Los CDR fabricaron detonadores eléctricos para explosionar bombas a distancia

Los 13 radicales de los Comités de Defensa de la República (CDR) que planeaban atentar contra intereses y funcionarios del Estado para provocar un levantamiento popular que desembocara en la independencia de Cataluña habían confeccionado detonadores electrónicos para accionar bombas a distancia. La Guardia Civil localizó varios de estos iniciadores de fabricación casera en la finca utilizada por la célula terrorista como laboratorio clandestino en la localidad de Sant Fost de Campsentelles, en las inmediaciones de Barcelona.

Uno de los objetos localizados por los expertos del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) del Instituto Armado fue un bote de medicamentos del que salían dos cables. El envase estaba envuelto en cinta aislante y estaba sellado con cera. El interior había sido rellenado con "una sustancia de color gris", señala uno de los informes incorporados al sumario. El análisis del material arrojó como resultado un producto de carácter "parafínico (…), considerado un combustible para proporcionar una mayor energía a la reacción de detonación, característico de las emulsiones explosivas".

Los especialistas de la Guardia Civil localizaron un segundo detonador de aspecto similar. En este caso, se trataba de un tubo de plástico del que salían dos cables y que presuntamente iba a ser rellenado igualmente con otro material que permitiera accionar una carga principal de explosivo. Una tercera muestra incautada en el laboratorio clandestino de los CDR evidencia que ya habían probado uno de estos detonadores eléctricos artesanales. Los agentes hallaron un tubo similar a los anteriores con "una sustancia incendiaria" que ya había sido "iniciada".

A juicio de los agentes, estos artilugios habrían permitido detonar grandes cargas de explosivo "mediante la activación a distancia", un método utilizado en el pasado por organizaciones terroristas como ETA. El sistema no solo permite precisar el momento de la deflagración, sino que también facilita la huida de los terroristas. En los registros se incautaron muestras de varias mezclas sintetizadas por los procesados que habrían actuado como carga principal. En concreto, se detectó termita, amonal y cloratita, estas dos últimas sustancias de enorme capacidad destructiva. Además, tenían manuales para elaborar materiales "ultrarrompedores" como el hexógeno o RDX y también Goma-2.

La elaboración de estos sistemas eléctricos apuntala la carga probatoria contra los 13 procesados. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera acreditado indiciariamente que planeaban atentar contra instituciones e intereses nacionales, agentes de las fuerzas de seguridad del Estado e, incluso, líderes políticos de partidos constitucionalistas y que llegaron a desarrollar artefactos para cometer esas acciones. Entre sus objetivos figuraba la toma del Parlament de Catalunya con motivo del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O para declarar de manera definitiva la independencia.

Por esos hechos, se sentarán en el banquillo por un delito de integración en organización terrorista, castigado con entre seis y 12 años de prisión, así como por delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

Además de los 13 procesados, la Guardia Civil implica en esos planes terroristas a otros 39 individuos que también se movían en la órbita de los CDR y desempeñaron un papel de apoyo. Entre esos individuos figura una psicóloga, varios empresarios, un profesor de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Catalunya, un mosso d'esquadra, un policía municipal de Manresa, una concejala de la CUP y un autónomo. A pesar de esa colaboración, han conseguido quedarse al margen del procedimiento penal.