Podemos presiona al PSOE para desobedecer al TC si frena la reforma del poder judicial

Ferraz cierra la puerta a cualquier escenario que pase por desacatar al Constitucional si finalmente decide paralizar la tramitación en el Senado de la reforma del poder judicial. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ya sugirió esta vía al señalar que el papel de cualquier demócrata debe ser defender la soberanía popular del poder legislativo frente a un hipotético "golpe a la democracia", en referencia a la posibilidad de que el tribunal de garantías democráticas frene la reforma. Más concreta ha sido la coportavoz del partido, Alejandra Jacinto, quien unas horas después en rueda de prensa señalaba que el Senado cuenta con "elementos jurídicos suficientes" para desoír una resolución en este sentido.

Los socialistas no se plantean este escenario y dejan entrever que no se opondrán si finalmente se produce la paralización, pese a la presión de sus socios. Así lo ha subrayado la portavoz del partido y ministra de Educación, Pilar Alegría, quien ha insistido en que el PSOE "siempre es respetuoso con la Justicia" y que también "ha dado muestras de respeto a la separación de poderes". Eso sí, ha subrayado que "como demócrata" no quiere imaginarse el choque institucional que se produciría si el Constitucional falla a favor del recurso de amparo del PP.

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La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya avanzó antes de concluir el pleno del pasado jueves, cuando se aprobó la polémica reforma, que no entraba en sus planteamientos tomar decisiones contrarias a las resoluciones del Constitucional. La decisión, sin embargo, recaerá ahora sobre el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, una vez que la decisión del tribunal de garantías democráticas ha sido aplazada y la tramitación ha pasado del Congreso a la Cámara Alta, donde está previsto ratificarla en un pleno el próximo jueves.

El discurso del PSOE se mueve entre anticipar que no se desacatarán decisiones y llamamientos a la separación de poderes, advirtiendo que una decisión favorable al recurso del PP contravendría las reglas democráticas. Así se manifestó ya el vicepresidente socialista de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, al señalar ante los medios, tras la celebración del pleno de la pasada semana, que "acataremos todo lo que diga [el Constitucional], pero también debe ser un órgano plenamente independiente. En esta línea, denunció que el tribunal de garantías constitucionales pueda ser "utilizado en una parte por Feijóo y el PP en su propio beneficio de cara a intentar alterar el sistema democrático".

Alegría también ha insistido este lunes en calificar como "grave" que un partido político que "pretende ser partido de Estado", en referencia al PP, busque "secuestrar la potestad que tiene el Congreso y el Senado, que no es otra que la representación de la soberanía popular que emana del voto de la ciudadanía". Con un tono duro, la portavoz se ha dirigido directamente al líder de los populares para demandarle "responsabilidad" en este contexto y "respeto". "La carencia más absoluta de responsabilidad y respeto hacia los distintos poderes del Estado nos lleva a crisis sin precedentes en este país", ha advertido.

Las primeras reacciones de este lunes llegaban cuando se ha conocido la admisión a trámite por parte del TC del recurso del PP para paralizar la reforma que se tramita en las Cortes Generales y desbloquear su renovación. En opinión de Unidas Podemos, "todo indica que el ala derecha" del organismo "tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria". Así lo han indicado fuentes de la formación morada tras conocer que, además de evaluar el recurso contra las dos enmiendas que modifica el sistema de elección, rechaza también las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados: el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Una decisión que, según fuentes jurídicas, se han adoptado por seis votos (los de la mayoría conservadora) frente a cinco (los de la minoría progresista).

Desde Podemos han recalcado que si finalmente un TC "constitucionalmente caducado" se atreve "por primera vez en 40 años" de democracia a intervenir en el "proceso de producción de leyes del legislativo, se "estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias".

En uno de los escritos presentado por el grupo socialista en el Senado pone el foco en que "la admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de los diputados y senadores ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE)".

"Una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza", según se advierte en el texto firmado por la portavoz adjunta de los socialistas en la Cámara Alta, María Fernández, "colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando, mediante una medida cautelar, una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental, que, de darse, podría constatarse posteriormente". Unos argumentos en línea con los que ya presentaron para evitar la paralización de la reforma en el Congreso y que finalmente siguió su desarrollo al decidir el Constitucional retrasar su decisión para este lunes ante el riesgo de falta de cuórum.