Un TC dividido acepta estudiar el recurso del PP y rechaza apartar a dos magistrados

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP y, por tanto, ya ha dado el paso previo necesario para estudiar si paraliza la reforma del poder judicial del Ejecutivo. Los magistrados también han rechazado la petición del PSOE y de Unidas Podemos de apartar del pleno al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, ambos de corte conservador. Las dos decisiones se han adoptado con los seis votos de la mayoría conservadora frente a los cinco de los progresistas. El pleno que acordará si paraliza o no la reforma del Gobierno de forma cautelar seguirá ahora su curso con esa misma mayoría conservadora.

La admisión a trámite se produce tras lo ocurrido el pasado jueves, cuando los cinco magistrados progresistas pidieron aplazar el pleno al alegar que todavía no podían "participar en la deliberación" ante "la complejidad de la cuestión". El presidente del tribunal atendió su petición y el aplazamiento permitió que el Congreso votara la reforma, pero todavía debe pasar por el Senado, que se reunirá en pleno el próximo jueves. El PP confía ahora en que el Constitucional paralice el cambio legislativo antes de que llegue a la Cámara Alta.

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Para evitar este escenario, parte del bloque progresista ha intentado que el recurso no se admitiera a trámite tras retomarse la reunión esta mañana. Su movimiento ha consistido en cuestionar a quién le correspondía tomar esta decisión, argumentando que el recurso del PP no debía quedar en manos del propio pleno, sino de una las salas del tribunal. En concreto, de la Sala Segunda, donde se produce un empate de fuerzas con tres conservadores y tres progresistas. El Constitucional ha dedicado toda la mañana a resolver esta cuestión y, finalmente, ha acordado por siete votos contra cuatro que la admisión a trámite se resolviera en el pleno, con mayoría conservadora.

Aclarado este punto y tras un receso para comer, los magistrados han vuelto a reunirse a las cinco de la tarde con otras dos decisiones pendientes. La primera, las recusaciones que solicitaban Unidas Podemos y el PSOE del propio presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez. Según argumentaban los partidos, ambos debían apartarse de la deliberación al verse afectados por la reforma: su mandato en el tribunal se encuentra prorrogado desde junio y tienen que ser sustituidos por los dos candidatos que escoja el Gobierno, por lo que PSOE y Unidas Podemos defendían que el cambio legislativo es clave para su futuro y compromete su imparcialidad.

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Otras fuentes del tribunal, sin embargo, critican este razonamiento. Los dos partidos solo ponen el foco en los puestos del Constitucional cuya renovación depende del Gobierno y no en los otros dos que dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluyen al progresista Juan Antonio Xiol Ríos y también se ven afectados por la reforma. Si la recusación llega a extenderse a los mismos, el Constitucional ni siquiera hubiese alcanzado el quorum de ocho miembros para formar el pleno. Con ambas posturas sobre la mesa, el pleno ha rechazado apartarles por seis votos a cinco, decisión en la que han participado tanto Narváez como González-Trevijano.

Resuelto este punto, ha llegado el momento de la mencionada admisión a trámite. El pleno ha aceptado entonces estudiar el recurso del PP con el mismo reparto de fuerzas de seis votos conservadores frente a cinco de los progresistas, lo que permite centrarse a partir de ahora en la principipal decisión: si se atienden las cautelarísimas que piden los populares y se paraliza la reforma antes de que llegue al Senado este jueves.

Como ha avanzado El Confidencial este lunes, el presidente del tribunal y los otros cinco magistrados del sector conservador se muestran favorables a dictar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP. Los motivos para aceptar la pretensión de los populares se reflejan en un informe solicitado por el magistrado a cargo de la ponencia, el conservador Enrique Arnaldo, a su equipo de letrados. Según sostiene el escrito, el Gobierno estaría vulnerando el derecho fundamental de la participación política con esta reforma, que consiste en incluir dos enmiendas en una proposición de ley que en principio solo se centraba en derogar la sedición.