Los progresistas del CGPJ no logran acordar una dimisión conjunta

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial no ha alcanzado acuerdo para dimisión conjunta de sus siete miembros. Según aseguran fuentes del órgano de los jueces. El vocal que lanzó la propuesta el pasado jueves, Álvaro Cuesta, se ha quedado solo. El resto de los vocales rechazan una salida en bloque y consideran que no provocaría la renovación del órgano pretendida.

La idea lanzada por Cuesta no había sido consensuada con anterioridad. Los vocales progresistas que no forman parte de la Comisión Permanente se enteraron de la propuesta a través de un mensaje de WhatsApp enviado hace unos días. Fue en la reunión celebrada el pasado jueves cuando el vocal, que fue diputado socialista, anticipó su idea para después comunicarla a través de un chat que comparte con el resto de sus compañeros. En un breve texto, apoyaba la decisión de Concepción Sáez, que hizo público poco antes su deseo de abandonar el órgano de gobierno de los jueces, e indicaba que su iniciativa deja "en evidencia" a los que se quedan.

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Para Cuesta, resultaba inaplazable "abrir un debate" sobre la continuidad de los vocales en el órgano. Su idea era impedir que el pleno pudiera constituirse, ya que, para ello, son necesarios al menos 11 vocales y los conservadores quedarían a uno de esa cifra. "Con el artículo 600.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, parece que la válida constitución del pleno requiere 10 vocales y el presidente. Si nos vamos ocho como mínimo, ya no se constituiría válidamente el pleno", defendía. "Ya hemos cumplido", apuntaba también.

Ya desde un inicio, la marcha en conjunto levantó reticencias en algunos. Cuesta quiso convocar a todos sus compañeros solo unas horas después de su mensaje, aunque algunos de ellos se encontraban fuera de Madrid. Un viaje oficial del presidente suplente, Rafael Mozo, a Badajoz celebrado este lunes aplazó aún más el encuentro, que tendrá finalmente lugar este martes a las siete.

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En la primera cita tentativa organizada el viernes, ya fue evidente que las cosas no serían tan fáciles como buscaba Cuesta. Para empezar, la idea de la dimisión conjunta combinada, con la evidente intención de entorpecer la labor del Consejo, no fue bien recibida por sus compañeros. Tras reunirse con tres de ellos —el presidente Mozo, Pilar Fernández y Clara Martínez de Careaga—, el grupo emitió un breve comunicado en el que ya se avisaba de que una renuncia colectiva tendría "consecuencias jurídicas" y se sustituía el término por renuncias, "en todo caso", individuales.

Todos coinciden en que la situación del Consejo es "insostenible" y supone una suspensión de la aplicación de la Constitución, pero discrepan sobre la forma de escenificar ese rechazo. Algunos dudan también de que el propio Cuesta se marche si no se ve respaldado, como parece. Tras la cita del martes, la idea inicial era elevar al pleno una propuesta para la marcha de todos. La mayoría conservadora ya ha avisado de que algo así es "ilegal" y no piensa sumarse.

Las críticas

Desde las semanas previas a la dimisión del expresidente Carlos Lesmes, el pasado octubre, se viene advirtiendo de que una salida conjunta supondría cometer un delito de abandono. "Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de este o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses", lo que se recoge en el 402 del Código Penal.

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Otros de los progresistas críticos no acaban de entender el momento. "¿La situación que es insostenible ahora no lo era hace un mes o tres?", se preguntan. Otros señalan que la paralización buscada no será efectiva, ya que, como ya explicó este periódico, el Consejo tiene ya muy limitadas sus competencias desde que el Gobierno le prohibiera realizar nombramientos y el resto de cometidos podrían ser asumidos, al menos durante unos meses y de forma provisional, por la Comisión Permanente.

El último de los argumentos gira en torno al PP. La salida de un grupo numeroso de vocales incrementa la presión sobre los populares, los últimos en romper las negociaciones tras constatar que el Ejecutivo planeaba derogar el delito de sedición, pero en ningún caso les obliga a pactar. El PP considera la amenaza como un chantaje intolerable y ya ha avisado de que no abrirá conversaciones en este escenario.