Los progresistas del CGPJ se reservan un nuevo intento de dimisión tras las elecciones

La intentona de dimisión en bloque del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha quedado desactivada por completo. Fuentes jurídicas aseguran a El Confidencial que los siete vocales más cercanos a la izquierda que aún permanecen en el órgano han acordado retomar el debate sobre la salida en conjunto una vez se celebren las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Algunos de ellos rechazaron la idea que lanzó Álvaro Cuesta por un criterio "de oportunidad", pero no de fondo, y consideran que la presión al PP en junio podría empujar a una negociación para la renovación que ahora, en precampaña, resulta imposible.

Tras conocerse la iniciativa de Cuesta, uno de los vocales más cercanos al PSOE (fue diputado socialista), se abrió un debate en el que triunfó el descarte de la idea. El bloque progresista no alcanzó el acuerdo por un motivo principal: la mayoría consideró que ese abandono conjunto no provocaría la renovación del órgano pretendida. La reacción del PP alejaba cualquier esperanza y el órgano puede continuar activo, al menos de forma provisional, mediante su Comisión Permanente, que necesita para constituirse siete vocales. Si los siete se marchan, quedarían 10 miembros, todos ellos vinculados al conocido como sector conservador.

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La posibilidad de que la iniciativa no alcanzara el objetivo buscado —empujar a los populares a renovar— fue clave en el fracaso. El partido de Núñez Feijóo acogió con una rotunda negativa la posibilidad de sentarse de nuevo con el PSOE si se producía la salida conjunta. Para empezar, consideró el movimiento un "chantaje". Además, resaltó que el desacuerdo que provocó la última ruptura no solo sigue vivo, sino que se ha ejecutado con consecuencias ya tangibles.

La negociación del pasado octubre se rompió a consecuencia de la reforma de la sedición y la malversación. Entonces era un simple proyecto, pero, semanas después, fue aprobada y aplicada a los líderes del procés. El criterio del instructor Pablo Llarena ha provocado que Puigdemont siga procesado por un delito agravado de malversación y por desobediencia. Lo mismo ha sucedido con Oriol Junqueras y los que no huyeron, que no han podido acortar sus inhabilitaciones, todavía en vigor pese a los indultos. La sedición ha quedado abolida, propiciando efectos como el sucedido hace solo unos días, cuando la exconsejera catalana fugada Clara Ponsatí volvió a Cataluña y quedó detenida unas horas para ser puesta después en libertad, ya que solo se la persigue ahora por una desobediencia.

Para Cuesta, resultaba inaplazable "abrir un debate" sobre la continuidad de los vocales en el órgano. Su idea era impedir que el pleno pudiera constituirse, puesto que, para ello, son necesarios al menos 11 vocales y los conservadores quedarían a uno de esa cifra. "Con el artículo 600.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, parece que la válida constitución del pleno requiere 10 vocales y el presidente. Si nos vamos ocho como mínimo, ya no se constituiría válidamente el pleno", defendía. "Ya hemos cumplido", apuntaba también.

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Ya desde un inicio, la marcha en conjunto levantó reticencias en algunos. Todos coinciden en que la situación del Consejo es "insostenible" y supone una suspensión de la aplicación de la Constitución, pero discrepan sobre la forma de escenificar ese rechazo. La mayoría conservadora ya ha avisado de que algo así es "ilegal" y no piensa sumarse. Desde las semanas previas a la dimisión del expresidente Carlos Lesmes, el pasado octubre, se viene advirtiendo de que una salida conjunta supondría cometer un delito de abandono. "Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomasen parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial, y con grave perjuicio de este o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses", como se recoge en el 402 del Código Penal.

Para junio, sin embargo, los progresistas sí ven opciones. Pasado el periodo electoral, y en el estrecho plazo que se dará antes de que los partidos se suman en otra precampaña, la de las generales, creen que existe la posibilidad de que los populares accedan a un pacto. También está muy presente la posibilidad de que Europa se ponga muy seria con el incumplimiento constante de la renovación del órgano e, incluso, se decida por la apertura de un expediente sancionador. La dimisión de buena parte del Consejo actuaría en ese caso como un elemento más de presión a Feijóo, que lidia con una parte considerable del partido que no ve ni posible ni admisible un pacto con el Gobierno.