Desolación en el arranque del año judicial: "No es que haya mucho que celebrar"

Felipe VI presidirá este jueves la apertura del año judicial, un acto que volverá a estar marcado por las vacantes que acumula el Tribunal Supremo y por el bloqueo en la renovación del CGPJ, pero sobre todo por las negociaciones del Gobierno con Carles Puigdemont y su exigencia de sacar adelante una ley de amnistía. "Soy muy pesimista, no solo por la degradación del Tribunal Supremo, sino por la general de las instituciones de nuestro país", advierte un magistrado de este tribunal. "La llamada desjudicialización no es otra cosa que la impunidad por razón de la influencia política".

Tras los indultos a los líderes del procés y la derogación del delito de sedición, el nuevo órdago de la amnistía causa desolación entre la judicatura. Ningún escenario parece ya inasumible por el Gobierno y la tensión se hará patente a partir de las 12:00 de este jueves, cuando los mismos jueces que tratan de capturar a Puigdemont tengan que sentarse junto a los políticos que ahora buscan convertirlo en su socio de investidura. "En el comienzo de este nuevo curso judicial, percibo un sentimiento generalizado de conmoción", sostiene otro magistrado. "Es descorazonador que, tras más de 40 años de democracia, tengamos que reivindicar que nadie está por encima de la ley, y que sin separación de poderes, no hay democracia que resista".

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EFE

No ha faltado quien, al hilo de la negociación, se ha referido al encuentro entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont. "La mera visión de una vicepresidenta del Gobierno de España pactando con un prófugo de la Justicia al que se le imputan delitos como la malversación agravada, por los que otros han sido condenados a penas ya conocidas, da a conocer la altura ética de ambos", asegura otro magistrado consultado, vinculado a la asociación mayoritaria y conservadora.

El expresidente del Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes ya recriminó a Sánchez haber dibujado una Justicia revanchista para justificar sus concesiones al independentismo durante la apertura del año judicial de 2021: "La labor de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho —especialmente desde algunas instancias políticas— cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios". Dos años después, algunos de los jueces confían en que el presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, eleve de nuevo el tono: "Nuestro deber es mantenernos firmes en el cumplimiento de la ley y defender los derechos e intereses de todos los ciudadanos, con independencia de cualquier circunstancia personal o social", dicen. Se lamentan, además, de "la reinterpretación de la Constitución por la puerta de atrás" y "la quiebra de las bases del Estado de derecho y del principio de separación de poderes, el trueque de la ley penal por votos o el desprecio al Tribunal Supremo".

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En la judicatura, reina la sensación de que el Gobierno terminará por aceptar las condiciones de Puigdemont, un listado que él mismo se encargó de resumir este martes en Bruselas como una amnistía "total" que en ningún caso implicara el abandono de la vía unilateral por su parte. "La posibilidad de que se aprueben una ley de amnistía y reformas judiciales dirigidas a lograr la impunidad de unos pocos políticos no solo atenta contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sino que evidencia una concepción de la Justicia como mero instrumento al servicio del Ejecutivo", critica uno de los jueces en conversación con El Confidencial.

Del bloqueo al colapso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también tomará la palabra durante el acto. Junto al mencionado listado, Puigdemont ha exigido que Sánchez fuerce a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía a dar un paso atrás en las causas que afectan al independentismo, que maniobre a través de ellas para garantizar "el abandono completo y efectivo de la vía judicial". Esta petición implica soslayar la autonomía de la Fiscalía y no ha sentado bien entre sus miembros, quienes tampoco arrancan el año con optimismo ante la actual situación que atraviesan los tribunales: "El nuevo curso empieza con mucho trabajo y con poco ánimo ante la perspectiva de una Administración de Justicia colapsada, desprestigiada y sin muchas perspectivas de solución ante una situación de interinidad y parálisis", resume una fiscal de sala.

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Los casi cinco años de retraso en la renovación del CGPJ serán otra de las cuestiones que marcarán la apertura del año judicial. Tras las jubilaciones que se han producido a lo largo de este tiempo, el órgano de gobierno de los jueces cuenta ahora con 16 miembros, cinco menos de los que habría en una situación de normalidad institucional. El nombramiento de los nuevos vocales exige un acuerdo entre PP y PSOE para alcanzar los tres quintos del Congreso y el Senado, pero tras los resultados de las últimas elecciones generales y posteriores negociaciones, el pacto cada vez resulta menos probable.

"El CGPJ no es el problema, sino el síntoma o la consecuencia de un problema mayor y más grave: una España desencajada y dividida en dos, en la que una parte ha apostado por la radicalidad y por transformar el marco de convivencia a su gusto prescindiendo de la otra", critica un vocal conservador. "No es posible decir que haya mucho que celebrar cuando el Consejo lleva sin renovarse casi cinco años. La responsabilidad es del PP, que debe aparcar todas las diferencias y acabar con esta situación intolerable e inconstitucional", argumenta por su parte otro, progresista.

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Las consecuencias de este bloqueo se extienden a su vez al propio Supremo. En marzo de 2021, el PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante una reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones y, dos años y medio después, el tribunal acumula ya 22 vacantes de un total de 78 magistrados. Al sumarse los tribunales superiores, las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional, los nombramientos pendientes superan los 80. "Si la situación el año pasado era insostenible, este año, más", advierte otro magistrado del Supremo. "Y con visos de que esto se va a prolongar, y cada vez peor".

"En cualquier caso, en unos momentos en que se cuestionan los derechos y libertades que tanto nos ha costado conseguir, en que se apela a una supuesta democracia por encima de la ley, en que el Gobierno parece arrogarse la potestad de juzgar, o se defiende la censura como necesaria para impedir la crítica, los jueces seguimos y seguiremos ahí, garantizando esos derechos y libertades de los ciudadanos y el estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley", concluye otra fuente.