La jubilación del actual presidente del CGPJ agrava la crisis judicial a las puertas del 23-J

El 19 de julio, a cuatro días de las elecciones generales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el que será el último pleno dirigido por el actual presidente en funciones. Rafael Mozo, del bloque progresista, se despedirá para iniciar su jubilación y dejará tras de sí un órgano aún más mermado y debilitado, lleno de bloques y enfrentamientos en que el paso del tiempo y los últimos acontecimientos han ido haciendo mella en una degradación institucional en la que, lo que más pesa, es la interinidad antinatural que lo ha mantenido activo casi una década.

La salida de Mozo deja a los progresistas en franca minoría y abre el camino del relevo de la presidencia que, como ya sucedió con él, vendrá marcada por la edad de sus miembros. Aunque la sucesión aún no está clara, el candidato natural es Vicente Guilarte, de 70 años, elegido en su día a propuesta del PP en el turno de juristas de reconocido prestigio. En la actualidad, ejerce la abogacía, ha sido letrado del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y es asesor jurídico de la Universidad de Valladolid. Durante los últimos meses, ha habido dudas sobre si aceptará o no el puesto, que le requiere dedicación exclusiva.

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Si la previsión se cumple, Guilarte ocupará como Mozo únicamente la presidencia del Consejo y la del Supremo continuará en manos de Francisco Marín. El TS solo puede ser presidido, incluso en funciones, por uno de sus magistrados y ni Mozo ni su sustituto probable cumplen esa condición. El órgano de gobierno de los jueces se quedará con 16 miembros de los 21 originales, incluyendo el presidente.

Las previsiones de todos los vocales apuntan a que el actual CGPJ continuará en activo al menos varios meses tras las elecciones generales. En la agenda de los 100 primeros días de gobierno, el PP prevé aprovechar un hipotético cambio de las mayorías en el Congreso para llevar a término la reforma del Poder Judicial, con la que modificar el sistema de elección de los jueces y que sean estos los que elijan a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, la renovación no se hará con las actuales reglas, sino que la mayor parte de los nuevos vocales serán elegidos por sus compañeros de carrera.

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El cambio del sistema alargará de forma inevitable los tiempos. Una vez se celebren los comicios y siempre que sea el PP quien tenga opciones de gobernar, arrancaría el proceso de formación de Gobierno que, en función de los resultados, se complicará más o menos y que, con suerte, se alargará semanas. Pasado esto, el PP tendría que aprobar la reforma legislativa. Redactarla y sacarla adelante seguirá sumando meses al cómputo. Por último, los jueces tendrían que organizar esa elección interna de sus candidatos, un proceso que, según las citadas fuentes, llevará al menos tres meses, siendo optimistas.

Sumando bajas

Mientras todo eso sucede, el Supremo continuará sumando bajas, que no se cubren a consecuencia de la reforma que aprobó el actual Ejecutivo y que impide al Consejo realizar nombramientos cuando su mandato haya finalizado. En el alto tribunal, las plazas vacantes superan las 20, con especial incidencia en las salas de Contencioso-Administrativo y Social.

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El PP podrá tratar de detener ese goteo de salidas sin reemplazo con soluciones intermedias que eviten el daño. Una de las posibilidades es la derogación total o parcial de esa reforma limitativa de los nombramientos. La otra ya se refleja en la proposición de ley que registró el partido de Feijóo la pasada legislatura: elevar la edad de jubilación de los magistrados, ahora fijada en los 72 años, hasta los 74, y, de ese modo, ganar tiempo para implementar el nuevo sistema.