El Gobierno impulsará otra reforma exprés antes de final de año para desbloquear el TC

El Gobierno tiene previsto registrar estos días en el Congreso de los Diputados, previsiblemente esta misma semana, una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Tribunal Constitucional para su propia renovación. Según informan fuentes parlamentarias socialistas, se trataría de una iniciativa conjunta con sus socios de coalición, e incluso del bloque de investidura, con el objetivo de impulsarla "lo antes posible" a través de los grupos. En las últimas horas, ya ha habido conversaciones cruzadas con diferentes grupos que coinciden en cuestionar la decisión del Constitucional.

Después de que el propio tribunal de garantías suspendiese cautelarmente la tramitación de la polémica reforma ya aprobada por el Congreso, la Moncloa está preparando una respuesta que deja la puerta abierta a forzar también el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera premisa es que se haga a través del Congreso, ya sea desde los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo o incluyendo a los socios del bloque de investidura, la opción más plausible. La segunda, que no se demore demasiado en el tiempo. Según fuentes de la Moncloa y del Parlamento, se dará cuenta de estos pasos a seguir en los "próximos días" y se concretarán acto seguido. Previsiblemente, pondrán su hoja de ruta sobre la mesa antes de final de año.

Previamente a adoptar cualquier decisión, en la Moncloa ponen el foco en los votos particulares de los magistrados progresistas del Constitucional contra la decisión tomada este lunes, paralizar la tramitación en el Senado de las enmiendas a la reforma del Código Penal relativas a los cambios en la ley orgánica del Poder Judicial, y la norma que regula el funcionamiento del TC. Están a la espera de que el Constitucional remita el fallo a las Cortes Generales para poder analizar en profundidad estos votos particulares. "También son muy importantes", remarcan fuentes del Gobierno, deslizando que podrían utilizarse tanto para justificar los próximos pasos a dar como para las alegaciones con que se intentará impugnar la decisión desde Congreso y Senado.

La principal opción para responder al fallo del Constitucional sin implicar directamente al Ejecutivo, "desde la autonomía del Congreso", pasa por una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Una iniciativa propia que cumpliría con los requisitos legales negados en la reforma suspendida. Si se realiza por vía urgente y lectura única, en línea ya con la última reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, podría estar aprobada en el plazo de menos de un mes, incluso antes, apuntan fuentes de la Mesa. Se podría incluso habilitar un pleno en el mes de enero, aunque no entre dentro del periodo de sesiones ordinario, para darle luz verde. Esta vía es la que reclaman desde el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, a los aliados parlamentarios, cohesionados tras la "injerencia" del TC en el legislativo.

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Como ocurrió con la norma parcialmente bloqueada, al tramitarse como proposición de ley, la reforma no requeriría de los informes ni consultas previas a las partes implicadas, pero el procedimiento no sería recurrible. De hecho, la decisión del TC se basó en que la iniciativa se realizó a través de una enmienda a otra reforma orgánica, la del Código Penal, para suprimir el delito de sedición, sin relación alguna de "homogeneidad". No se objeta, por tanto, que esta reforma se haga vía proyecto de ley, desde el ejecutivo (que obligaría a contar con estos informes y dilataría el proceso), o proposición de ley, desde el legislativo, pero sí que se tramite de manera separada y autónoma a la modificación del Código Penal para posibilitar lo que ahora se consideró vulnerado: el pleno ejercicio del derecho de representación de los diputados recurrentes, del Partido Popular.

Este martes, tras reunirse con distintos grupos que desbordan la mayoría de la investidura —de ERC a PNV, Bildu o Más País, pasando por PDeCAT o Junts—, desde Unidas Podemos asumieron que tocaría adaptarse a los tiempos del PSOE, que reclamó tiempo para estudiar los siguientes pasos. El socio minoritario veía más que probable que los socialistas se abrieran a esta vía de actuación, pero en esta ocasión optaron por no incrementar las presiones, y hasta por rebajar el tono, asumiendo que el debate sobre la desobediencia al TC estaba "zanjado". Incluso recogieron cable en lo que toca al impulso de movilizaciones sociales con que habían amagado. Lo que toca ahora, explicaban, es evitar cualquier actuación "unilateral", cerrar filas y visibilizar la mayoría parlamentaria que acusa al Constitucional de haber atropellado sus derechos.

Congelan el nombramiento de Campo

Desde el Gobierno cierran la puerta, al menos por el momento, a valorar la aprobación de un decreto de nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez, los dos magistrados propuestos por el Gobierno para el TC, junto a otro de cese de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, el presidente y un magistrado del TC que PSOE y Unidas Podemos han intentado apartar de esta causa. Una arriesgada maniobra para tratar de revocar la decisión de admitir el recurso de los populares que ha suspendido la tramitación de la reforma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya allanó este lunes el terreno para impulsar una reforma dura del Poder Judicial que permita al Congreso renovarlo sin el concurso del PP. "El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo" del CGPJ y el TC y "para que sea respetada la Constitución", aseguró en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, sin precisar los próximos pasos a dar. "Tomaremos cuantas medidas sean menester para que se cumpla la Constitución en nuestro país", afirmaba horas después Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, usando prácticamente las mismas palabras.

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La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en que los pasos a dar para "asegurar la renovación" del Poder Judicial y el TC se están "estudiando con rigor y serenidad", mientras que la ministra de Justicia, Pilar Llop, añadía que una reforma de este tipo se realizaría a través del legislativo y no del ejecutivo, por "pudor y respeto a la división de poderes".

El Gobierno siempre ha dejado la puerta entreabierta a recuperar su vieja iniciativa de 2020 para rebajar las mayorías del Congreso necesarias para renovar el CGPJ. Una amenaza recurrente para intentar arrastrar al PP hacia un acuerdo, pero que desde el grupo socialista calificaban como una reforma "congelada" y, por tanto, una suerte de plan B si fallaban otras opciones. Sin embargo, esta iniciativa, nunca consumada, ya le valió al Ejecutivo varios toques de atención desde Europa, que recordaba la importancia "de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial a fin de reforzar la independencia judicial".

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Esa reforma rebajaría la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ, en caso de que no hubiera un acuerdo respaldado por mayoría cualificada en una primera votación. Esa mayoría es ahora de tres quintos, lo que permite que el PP pueda bloquear la renovación. La iniciativa parlamentaria impondría un completo dominio del Ejecutivo sobre el órgano de gobierno de los jueces por un periodo de cinco años. Además de eliminar de la ecuación al PP, hasta ahora necesario para emprender cualquier cambio, supondría que la Moncloa controlara de forma directa a un total de 17 de los 21 miembros del Consejo.

La propuesta de Unidas Podemos para darle a esta hipotética reforma una pátina de mayor legitimidad pasa por complementar la mayoría absoluta de 176 diputados en segunda instancia con la necesidad de que la apoyen al menos la mitad de los grupos parlamentarios en el Congreso. "Un reflejo de la pluralidad" actual de la Cámara, según sostienen fuentes de la dirección morada. Este sistema de mayoría de votos y grupos parlamentarios sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE. En Unidas Podemos, nunca desistieron de esta vía, y hoy tienen claro que el PSOE está cada vez más cerca de dar su brazo a torcer.