La ANC resucita los CDR y montará comandos para tensionar la calle en Cataluña

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) endurecerá la confrontación con España durante los próximos meses. Se trata de movilizar la calle “hasta hacer Cataluña ingobernable”. Ese es el objetivo prioritario que tiene la organización referente del soberanismo radical catalán, artífice de las grandes manifestaciones de la última década junto a Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios Independentistas. “Es preciso preparar un nuevo embate democrático con el Reino de España de mayor potencia que el de 2015-2017”, advierte la entidad. Y la forma de hacerlo es mediante una especie de “grupos de confianza” que no son más que comandos para crear inestabilidad al estilo de los CDR, los comités de defensa de la república, que hicieron lo propio en 2017.

Los dirigentes de la entidad ya tienen asumido que su labor prioritaria será la confrontación sin tregua y para ello se echará mano de todas las tácticas y herramientas posibles, incluidas la “creación de nuevas alternativas”. Se trata, afirma la ANC, de “confrontación no violenta”, lo cual “no quiere decir que no haya de tener fuerza y capacidad de llegar a todos. Ha de ser contundente. Se ha de sorprender, captar la atención de los medios de comunicación y producir reacciones”.

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En este contexto, la ANC es consciente de que “cualquier acción de lucha ‘no violenta’ comporta una preparación previa, tener el objetivo bien definido, disponer de grupos cohesionados y de confianza, prever los recursos necesarios para llevar a cabo la acción y medir los riesgos y los beneficios”. En otras palabras, es necesario poner a los comandos de activistas de nuevo a tensionar la calle. En este caso, sin embargo, los grupos de acción serían controlados directamente por la ANC, que durante un tiempo vio su protagonismo mermado por la actividad de los CDR, controlados en buena medida por la CUP y por los GAAR (Grups Autònoms d'Accions Ràpides), al servicio de una plataforma extremista. En la hoja de ruta explicita que para la lucha son necesarias “la creación y recuperación de grupos”, además de la “continuidad de la formación y la realización de acciones”. La meta es situarse en "un escenario de confrontación como el que teníamos en el otoño de 2017".

¿Para qué servirán estos grupos? Para tensionar la calle y, entre otras cosas, “denunciar, rechazar y responder a las intromisiones españolas de carácter propagandístico como las visitas monárquicas, acontecimientos deportivos y otros actos similares que intentan normalizar la ocupación española del territorio nacional”. Lo que pretende con esta estrategia es dejar atrás el bache de los dos últimos años, que supuso una importante desmovilización del activismo soberanista. Es más, los últimos llamamientos de la ANC a protestas, como las visitas de Felipe VI, se saldaron con estrepitosos fracasos, ya que solo se movilizaron en esos llamamientos dos o tres centenares de activistas. Para los dirigentes de la entidad, ahora se dan las condiciones para "volver a empezar".

Un documento confidencial

La necesidad de disponer de esos grupos de acción fue incorporada a la hoja de ruta proveniente de otro documento elaborado por la propia ANC, que recoge la estrategia para los próximos años. Se trata de un informe que lleva el sello de ‘confidencial’, titulado ‘Principios y acciones de lucha del movimiento popular independentista’. En ese documento se encuentra la clave de las futuras acciones del independentismo más radical. En su análisis, define este movimiento como partidario de la lucha no violenta, pero aboga por “hacer ingobernable Cataluña hasta conseguir que la independencia sea inevitable”. Y propone “la movilización y protesta, la desobediencia civil, la no colaboración y la creación de nuevas alternativas”. La presión no acabará hasta “la conquista de la independencia y la ruptura con el Estado español”.

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Es la 'guerra total' contra España, en la que se persigue “provocar el efecto búmeran contra el Estado opresor”. El independentismo radical no escatimará medios y procedimientos. “Desde cada sector de la sociedad y desde cada rincón del territorio, buscamos e impulsamos la complicidad en el ámbito nacional, sectorial y local con entidades y organizaciones de toda clase para hacer ingobernable Cataluña, tomando como referente el Primero de Octubre, muestra del poder del pueblo en el acto más grande de desobediencia civil que se haya hecho jamás”, arenga el documento.

En esa estrategia se enmarca también la “denuncia y la protesta sistemática ante cualquier acto represivo, el no reconocimiento de los tribunales de parte, la defensa jurídica de los encausados en clave de defensa nacional y de causa común, el impulso de redes y plataformas de apoyo y la respuesta firme y coordinada ante la vulneración sistemática de derechos”. La ANC se compromete así, según el escrito, a participar en todas las mesas de trabajo que haya, pero solo si es para acciones “que encaminen la lucha hacia la confrontación con el Estado y por la defensa del referéndum del 1-O”.

"No habrá acuerdo con España"

Lo que sí tienen claro los dirigentes de la ANC es que el independentismo no puede dar ni un solo paso atrás. “Somos una nación. No puede haber ningún acuerdo con el Estado español si antes no nos reconoce como sujeto político. Somos una nación ocupada. La represión no comienza en 2017. Cada generación de catalanes tiene sus represaliados”, dicen otros puntos. Y también explica que “nuestro marco nacional son los Països Catalans, siempre respetando las dinámicas propias de cada territorio”. Es decir, que amplían el radio de acción a Valencia, Baleares, sur de Francia, la Franja (territorio aragonés que está entre Cataluña y Aragón) y el Alguer, aunque algunos dirigentes añaden a esos territorios los de Andorra y una pequeña comarca en Murcia.

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El documento señala que el independentismo unilateralista ha de tener un compromiso indestructible “con las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y con la declaración de independencia”. La ley de transitoriedad jurídica, aprobada el 6 de septiembre de 2017 de madrugada en el Parlamento catalán, fue anulada por el Tribunal Constitucional. Ese texto, que pretendía sustituir a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, tenía, entre otras características, la peculiaridad de que abolía la división de poderes mientras blindaba a todos los componentes del Govern como figuras “inviolables”. Este argumentario, además, reclama "hacer valer" el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Precisamente la hoja de ruta para 2022 y 2023, aprobada esta semana, asume todos estos puntos. “Las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y la declaración de independencia están vigentes y constituyen las bases de la legalidad republicana. Entendemos el 1 de octubre como el hito fundacional de la república catalana”, dice el documento, aprobado por los militantes de la ANC con un 96% de los votos favorables y solo un 4% en contra. Los socios de la entidad pudieron votar telemáticamente desde la medianoche del lunes hasta la misma hora del miércoles.