El Gobierno ya no ve urgente la reforma del CGPJ, pero la justifica ante "bloqueos futuros"

El desbloqueo en los nombramientos del Tribunal Constitucional que le corresponden al poder judicial cambia las formas de la reforma prevista por el Gobierno, pero no el fondo. Esto es, la iniciativa seguirá adelante, aunque no con la urgencia contemplada hasta ahora. Tras la suspensión por parte del Constitucional de la tramitación de dos enmiendas incluidas en la modificación del Código Penal para forzar el desbloqueo del órgano de garantías estatutarias, al aceptar las medidas cautelares reclamadas por el PP, el Ejecutivo se planteó como plan B volver a presentarlas en forma de proposición de ley de la mano de los grupos parlamentarios. También hacerlo como tramitación urgente y lectura única para tenerla lista antes de finalizar el mes de enero. Ahora, esas prisas se han disipado, según fuentes del Gobierno y del grupo parlamentario socialista.

Desde el Gobierno han valorado "muy positivamente el acuerdo del CGPJ para la renovación del TC, aun señalando que "solo falta el PP por cumplir con la Constitución". . En esta línea lamentan que "los episodios vividos en los últimos días ponen de manifiesto que el señor Feijóo y el PP han sido capaces de tensionar las instituciones democráticas hasta límites insospechados, sin importarles el prestigio del TC y de sus magistrados". Estas mismas fuentes de Moncloa añaden que ahora el Constitucional tendrá que validar también a los otros dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno (la catedrática Laura Díez y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo), para volcar las mayorías en el órgano de garantías constitucionales hacia el lado progresista.

Algunos de los socios parlamentarios con los que se iba a lanzar esta iniciativa de forma conjunta, como es el caso de ERC, trasladan que tras el desbloqueo se mantienen a "disposición del consenso que pueda haber por parte de las fuerzas progresistas que planteen llevarla a cabo". Desde el PSOE matizan que la intención sigue siendo modificar la ley para que el TC no esté "siempre secuestrado por el PP cada vez que hay un Gobierno socialista".

La intención de aprobar una reforma en los términos previstos, para que la elección de los magistrados del Constitucional sea por mayoría simple en lugar de 3/5 del CGPJ, se mantendrá aunque con otro tipo de tramitación. Una decisión que se justifica para evitar "bloqueos futuros", como sugirió esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia para hacer balance del año. Según el jefe del Ejecutivo, si bien "la urgencia no sería la misma" ante el hipotético desbloqueo que se ha materializado la tarde de este martes, se justificará "hacer algunas reformas que impidan que en el futuro se puedan producir este tipo de bloqueos, que lo que hacen es erosionar a las instituciones". En esta línea, argumentó que "cuando el PP está en la oposición se producen bloqueos, en esta ocasión inéditos en democracia".

La reforma, por tanto, no será exprés. En un principio se contempló presentarla antes de final de año. A pesar de las presiones de sus socios de Unidas Podemos y de aliados parlamentarios como EH Bildu, el ala socialista del Gobierno de coalición circunscribió esta proposición de ley a los aspectos de la norma que reforman el delito de malversación y de sedición, que fueron congelados por el Tribunal Constitucional, en respuesta al recurso de amparo del PP.

La norma, en esencia, reproducirá las dos enmiendas que fueron retiradas del dictamen de la ley de la sedición por exigencia del Constitucional. El Gobierno enfrió así la opción de una reforma dura, que pase también por acabar con el requisito de contar con 3/5 partes de la Cámara para nombrar a los vocales del CGPJ, cuyo mandato expiró hace cuatro años. La decisión del TC se basó en que la iniciativa se realizó a través de una enmienda a otra reforma orgánica, la del Código Penal para suprimir el delito de sedición, sin relación alguna de "homogeneidad".

El jefe del Ejecutivo, tras el revés del Constitucional, hizo énfasis en que "por primera vez se impide a los representantes legítimos que realicen su función de representación", recalcando que no solo se trata de un hecho inédito en la historia de la democracia española, sino también de toda Europa. En esta línea se hizo cargo de la "indignación de los demócratas al sentir vulnerados los principios básicos de la soberanía popular y comprendo la preocupación de la ciudadanía que contempla desconcertada este choque institucional tan grave e inédito, no solo en España, sino también en el contexto de la UE".