de las conversaciones, la terapeuta habló directamente de “crear caos”. “Debéis tener: Pantalón oscuro, sudadera oscura, gafas de sol, tapabocas o pasamontañas o pañuelo negro, bambas o zapatillas oscuras, guantes de plástico. Estar organizados en grupos pequeños de 3 o 4”, ordenó Gonyalons, evidenciando su autoridad sobre el resto de implicados. Según el informe, estaba al tanto de los planes de los 13 miembros de los CDR que se sentarán en el banquillo.

En ese grupo de Les tortugues ninja figuraba igualmente una concejala de la CUP en el municipio de Monistrol de Montserrat (Barcelona), Núria Culebras Flores, que presuntamente conocía los planes de carácter terrorista y aparece en el documento policial. Otra concejala de la CUP, Queralt Casoliva, está entre los que serán juzgados por la Audiencia Nacional.

Los perfiles de los 39 individuos de este segundo nivel eran extremadamente diversos. Según la Guardia Civil, había un abogado que gozaba de una posición de prestigio. Se llama Josep Oriol Maciá, aunque sus compañeros de los CDR lo llamaban Uri. Tiene su domicilio es un chalé pareado en una zona acomodada a las afueras de Vic, pero los agentes han descubierto que dedicaba gran parte de su jornada a cortar carreteras, efectuar sabotajes y preparar nuevas acciones. Además, se le intervinieron conversaciones en las que hablaba de ácido clorhídrico, aluminio y termita.

El radicalismo de algunos de estos colaboradores resulta especialmente inquietante. Otro de los mencionados por el Instituto Armado es Oscar Oliver, apoderado de una empresa y docente investigador de la diplomatura de Matemáticas en la Universidad Politécnica de Catalunya. “Se ofrece de manera voluntaria a supervisar la preparación de compuestos químicos y la realización de pruebas. Aportaría sus conocimientos técnicos. De sus comentarios se desprende que este individuo es consciente de la ilicitud de las acciones que realiza”, expone el informe.

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Las conversaciones también pondrían contra las cuerdas a varios empleados de empresas químicas que proporcionaron de forma irregular compuestos vitales para fabricar bombas. Los indicios no son tan contundentes contra otros colaboradores, pero los 39 en bloque se han quedado fuera del auto de transformación en procedimiento abreviado. La causa solo se dirige contra 13 personas, aunque la acusación contra uno de estos se ha archivado porque atraviesa graves problemas de salud.

La mayoría fueron detenidos en septiembre de 2019 antes de que pudieran cometer el primer atentado. Querían aprovechar el segundo aniversario del 1-O para desencadenar un levantamiento popular y tomar el control del Parlament. Serán juzgados por un delito de integración en organización terrorista, castigado con entre seis y 12 años de prisión, así como por delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.